Gobierno Duque en etapa de evaluación

Luego de que el Partido FARC le solicitara al presidente de la República, Iván Duque, activar los mecanismos necesarios para reactivar la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, Cuba, el Gobierno Nacional está en la etapa de evaluación de compromisos para poder tomar medidas a mediano y largo plazo.

Por ahora, el presidente, como respuesta inicial, nombró a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; y al alto consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila Peñalosa, como miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final de Paz (Csivi), tal y como se lo solicitó el líder de las FARC, Rodrigo Londoño.

 

Sin embargo, el Gobierno todavía no tiene contemplado convocar la primera sesión de la Csivi, porque prefiere estudiar a fondo los compromisos cumplidos y los pendientes de la administración de Juan Manuel Santos, frente a la reincorporación. Los nuevos miembros de esta comisión también están estudiando a detalle las actas que se levantaron en las distintas reuniones de sus miembros.

La idea del Gobierno sería hacer un corte de cuentas para poder empezar a discutir posibles soluciones a las distintas quejas que han manifestado los mismos miembros de las FARC de la implementación. De esta manera, las soluciones inmediatas relacionadas con el posconflicto todavía tardarían un par de meses más, pero se espera que estén listas antes de finalizar el año.

Hasta el momento, el alto consejero presidencial para el Posconflicto ha dicho que la incertidumbre que atraviesan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde residen los exmiembros de la antigua guerrilla de las FARC, son responsabilidad del gobierno de Juan Manuel Santos, que dejó estas zonas sin la suficiente financiación y planeación.

“Resaltamos la ausencia de previsiones básicas de suministro y mantenimiento; la desarticulación de las gestiones estatales y la ausencia de planeación jurídica respecto de los inmuebles ocupados; la increíble suposición de que se lograría culminar el proceso en 2,5 años; la carencia de recursos en general, pero en particular para soportar los proyectos productivos, así como la mala e inoportuna asistencia técnica prestada; lo inadecuado de la capacitación que se brindó; y la precariedad de la estructuración financiera y comercial de los proyectos productivos”, dijo Archila.

En cuanto a la supuesta falta de voluntad política del Gobierno, el alto consejero aseguró que no es cierto y añadió que la intención del presidente es estabilizar las regiones más afectadas por la violencia y que los excombatientes que confiaron en el Estado tengan todo el apoyo que necesitan para que sigan la ruta de reincorporación.

 

BOGOTÁ COLPRENSA