Amarrados

A los políticos colombianos les encanta amarrarse. La vida política debería gozar de un amplio juego. Sería la manera de acomodarse a diversas situaciones, previsibles e imprevisibles. Pero entre nosotros agotan la imaginación inventándose obstáculos, barreras, impedimentos.

Está bien que existan algunos parámetros que enmarquen el devenir político pero no tantos que bloqueen la fluidez propia del quehacer político.

No hay para qué mencionar las muchas cortapisas que ellos mismos aprueban para cercenar sus posibilidades. Es increíble. No pienso que en países democráticos se establezcan tantas barreras legales. Es una política judicializada.

Un congresista estadounidense (régimen presidencial) o un parlamentario británico (régimen parlamentario) no sólo se sorprenderían al enterarse de esta montaña de regulaciones sino que no sabrían si reírse o indignarse al verificar que sus homólogos tienen una concepción tan limitada de la verdadera naturaleza de la acción política. Es que aquí sustituimos la opinión pública con leyes.

El mandato constitucional dice que los elegidos a las corporaciones (Congreso, Asambleas, Concejos) “deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Por supuesto, habrá múltiples concepciones de estos dos conceptos. Estaríamos felices si los elegidos votaran ateniéndose a lo que dice la Constitución.

El Estatuto de Oposición (Ley 1909 de julio 9/2018), infortunadamente, amarra innecesariamente el funcionamiento del Congreso. No hubo un debate público y sí, seis meses de deliberaciones entre las fuerzas políticas en busca de un consenso.

Algunos ejemplos: que la declaración que deban hacer las organizaciones políticas (oposición, independientes, gobierno) ¡no se podrá cambiar sino una vez durante el período de gobierno! (Art. 6); que deben tener personería jurídica (Art. 79); limitar a tres veces al año el derecho de réplica a las alocuciones presidenciales (Art. 15); que los independientes no pueden ser nombrados en cargos de autoridad política, civil o administrativa, aún después de 12 meses de haberse retirado de la organización independiente, directivos o candidatos aún los no elegidos (Art. 27). Lo propio se aplica a la Oposición (Art. 29).

Son restricciones que no ayudan al buen funcionamiento de una democracia. Digámoslo con claridad: la política colombiana necesita de aire, necesita oxígeno, abrir puertas y ventanas, para que el juego político se desenvuelva con agilidad y en consonancia con los requerimientos de un sistema político, en un rápido proceso de cambio.

Declararse independiente no es una catástrofe. Diría que ayuda al buen funcionamiento del sistema político. Aunque no se conoce, Luis Carlos Galán adoptó esa posición cuando el presidente Barco introdujo el esquema Gobierno-partidos de oposición. Fue una relación muy constructiva, no desprovista de dificultades. Habría sido el sucesor de Barco. Lo fue Gaviria, por un designio inescrutable, pero en su nombre.

Lo que está ocurriendo con el Partido de la U es revelador. Se supondría que una vez que sus congresistas se reunieron para decidir si apoyaban al gobierno de Iván Duque, la decisión mayoritaria prevalecería; 25 contra 16. Pero ahora resulta que se habla de escindir el Partido o de disolverlo y surgen argumentos en torno de un galimatías jurídico al respecto. Otra vez la vida política amarrada. Y ello por obra de los mismos políticos que así limitan su libertad de acción. Y uno se pregunta: ¿Dónde están los militantes y simpatizantes?… y le contestan que no todos están carnetizados, que no hay registros completos, etc.

¡Desamarrarse, por favor!

*ExMinistro de Estado