El fantasma de las chuzadas

¿Cómo un general condecorado por su    labor en favor de la Patria termina tras las rejas por comportarse, supuestamente, como un delincuente de la peor calaña? Eso es lo que ocurre hoy con el general retirado Humberto Guatibonza, quien se destacó como el «zar» antisecuestro en Colombia y se caracterizó por ser un férreo luchador contra el crimen organizado, pero que ya fuera de la institución militar creó una empresa dedicada a ejecutar operaciones de espionaje, haciendo uso de procedimientos ilegales para seguir a personas determinadas y entregar información confidencial a clientes dispuestos a pagar por ella.

Varias empresas vinculadas con Guatibonza estarían implicadas en esta compleja red de espionaje. Los responsables, ya capturados, fueron imputados por los supuestos delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo de información, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales.

La Fiscalía General de la Nación habla de cerca de mil carpetas de clientes de todo tipo, entre los que no solo se cuenta con particulares de a pie, sino reconocidas empresas y hasta ciudadanos extranjeros que contrataban los servicios ilegales ofrecidos por el militar retirado y su equipo, de acuerdo con las primeras informaciones reveladas por el ente acusador. Estamos, pues, ante una red criminal que chuzó a particulares, pero también a funcionarios públicos, y de la misma manera como le hacían seguimiento a posibles infidelidades también se accedió a asuntos que podrían afectar la seguridad nacional.

El solo hecho de que se violara la intimidad de las personas, sin el más mínimo sonrojo, constituye una conducta censurable y antiética que pareciera no caber en los actos de un oficial con tantos reconocimientos como Guatibonza. Infortunadamente es tan copiosa y clara la evidencia con que cuenta la Fiscalía para inculparlo, al igual que a sus más cercanos asesores, que no parece fácil que su defensa pueda sacarlo en limpio de esta fastidiosa y vergonzosa coyuntura. El ente acusador tiene en sus manos interceptaciones telefónicas legales y declaraciones del coronel retirado Jorge Salinas, que muestran un accionar claramente delictivo, y hay que tener en cuenta que la misma Fiscalía reconoce que la mayor parte de los archivos digitales que tiene en su poder todavía no han sido examinados.

Este caso nos recuerda lo ocurrido hace ya más de una década con las interceptaciones ilegales realizadas desde el ya desaparecido DAS, que condujeron a la privación de la libertad de varios exdirectores de esa entidad, después de comprobarse los seguimientos ilegales contra políticos, periodistas, líderes sociales y hasta magistrados de las altas cortes. Esperamos que en este caso pueda dilucidarse toda la verdad de lo ocurrido y que los responsables reciban el correspondiente castigo, ya que por más fácil que sea ejecutar técnicamente estas acciones, las violaciones que se cometen son de tal gravedad que la impunidad en inadmisible.

Pero resulta que también suceden irregularidades con las interceptaciones legales. El afectado en este caso fue el expresidente Álvaro Uribe quien, según admitió la Corte Suprema de Justicia, fue “chuzado” por equivocación pues pensaban que el número intervenido pertenecía a otro exparlamentario investigado. Al final encontraron conversaciones que el senador Uribe deberá explicar, pero quedan serias dudas sobre la supuesta equivocación, pues es increíble una falta de rigor en un caso de esa envergadura.

*Internacionalista