S.O.S. de las universidades públicas

El principal ‘bache’, según las universidades, es la Ley 30 de 1992, la cual dictó los principios actuales de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, los años han pasado y la formación universitaria cada vez se expande más, situación que no fue prevista en la ley.

Por
DANIELA MIRANDA AGUIRRE

El anuncio de la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, sobre la reestructuración del programa educativo, bandera en el Gobierno Santos, ‘Ser pilo paga’, desató un nuevo pulso esta semana frente a la desfinanciación que existe actualmente en el país para la educación pública superior, la cual se ha convertido en un dolor de cabeza para las universidades.

De acuerdo con la jefe de la cartera de Educación, la principal razón para su descontinuación es la falta de sostenibilidad, es decir, se necesitan cerca de 2 billones de pesos para financiar a los estudiantes que ya hacen parte de este programa, lo que significó que no hay con qué tener más ‘pilos’.

‘Pilos’, quienes en su mayoría están en universidades privadas, situación que también generó un choque para las instituciones públicas que han argumentado que el programa “no fue equitativo” dejando por fuera a muchos y con un “gasto mal distribuido”. Por esto y más fue que el quiebre económico e histórico de la educación superior pública en el país volvió a tomar protagonismo esta semana con marchas y reuniones entre distintos miembros del sector.

Tras esto, hablamos con algunas de las instituciones sobre la situación que atraviesan y las propuestas que le hacen al Gobierno para enfrentar el problema.

UNA LEY DESACTUALIZADA

El principal ‘bache’, según las universidades, es la Ley 30 de 1992, la cual dictó los principios actuales de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, los años han pasado y la formación universitaria cada vez se expande más, situación que no fue prevista en la ley pero que sí ha generado una brecha financiera, que las instituciones públicas aseguran no poder soportar a pesar de que en 2018 del Presupuesto General de la Nación se les destinaron $3,6 billones, cerca del 10% de los recursos del sector ($35,4 billones).

Para la rectora de la universidad Nacional, Dolly Montoya, la ley “fue válida en su momento” porque planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos 1 punto por encima del IPC, algo que según ella “fue extraordinario para los años noventa” pero con “un error enorme” y es que no fijó un ‘techo’.

Veintiséis años han pasado desde ese momento y la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que las ha llevado a un déficit de $434.874 millones y un desfinanciamiento de $15 billones, lo que se refleja principalmente en atrasos de nómina e infraestructura. 

“La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, sostuvo Montoya, quien junto con las demás universidades estatales del país se han puesto en la tarea de pedir al Gobierno Nacional modificar el sistema de financiación de la educación pública superior a través de una política de Estado que permita un sostenimiento integral.

En ese sentido, Montoya explicó que la propuesta contempla tres medidas a corto plazo: asegurar recursos suficientes en el Plan de Desarrollo para que estas instituciones operen sin problemas, ajustar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, de modo que el incremento anual sea mínimo de 4 puntos porcentuales sobre la inflación y  que desde 2019 se haga un ajuste de 10% al aporte que reciben las universidades públicas de parte del Ministerio de Educación.

«Si el Gobierno no acepta esta propuesta nosotros seguiremos yendo en caída. Esperamos que tengan algo mejor para ofrecernos o si no que escuchen lo que estamos diciendo porque esto es serio. Estamos por finalizar año y ya no tenemos más recursos porque sencillamente están congelados», agregó la cabeza de la universidad Nacional.

Otra de las razones que argumenta Montoya para el desfinanciamiento radica en la toma de decisiones de política nacional en donde «prima la cantidad de estudiantes en una institución y no la calidad de la educación» que se brinde, dando paso a «una gran desigualdad de condiciones e instituciones muy diversas”.

En el caso de la universidad Nacional, esta tiene un déficit de 60.000 millones de pesos manifestados en la nómina administrativa y el cual debe ser resuelto antes de finalizar el año.

EL GOLPE A LAS UNIVERSIDADES REGIONALES

Este panorama tampoco es desconocido ni nuevo para las otras 31 universidades públicas del país. Una situación similar, pero con un déficit más alto, vive la universidad de Antioquia, que hasta el día de hoy tiene un ‘hueco’ presupuestal de 68.700 millones de pesos, con menos de cuatro meses por delante para solventarlo.

“Estamos pasando momentos duros, creo que las universidades más golpeadas son las regionales. Al Gobierno se le ha olvidado que nosotros somos los que damos mayor cobertura educativa, llegamos hasta el último rincón para que los estudiantes no se tengan que quedar sin estudio o irse a pasar necesidades a Bogotá por unas clases centralizadas que les saldrán por un ojo de la cara”, contó el rector de la universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda. 

Arboleda señaló que esos recursos les urgen para poder terminar el año “equilibrados”, pues se está afectando el pago a los docentes con mayor preparación académica. “En la institución tenemos docentes con doctorados y grandes especializaciones a los que no les estamos pagando lo que se merecen de ley porque estamos sin dinero”, dijo el rector, quien añadió que la falta de financiación también está afectando la demanda de estudiantes que buscan un cupo en la educación superior pública.

 “Si no nos entregan los recursos para operar y responder a la altísima demanda que tenemos, que va alrededor de unos 45.000 postulados por semestre y de los cuales solo logramos recibir el 10%, los cupos se irán cerrando mayoritariamente y la universidad perdiendo garantías como su bienestar institucional o herramientas para seguir con las investigaciones”, agregó Arboleda.

«LO PÚBLICO PARA LO PÚBLICO»

Pese a que el debate de la financiación de las universidades públicas se podría interpretar como ‘una guerra del centavo’ frente a las privadas, las instituciones manifestaron que el problema iba más allá y que la molestia generada por ‘Ser Pilo Paga’ se da a razón de que $3,7 billones canalizados a través del programa pudieron haber quintuplicado la cobertura de las estatales.

“Cuando hay nuevos programas no se colocan nuevos recursos, sino que se acude a los de la universidad pública y esto pone a todos los actores del sistema a discutir por los mismos fondos”, sostuvo el rector de la universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, quien agregó que “esto no es una discusión entre las universidades públicas y las privadas, sino que se debe fortalecer a la educación en sí, sin favorecimiento a algunos actores de determinado sector”.

Frente a la premisa de que ‘Ser pilo paga’ benefició a las universidades privadas, hablamos con el rector de la universidad de La Sabana –institución que cuenta con 1500 ‘Pilos’–, Obdulio Velásquez Posada, quien negó que el objetivo del programa haya estado sustentado en «beneficio a las privadas» y resaltó que el nuevo programa “debe planearse de forma que sea equitativo con las universidades públicas”.

“‘Ser pilo paga’ dejó cosas muy significativas e hizo tomar conciencia de una realidad que vive cada día el país, pero de la que se hacía caso omiso, y era el que muchos jóvenes no tenían ni siquiera sueños o esperanzas de entrar a la educación superior por sus condiciones económicas y el programa pone la atención diciendo que es posible buscar modelos donde ellos puedan tener acceso”, afirmó Velásquez. 

El rector de La Sabana sostuvo que el nuevo programa se debe concentrar en ser sostenible e inclusivo, sin que les quite beneficios a los jóvenes. “Lastimosamente el Gobierno anterior no tomó las acciones necesarias para ser más cauteloso en el proceso de financiamiento y es normal que el nuevo Gobierno chocara con el hueco que hay, pero aquí lo importante es rescatar lo bueno y eso es la inclusión”, agregó.

Por su parte, la directora de Estudiantes de la Universidad del Rosario, Naysla Yaguar, señaló que en el anterior Gobierno se estableció una meta de dar cobertura mediante esta modalidad a 40.000 jóvenes cumpliéndose el objetivo en cuatro convocatorias.

 “Hubo siempre una expectativa de volver el programa como una política de Estado, sin embargo, no prosperó y es entendible que con las lecciones aprendidas el nuevo gobierno dimensione y reenfoque programas como este que fueron parte de un gobierno cuya iniciativa fue trabajar en equidad y mérito para este grupo de estudiantes”, dijo Yaguar, quien detalló que esta institución cuenta con 911 estudiantes del programa que representan el 10 % de la población de pregrado de la universidad.

Yaguar también pidió a las universidades públicas “ser un poco más consientes” y no irse en contra de las privadas porque la base del programa fue dar educación a jóvenes que quedaban  por fuera de las públicas.

“Yo entiendo que las instituciones estatales estén molestas pero aquí los únicos favorecidos fueron los estudiantes más no las universidades que les abrieron sus puertas. Debemos aprovechar este momento para reestructurar el sistema y crear unidad y equidad”, agregó la directora de Estudiantes de la Universidad del Rosario.

Por el momento, el fenómeno sigue golpeando a las universidades públicas, que desde hace varios días sostienen reuniones con la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, con el objetivo de “descongelar” lo que, según ellos, es el “elixir para continuar dando la pelea por una educación equitativa”.