Financiación total

Por fin. Parecería que el Congreso está dispuesto a adoptar una de las medidas más eficaces, en el caso colombiano, en la lucha para erradicar la corrupción.

El presidente de la comisión primera del Senado, en entrevista con Yamid Amat, le dijo que había la decisión de adoptar el sistema de financiación total de las campañas políticas por parte del Estado. Es un tema crucial. Diría que lo he planteado obsesivamente desde hace varias décadas. No se puede permitir la licencia de abrirle un espacio de crimen organizado para que controlen el funcionamiento de la vida política o para que influyan en forma inaceptable en el proceso de decisiones.

Nunca llegué tan lejos como afirmar lo que reiteradamente dijo el Contralor durante el primer semestre de este año. En Colombia, afirmó, hay un partido único que es el de los contratistas que toman decisiones a nivel nacional, departamental y municipal. Está constituido por empresas político-criminales. Así destapó la esencia del fenómeno escandaloso de la corrupción político-administrativa-empresarial en nuestro país. Por cuenta de esta situación, el sistema político perdió credibilidad. Las autoridades se ganaron el desprecio de los ciudadanos y las instituciones perdieron la confianza. Un panorama muy deplorable para el correcto funcionamiento de la democracia.

Ojalá los argumentos que proclaman que el costo para el Estado sería insostenible no hagan carrera. Porque no son ciertos. El costo del sistema actual de financiación mixta es incalculable. El Estado no solamente pierde, según el contralor, cincuenta billones de pesos, sino que el deterioro de las instituciones se incrementa en forma realmente insospechada. Las noticias diarias dejan al ciudadano verdaderamente en estado de perplejidad y desolación. Es un milagro que paguemos impuestos a sabiendas de lo que está ocurriendo con los dineros públicos. Y es bien claro que no conocemos toda la realidad.

Esta decisión que esperamos sea acogida a lo largo del proceso legislativo contribuirá, además, a perfeccionar otras dimensiones de nuestra vida democrática. La relación entre financiación política no estatal y corrupción y fortalecimiento del crimen organizado, es apenas un aspecto de la cuestión. Esta decisión debe ir acompañada de una reducción del período de las campañas electorales. El plebiscito y la consulta anticorrupción mostraron que no se requieren semestres ni años para que las fuerzas políticas transmitan un mensaje. Y la consulta mostró que tampoco se requieren grandes cantidades de dinero.

El período de las campañas debe reducirse máximo a tres meses. El gobierno, dueño del espectro electromagnético, debe establecer los criterios para asignar los espacios en televisión y radiodifusión. Lo propio con otros espacios públicos. Y hasta con el transporte. Nada del otro mundo. Una manera de racionalizar un proceso que se ha tornado muy ajeno a las mejores prácticas democráticas.

Así quedó demostrado en la elección del presidente Trump y ya llevamos casi dos años de un debate descomunal sobre qué fue lo que ocurrió, cuál fue la participación de Rusia y en qué medida ello pudo manchar de ilegitimidad ese proceso electoral. Y si eso ocurre en una democracia como la estadounidense, ¡qué podríamos decir de la nuestra! ¿Que habría dineros privados por debajo de la mesa?

En una campaña electoral que se caracterizará por la austeridad, sería visiblemente notoria la presencia de dineros privados o de contribuciones en especie. Ahí está la competencia electoral para denunciar.

*ExMinistro de Estado