Gobierno buscará acabar con la ‘mermelada’ a magistrados

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló que la reforma no busca limitar el acceso a la tutela por parte de los ciudadanos, y explicó que la modificación planteada busca que la tutela contra sentencias se constitucionalice.

Prohibirle a los magistrados ´la mermelada´ que han saboreado en los últimos 20 años cuando familiares suyos han sido nombrados en los órganos de control como la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, contempla la reforma a la justicia.

 

Así mismo la iniciativa la quita las facultades electoreras de las que el Constituyente del 91 dotó a las altas Cortes

Por otro lado el Gobierno Nacional le quiere cerrar el paso a la posibilidad de que las llamadas tutelatones se sigan usando en el país, bajo el supuesto de reclamar un derecho que en muchas ocasiones no le corresponde a quienes reclaman ante un juez ese derecho constitucional.

La propuesta está incorporada en la reforma a la justicia, la cual se radicó en el Congreso este jueves, y busca en el tema de la tutela reformar el artículo 86 de la Constitución Nacional para exigir legitimidad de quien la ejerce, que no sea en cualquier tiempo, que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló que la reforma no busca limitar el acceso a la misma por parte de los ciudadanos, y explicó que la modificación planteada busca que la tutela contra sentencias se constitucionalice. Al respecto, se precisó que  lo que se busca es que el tema se adelante con una ley estatutaria que le dé orden a este tipo de procesos.

Borrero explicó también que otra modificación es que sólo podría poner una tutela la persona que tenga legitimidad, ya sea directamente o a través de su apoderado. De esa forma se frena la llamada tutelatón.

La reforma plantea que la tutela sea fallada por un juez especializado, es decir, que le corresponda asumirla en su estudio al juez que sepa del tema que se reclama por parte del accionante.

AMARGO DEBUT

Como muchos otros asuntos del acontecer nacional, los ajustes que requiere la justicia están más que diagnosticados y, en la mayoría de los casos, hay acuerdo sobre las soluciones.

Sin embargo, la iniciativa radicada ayer por el Gobierno, a parte de las resistencias políticas que hay en las toldas liberales y de Cambio Radical, encontró peros en los magistrados de las altas cortes, con quienes supuestamente se había convenido el contenido del articulado.

Por lo pronto, los presidentes de la Corte Suprema, el Concejo de Estado y la Corte Constitucional (José Luis Barceló, Germán Bula y Luis Guillermo Guerrero, respectivamente) expresaron que allí no hubo consenso y que la iniciativa es solo del Gobierno, porque era mucho lo que faltaba por debatir.

Entre los peros está lo planteado en el proyecto sobre las facultades electorales, tema en el que Barceló sostuvo que “la pregunta es en manos de quién queda la elección de esos funcionarios”.

El magistrado Bula puso como ejemplo que la selección del registrador requiere “procesos muy rigurosos”, considerando que “los de hoy son buenos” y que “quitarlos merecería una justificación que no aparece por lo pronto clara”.

Otro asunto es el de las inhabilidades, pues en ellas está que los exmagistrados no podrán litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción ni postularse a cargos de elección popular durante cuatro años. “Es decir, y lo digo con mucho respeto: el exmagistrado con el expresidiario casi no habría diferencias y se les deja muy limitados. Es decir, de qué van a vivir los exmagistrados”, dijo Barceló.

La reforma elimina la práctica actual de anunciar las sentencias a través de un comunicado  tan pronto se votan, cuando todavía el fallo no está redactado en su totalidad. A Guerrero no le parece “que excluir esa posibilidad sea una medida adecuada. O tendría que venir completada con otra que implique posibilidad de que la Corte prorrogue esa decisión hasta el momento en que esté ya conciliada”.

Pero la reforma no solo tendrá que enfrentar un pulso jurídico, sino que también afrontará uno político.

De los conservadores, Centro Democrático y el partido MIRA procede hasta el momento el apoyo político a la reforma a la justicia presentada por el Gobierno.

Sobre este tema el presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, dijo que aunque “personalmente me hubieran gustado otras modificaciones, ya será en el transcurso del debate que presentemos” los respectivos cambios.

Por su lado, el representante por el Cesar, Cristian Moreno, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), recordó que su colectividad “se constituyó en partido de gobierno y lo que queremos es una reforma en la que a la justicia se le eliminen las facultades electorales, en la cual se revisen los problemas que han generado corrupción dentro de la misma”.

 “Nosotros la vamos a revisar y al mismo tiempo lo haremos con el proyecto presentado por Cambio Radical”, dijo.

A su turno, la bancada de Cambio Radical espera que el Gobierno se siente con ellos para unificar algunos puntos que están contenidos en la reforma presentada por sus congresistas.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, les hizo un llamado a los partidos políticos, en general, y a Cambio Radical, en particular, para que ayuden a enriquecer el proyecto.

 “La ministra de Justicia”, Gloria María Borrero, “ha venido conversando con algunas personas de Cambio Radical, porque aquí las enfermedades de la justicia están diagnosticadas. El medicamento para esas enfermedades existe y es único. Por eso las propuestas se acumularán. Por eso invitamos a Cambio Radical a que podamos construir esta reforma a la justicia”, sostuvo Gutiérrez.

PUNTOS CLAVE

. Eliminación de facultades electorales (Procurador, Auditor y Registrador)

. Aumento de inhabilidades para recomendados y familiares de magistrados, así como para los extogados

. Unificación de jurisprudencia por las altas cortes, principalmente a cargo de la Corte Suprema de Justicia

. Requisito de experiencia judicial (dentro de los 20 años que se exigen para ser togado, 5 deben ser como juez o magistrado)

. La acción de tutela podrá ser ejercida por quien demuestre legitimidad para hacerlo

BOGOTÁ COLPRENSA