La guerra de ambulancias por el SOAT no para

Videos como el que circuló hace poco, en el que se evidencia que un paramédico arrastra de manera intencional a un hombre para subirlo a una ambulancia y, presuntamente, presentarlo a una clínica como un herido por accidente de tránsito, es otro de los eslabones de una cadena de incentivos económicos que no dan tregua en Cali, alrededor de la “guerra” por cobrar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.

Según múltiples denuncias que conoció El País a través de funcionarios que trabajan en el sector salud de la ciudad, los casos de personas que se dejan sobornar por la tripulación de las ambulancias para hacerse pasar como lesionados en los siniestros viales, ocurren de manera frecuente en la capital del Valle.

 

“Tenemos conocimiento que a estos individuos, el personal de las ambulancias les está pagando entre $30.000 y hasta $80.000 para que se raspen o se lastimen. Ellos posteriormente son trasladados hasta diferentes Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, donde se les brinda atención médica por unas cuantas horas y luego se les da de alta”, explicó Marcela Ramírez, directora del sistema Integrado de Comunicaciones, Sico, de la secretaría de Salud Municipal.

No obstante, la lista de retribuciones económicas en torno a la guerra por el Soat es “interminable” y en ellas confluyen múltiples actores.

“Por ejemplo, tu pones tu moto y te raspas y por eso te paga la 
ambulancia. El vehículo te lleva a una clínica y los paramédicos le cobran al centro de salud por llevarles el herido. A su vez, la IPS le cobra a la aseguradora con el Soat que usted le pagó por la moto. Pero también reciben comisión los informantes que les reportan a las ambulancias los accidentes. Estos pueden ser desde vendedores ambulantes hasta la Policía y los mismos agentes de tránsito”, señaló Miyerlandi Torres, gerente de la Red de Salud del Centro.

Los convenios alrededor del Soat se dan entre las empresas de ambulancias y las clínicas que hay en la ciudad. Según información de la Secretaria de Salud Municipal, en la capital del Valle existen 310 ambulancias, de las cuales la entidad controla 241 vehículos con un monitoreo permanente las 24 horas del días, a través del Sico.

“Sin embargo, el 12 % de las ambulancias aún no se han adherido a nuestro sistema, al que nos reportan las emergencias a través de la línea 123. Este es el canal oficial que tenemos y mediante el cual despachamos la ambulancia que esté más cercana al lugar del accidente. Lo que pasa regularmente es que al lugar de siniestro siempre llegan varias ambulancias, lo cual indica que existe una filtración de información ilegal que ya hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía”, aseguró Alexánder Durán, secretario de Salud de la ciudad.

Para Miyerlandi Torres, la culpa de esta competencia que existe entre el gremio de las ambulancias que no hacen parte de la red oficial de la secretaría de salud es, principalmente, de las IPS que promueven esta corrupción y vuelven a los pacientes “mercancía”.

“Eso es lo que hace que cuando un paciente se accidenta en el Sur, vaya a parar a una clínica del Norte porque allí es donde la ambulancia tiene el convenio. Lo más triste es que a los de la ambulancia no les importa arriesgar la vida del lesionado y lo hacen pasar por tres, cuatro y hasta cinco instituciones médicas”, sostuvo la directora del Sico.

Por su parte, Marcela Ramírez añadió que cada clínica le estaría pagando diferentes tarifas a las ambulancias, dependiendo del tipo de trauma con que llegue el paciente.

“De acuerdo a la información que tenemos, por una persona que solo tenga laceraciones leves, la IPS le puede pagar a la tripulación del vehículo $250.000. Pero si se trata de alguien que requiere intervención quirúrgica, la ambulancia puede recibir hasta $400.000 y si el paciente requiere internación en la Unidad de Cuidado Intensivos, UCI, se puede remunerar hasta con $600.000”, precisó la directora del Sico.

Al respecto, El País conoció que, presuntamente algunas IPS que estarían detrás de este cartel del Soat serían las clínicas Colombia, Cristo Rey, Valle Salud, y Santa Clara, entidades que se especializan en atención de traumas y a las cuales se intentó contactar de múltiples maneras. No obstante, solo fue posible establecer comunicación con las dos últimas instituciones.

Carlos Fernando López, director médico de la clínica Valle Salud, aseguró que, si bien tiene conocimiento de que este tipo de prácticas se presentan actualmente en el medio de la salud, esta IPS no las está patrocinando. “Tenemos una política institucional contra el fraude y una alianza con las aseguradoras, que son las directamente afectadas por los cobros, para evidenciar que esto no ocurra”, dijo.

«EXISTE UN VACÍO LEGAL»

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca indicó que la problemática por la guerra del Soat no solamente ocurre en Cali sino en el departamento y en toda Colombia.

“Sabemos que existe una sobre utilización de los seguros del Soat y unas IPS dedicadas que lo patrocinan. Sin embargo, por ley, nuestra función se limita a hacer vigilancia de las ambulancias desde el punto de vista de la habilitación, pero se nos queda por fuera la posibilidad de controlar la facturación que hacen de los servicios que prestan. Por eso, le hemos solicitado a Ministerio de Salud que nos delegue tal facultad”, aseveró Lesmes.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, indicó que cuando Cali se convierta en un Distrito Especial, el municipio tendrá la facultad de vigilar y controlar el 100 % de las ambulancias que operan en la ciudad.

ASEGURADORAS EN CALI

Según información de la Secretaría de Salud Municipal, en la ciudad actualmente existen doce aseguradoras que venden el Soat.

De estas, tres se han adherido al Sistema de Emergencias Médicas, SEM, de la Secretaría de Salud de la ciudad.

En entrevista con El País, Ángela Húzgame, directora de la cámara de Soat de Fasecolda, entidad que agrupa a las compañías de seguros en toda Colombia, indicó que “si todas las secretarías de salud de los distintos departamentos en Colombia cumplen con la implementación del SEM, esto ayudará a mitigar la guerra de las ambulancias”.

CALI (El País).