Reforma a la justicia, a sabor a frustración

La propuesta contiene seis puntos que no tienen consenso. Altas cortes quieren continuar con los privilegios. Magistrados no quieren desprenderse de la ´teta´ dicen expertos.

Por
CÉSAR HERNÁNDEZ ALDANA

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, radicó esta semana una de las iniciativas en las que más se concentró el presidente Iván Duque durante su campaña a la Casa de Nariño: el tema de la Reforma a la Justicia, proyecto que prometió se iba a presentar luego de un proceso de concertación con las altas cortes y la Fiscalía con el propósito de que finalmente sea aprobado en el Congreso de la República.

“Le estamos entregando al país una propuesta de reforma que define incentivos que promueven que sean los mejores abogados los que lleguen a la Rama Judicial, que los magistrados de las altas cortes hayan sido jueces y que esos jueces sean el referente ético de nuestra sociedad”, aseguró la ministra durante la radicación del proyecto, el pasado jueves.

La funcionaria sostuvo varias e intensas reuniones con una comisión interinstitucional integrada por los presidentes Germán Bula Escobar, del Consejo de Estado; José Luis Barceló, de la Corte Suprema de Justicia; Luis Guillermo Guerrero, magistrado de la Corte Constitucional (Alejandro Linares no asistió para evitar declararse impedido en caso de que se interpusiera ante la reforma una demanda de constitucionalidad); Édgar Carlos Sanabria, del Consejo Superior de la Judicatura; el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez; y asesores especializados como Jaime Arrubla, Hernando Herrera y Mauricio González.

Luego de los encuentros, se acordó presentar una propuesta enfocada en tres temas: probidad, transparencia y seguridad jurídica, sin embargo, hay seis puntos importantes sobre los que no se logró un consenso, por lo que consultamos a los expertos jurídicos para conocer su concepto sobre cómo deberían quedar esos puntos en la nueva normatividad, en caso de que llegue a ser aprobada.

LA TUTELA

El tema de la tutela es uno de los más álgidos en la Reforma a la Justicia y entre los expertos no hay unanimidad sobre si se debe reformar o sería mejor dejarla como está. Sin embargo, todos concuerdan en que es una herramienta muy respetada y recurrida entre los colombianos.

Para el magistrado Barceló, “la tutela se mantiene protegida, ese es un triunfo, es una herramienta valiosísima. La tutela no puede sufrir ninguna degradación, pero sí son necesarios ajustes en cuanto a competencias, en especialidades. La tutela se ha convertido en un mecanismo muy importante al que acuden los ciudadanos en pro de sus derechos, al punto que ha congestionado la administración de justicia, los jueces penales, civiles, laborales, administrativos abandonan sus funciones principales por resolver tutelas. Desde esa perspectiva, hay que considerar los ajustes”.

Entre tanto, Marco Antonio Velilla, exmagistrado del Consejo de Estado, cree que “con la tutela se ha abusado, no es sino recordar la tutelatón de Petro. Es un mecanismo fundamental de la justicia a la ciudadanía, pero necesariamente debe haber unos criterios muy claros sobre en qué casos se puede utilizar la acción de tutela, la acción popular, la de cumplimiento, porque hay un desorden conceptual en estos momentos que hacen que hoy en día la justicia esté congestionada”.

Así mismo, José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, destaca que “el problema de la acción de la administración de la justicia no es la tutela. No hay ninguna razón para entrar a regular este recurso, existe suficiente jurisprudencia al respecto. La tutela no debe cambiar porque es el mejor instrumento con el que pueden contar los colombianos para defender sus derechos”.

Para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “deben evitarse las reformas que le hagan perder su esencia. Ha existido improvisación especialmente en los decretos expedidos por el presidente en materia de reglas de reparto. Una forma de preservarla es que sus posibles cambios se den por ley estatutaria, eso le da firmeza y permanencia. Lo preocupante de la reforma es que indica sobre qué temas habrá reforma y al parecer será solo sobre esos asuntos, algunos de ellos contrarios a la naturaleza de la tutela”.

Por su parte, el magistrado Bula considera que “el tema de la tutela no fue lo principal de las conversaciones que sostuvimos. Lo importante es que en el Congreso se dé una discusión rica para fortalecer la acción de tutela”.

EL PERIODO DE  INHABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS

El Gobierno propuso una inhabilidad de cuatro años para los magistrados que cumplan su periodo en las altas cortes. Durante ese tiempo no podrán litigar sobre asuntos que tengan que ver con las corporaciones en las que estuvieron ejerciendo, idea que no gusta entre los juristas.

Para Barceló, “hay exageradas inhabilidades para los magistrados, parecemos expresidiarios limitados en todos nuestros derechos. Los togados cumplen su periodo y salen a seguir trabajando. Sin embargo, no podemos aspirar a cargos de elección popular, no podemos contratar con el Estado; si nos van a limitar nuestra labor, por lo menos que nos den una pensión”.

Entre tanto, Velilla considera que “cuatro años de inhabilidad para un período de ocho años es exagerado. ¿Qué va a hacer un magistrado al que le reducen el salario durante su periodo, sin poder ejercer su profesión distante cuatro años? Una de dos, o los magistrados al terminar su periodo obtienen una pensión digna que les permita vivir tranquilamente al retirarse luego de periodos constitucionales más largos, por ejemplo, de doce años; o se debe conservar el sistema actual que les impide por un tiempo de dos años intervenir ante la Corporación que integró, porque tienen que vivir de aquello que saben y manejan con propiedad”.

José Gregorio Hernández también rechaza la idea, cree que “inhabilidades tendrían lugar si quienes terminan su periodo tuvieran una pensión digna, que les permita vivir hacia el futuro sin desempeñar ninguna otra actividad. Es inimaginable vivir cuatro años sin derecho a ejercer su profesión, funciones públicas, etc”.

En cambio, Kenneth Burbano estima que “los cuatro años de inhabilidad es una buena propuesta. Evita el manejo de influencias, favores e injerencias indebidas. Aunque la inhabilidad debería ser por el tiempo que permaneció el funcionario en el cargo”.

LOS COMUNICADOS SOBRE LAS DECISIONES JUDICIALES

Que las decisiones judiciales se conozcan por medio de comunicados de prensa, muy técnicos, es algo a lo que suele recurrir la Corte Constitucional, medida que rechazan en diversos sectores de la opinión pública debido a que pasan varios meses sin que se conozca por completo el sentido de los fallos. 

“Que las decisiones de las corporaciones se den a conocer solamente cuando estén firmadas es algo complicado. Nosotros tenemos un punto de vista diferente, para nosotros la decisión debe ser comunicada inmediatamente, una vez haya un consenso. Un lapso entre el momento que se toma la decisión y el momento que se comunica se presta a asuntos muy delicados, es preferible la transparencia”, opina el magistrado Bula Escobar.

Algo diferente piensa Velilla: “La Cortes de ninguna manera deberían sacar comunicados. Inclusive cuando fui magistrado llame la atención sobre el tema de la Corte Constitucional, porque primero debemos tener un proyecto que tenga todos los elementos esenciales, que esté complemente materializado para votarlo. Una providencia judicial no puede ser una noticia en desarrollo, ni irse acomodando eventualmente a las reacciones de la ciudadanía o de ciertos grupos de interés”.

En un sentido similar piensa Burbano, quien cree que “la propuesta es aceptable en la medida que genera seguridad jurídica, ya que los jueces deben comunicar sus decisiones por providencias. Los comunicados de prensa se deben utilizar para asuntos de vencimiento de términos, como se expresa en el proyecto de reforma”.

Entre tanto, Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la Universidad ‘Sergio Arboleda’, destaca que “los jueces y magistrados deben hablar solo por medio de providencias debidamente firmadas para que puedan ser conocidas”.

LAS FUNCIONES ELECTORALES DELOS MAGISTRADOS

En este punto hay cierto consenso entre Gobierno y Cortes, sin embargo, aún no sabe si deberían seguir participando en la elección del Fiscal, ni quién debería asumir esas funciones que hasta hoy tienen los magistrados.

El magistrado Bula recalca que en el pasado periodo legislativo presentaron una iniciativa para recortar funciones electorales. “Ya superamos el tema de los contralores y ahora se evalúa lo que tiene que ver con el Procurador y el Auditor de la Nación. El proyecto del Gobierno va hasta la Registraduría y es un asunto que debe ser discutido con mucho cuidado porque este cargo es de enorme importancia, tiene que ver directamente con la democracia. Se habla de suprimir estas funciones para evitar congestionar la tarea de los magistrados, sin embargo, eso no ha ocurrido sino en uno o dos casos”.

Arrubla, por su parte, considera que “la idea es crear mecanismos para evitar bloqueos en las Cortes. Por ejemplo, en el tema de la elección del Fiscal si no hay acuerdo, la decisión debería quedar en manos del presidente de la República, que es lo lógico. Sin embargo, eliminar algunas funciones electorales es obviamente algo que está para la discusión en el Congreso”. 

Por el contrario, el exmagistrado Hernández cree que “las cortes no deben tener ninguna participación en asuntos electorales, menos aún los cargos de tendencia política. Los jueces y magistrados únicamente deben dedicarse a administrar justicia”.

CINCO AÑOS EN LA RAMA JUDICIAL PARA SER MAGISTRADO

Si hay un punto que causa rechazo general entre los juristas es el del requisito de cinco años que se pretende imponer a los aspirantes a ser magistrados de las altas cortes.

“Estoy completamente en contra. Muchos magistrados que llegan de la carrera y que ya han sido magistrados son pésimos y lo único que hacen es prolongar los vicios que hay al interior de las altas cortes. Se requiere gente que venga de la academia y del ejercicio profesional para que se refresque la jurisprudencia y proporcionarle un valor agregado, que sea mucho más pertinente para cambiar la realidad y no sean sentencias de escritorio”, argumenta Velilla.

Así mismo piensa Kenneth Burbano: “estoy totalmente en desacuerdo. Debe ser un derecho poder ejercer en diferentes actividades para aspirar a ser magistrado, no solo en la Rama Judicial. Imponer ese requisito genera exclusión a profesionales calificados que no se han desempeñado en la Rama, eso es contrario a la Constitución de 1991”.

Igualmente, Leonardo Espinosa considera que es una medida “estricta, muy rigurosa, por no decir odiosa. Hay personas muy valiosas que se han formado en ámbitos académicos, unos incluso fuera del país, o en consultorías profesionales, quienes tienen todo el potencial para ocupar altas magistraturas y seguramente servir de la mejor forma a la administración de justicia”. 

CONGELAMIENTO DE LOS SALARIOS

En la mesa de concertación que llevaron a cabo el Gobierno y las Cortes también discutieron si a los magistrados también se les debe aplicar el principio de congelamiento de sueldos, que le pretenden aplicar a los congresistas.

Para Velilla no es una idea que debiera ser considerada: “Este tema me parece que no tiene mucho sentido común, por una parte, los magistrados deben tener una asignación digna, porque con unos salarios bajitos sería muy difícil aspirar a contar con magistrados de alto perfil en las cortes y, por otra parte, habría una mayor fragilidad en temas de corrupción”.

Entre tanto, Espinosa expresa que se trata de un tema que encaja “dentro de una política general. Uno entiende que está dentro de una línea de construcción de una política de racionalización del gasto público. Creo que la remuneración que tienen actualmente es acorde con el esfuerzo de toda una vida profesional, de disciplina académica y desarrollo laboral. El llegar a la magistratura debe entenderse como un gran logro que alcanzan los mejores hombres”./Colprensa