Prueba de fuego

Las reformas tributaria, pensional y de justicia deben concentrar todo el esfuerzo y el capital político del Gobierno en esta primera legislatura. De ello dependerán, en gran medida, los logros que puedan alcanzarse en todos los frentes.

 El panorama de la justicia no puede ser más desolador. Un proceso judicial en Colombia toma, en promedio, cerca de cuatro años, pudiendo llegar hasta quince o más si se interponen los ocho recursos y acciones que proceden contra una sentencia.

En materia penal, solo el 2 % de las denuncias llegan a ser juzgadas y el 37 % de las personas privadas de la libertad no han sido sentenciadas. Los ciudadanos no sienten, con toda la razón, que sus derechos se protejan y respeten. Los principales indicadores de eficiencia, acceso, congestión, seguridad jurídica y transparencia nos ubican en la posición 174 entre 190 países evaluados. Alarmante.

La reforma que presentaremos el próximo martes tiene cuatro pilares fundamentales: justicia eficaz y oportuna para ciudadanos y empresas, seguridad jurídica como garantía de derechos, correcta administración de la Rama Judicial y cambios en su estructura. También, un conjunto de instrumentos para combatir eficazmente el flagelo de la corrupción.

Solo el 2 % de las denuncias llegan a ser juzgadas y el 37 % de las personas privadas de la libertad no han sido sentenciadas. Los ciudadanos no sienten, con razón, que sus derechos se protejan.

Las primeras propuestas contenidas en la reforma se orientan a la descongestión y el acceso, y buscan poner al día los despachos judiciales en un plazo no mayor de dos años, mediante un plan de choque que involucrará cambios sustanciales en los procesos para reducir su duración a un año, y la designación de nuevos jueces y auxiliares de la justicia para determinados casos, que ejercerán por un tiempo limitado funciones jurisdiccionales. Igualmente, se incrementa la celeridad en la justicia arbitral y se estimula la conciliación extrajudicial en asuntos contenciosos y administrativos.

El segundo objetivo de la reforma es el de la seguridad jurídica. Nada mejor que establecer el precedente judicial como fuente de derecho de obligatorio cumplimiento para jueces y magistrados. Hoy no lo es. Las altas cortes deben concentrarse en unificar la jurisprudencia y no distraerse en asuntos de vecindario.

La reforma también se ocupa de dirimir el llamado choque de trenes. La tutela contra sentencias se tramitará ante la misma jurisdicción y se fortalecerá al precisar su titularidad, reasignar la competencia para su trámite y sancionar el abuso en su ejercicio.

Como uno de sus más trascendentales aportes, se crea el derecho constitucional al desarrollo económico. En este sentido, los procesos de consulta previa y los proyectos estratégicos de inversión reciben muy expedito tratamiento y protección con el fin de despejar el cúmulo de obstáculos que frustran la inversión privada nacional y extranjera.

Frente a la efectividad y la lucha contra la impunidad se contempla, además, reducir los tiempos del juicio penal, crear un sistema para que todas las sentencias se cumplan inmediatamente y limitar los recursos contra decisiones judiciales.

La reforma también se ocupa del gobierno de la Rama Judicial. Modifica el sistema de elecciones, períodos, edad de retiro e inhabilidades para jueces y magistrados, y la eliminación de las funciones nominadoras de estos últimos. Crea el tribunal de aforados y plantea, una vez más, la eliminación de todo el Consejo Superior de la Judicatura.

Finalmente, el proyecto contiene múltiples propuestas en materia de transparencia y control. Una de ellas, la eliminación de las contralorías departamentales y municipales, pero del tema de la lucha contra la corrupción me ocuparé en posterior ocasión.

Por mi propia experiencia sé que una reforma integral de la justicia que conlleve enmiendas constitucionales y no se presente y tramite en el primer año de gobierno está destinada a fracasar. No hay tiempo que perder, señora ministra.

* Presidente de la Fundación Carlos Lleras R.