Gran minería de carbón en Cesar genera graves e irreversibles impactos

Múltiples irregularidades, que generaron 36 hallazgos disciplinarios y 7 de carácter penal, encontró la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoria de cumplimiento a los procesos de licenciamiento ambiental de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del Cesar.

El organismo de control examinó desde febrero del presente año la gestión adelantada por la ANLA y Corpocesar, evidenciando “marcadas debilidades en el cumplimiento de sus funciones de seguimiento, vigilancia y control, así como en su labor de autoridad para el licenciamiento y aplicación de los instrumentos ambientales”, dice el informe.

 

Según la Contraloría, la auditoría detectó reiteradas fallas en las actividades de “evaluación, seguimiento y control ambiental”, y en la aplicación de las potestades sancionatorias en materia ambiental, por parte de ambas entidades.

Al realizar el estudio de varias licencias ambientales otorgadas, la CGR encontró que no se cumple a cabalidad en todos sus aspectos significativos con la normatividad vigente aplicable.

“Esta situación genera riesgos o afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente, con los consecuentes impactos acumulativos, al no realizar en forma oportuna los seguimientos a los Proyectos de Minería de Carbón en la Zona objeto de análisis”, explica la Contraloría.

De otro lado, en cuanto al proceso sancionatorio ambiental aplicado, el informe revela que observaron “deficiencias y debilidades en la aplicación del deber de punición que consagra la Constitución Política Colombiana en su Artículo 80, frente a los posibles daños ambientales” por el incumplimiento de los actos administrativos emanados por la Autoridad Ambiental.

De igual manera, en el marco de su competencia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó “debilidades en la evaluación, seguimiento y control a los permisos y licencias ambientales otorgados a las empresas mineras”, revela el informe.

DAÑO AMBIENTAL

En cuanto a las compensaciones ambientales adelantadas por las empresas titulares de los expedientes, el estudio reveló debilidades de control en el “trámite de solicitudes realizadas para la implementación de medidas de compensación, y en el seguimiento y control por parte de ANLA para asegurar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos que se imponen como medidas compensatorias”.

En esta medida, no logran la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras adelantadas, por cuanto “no son visibles las acciones que favorezcan de manera eficiente y efectiva la recuperación de la cobertura vegetal, de los servicios eco-sistémicos prestados, y el mejoramiento de las condiciones de los ecosistemas afectados”.

De otro lado, la auditoría encontró inconsistencias en “los trámites administrativos de sustracción adelantados por el Ministerio de Ambiente, de áreas correspondientes a la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones, creada en virtud de la Ley 2 de 1959, esto como requisito previo para poder adelantar proyectos de minería de carbón”.

“Tal situación puede atribuirse a la falta de procedimientos y mecanismos efectivos de control al interior del Ministerio, que garanticen el adecuado trámite de las sustracciones de áreas de reservas forestales nacionales y el cumplimiento de las obligaciones impuesta en los actos administrativos por los cuales se autorizan las sustracciones de áreas, orientadas a su conservación y protección”, revela el informe.

Transcurridas más de dos décadas de explotación minera en la región, los organismos no tienen total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores, ni las afectaciones sobre la salud de los pobladores. Y agrava la situación, la inexistencia de información sobre los cambios en el recurso hídrico producto de la explotación minera. Tampoco hay una línea base para establecer la pérdida de biodiversidad en la región.

Todos estos elementos, marcan “una tendencia en contra de la adecuada administración y protección de los recursos naturales y del ambiente. La CGR, observa la importancia de considerar estas variables y otras, producto del proyecto de regionalización para el ajuste de los PMA’s y evaluación de las solicitudes de Licencia Ambiental”.

Finalmente, en cuanto a la gestión de áreas-fuente de contaminación en la Zona Centro del Cesar, la CGR observó incumplimiento de las metas para la reducción de la contaminación establecidas en el artículo tercero de la Resolución 2176 de 2007 y a la fecha no han realizado modificación del Programa de Reducción de la Contaminación para las Áreas – Fuente de Contaminación Clasificadas en la Zona Carbonífera del Cesar.

BOGOTÁ (Colprensa).