Tres personas capturadas en caldas por el delito de trata de personas

En las últimas horas, tres personas dedicadas a la trata de personas en el departamento de Caldas fueron capturadas por miembros del CTI de la Fiscalía. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran enviadas a Trinidad y Tobago. 

Se trata de Edna Ruth Avendaño Esterling, Mónica Tatiana Avendaño Esterling y Angie Carolina Hernández López quienes permanecen bajo detención carcelaria en la Picaleña de Ibagué y judicializados por el delito de trata de personas. 

En este caso, y como una alarma generada desde el ente acusador, Mario Gómez, fiscal encargado de temas relacionados con Infancia y Adolescencia, anunció que la ciudadanía debe denunciar a personas que quieran inmiscuirse en la cotidianidad de las comunidades bajo el pretexto de prestar ayuda económica. Para Gómez es claro que una vez se ganan la confianza de la comunidad terminan reclutando jóvenes para explotarlas sexualmente. 

Dicho anunció lo hizo el delegado de la Fiscalía, una vez evidenciaron la existencia de una red que delinquía de esa manera en un barrio de La Dorada (Caldas) y habría alcanzado a raptar a más de 100 niñas, adolescentes y mujeres, a quienes les habrían hecho falsos ofrecimientos laborales, las habrían llevado a Trinidad y Tobago y estando allí las habrían obligado a ejercer actividades sexuales. 

De acuerdo con la Fiscalía, tuvieron que pasar 10 años para que las víctimas de estos hechos denunciaran ante las autoridades los vejámenes a los que eran sometidas. 

“Pusieron al descubierto los roles cumplidos por esta red de trata de personas. Inicialmente, un grupo de mujeres recorría las calles de un sector específico en La Dorada (Caldas), contactaba jóvenes en condición de vulnerabilidad entre 15 y 19 años de edad, y les prometían trabajo como meseras, enfermeras o niñeras en Trinidad y Tobago, con supuestas retribuciones de hasta $30’000.000 mensuales”, dijo Gómez. 

Según las investigaciones del ente acusador, las mujeres que accedían a tal proposición, eran trasladadas vía terrestre hasta Cúcuta (Norte de Santander), donde eran recibidas por dos hombres en la frontera y transportadas en vehículos particulares hasta la población costera de Güiria, en el estado Sucre, en Venezuela. 

La Fiscalía señaló que una vez estaban allí, eran embarcadas hasta Trinidad y Tobago donde eran recibidas, al parecer, por el cabecilla de la organización, quien se encargaba de buscar un supuesto “alojamiento”, que no era otra cosa que un lugar para prestar servicios sexuales. 

“De acuerdo con los elementos recopilados, a las víctimas les quitaban los documentos personales, las retenían en pequeñas habitaciones, vigilaban todos sus movimientos, les restringían la alimentación y el uso de servicios públicos, y las explotaban sexualmente con fines comerciales hasta que cumplieran con la totalidad de la deuda por el viaje y la manutención”, dijo el delegado de la Fiscalía. 

Del mismo modo, la Fiscalía pudo establecer que para que las víctimas no denunciaran los actos sexuales en su contra, los miembros de la organización las denunciaban ante las autoridades migratorias para que fueran enviadas a la cárcel y sus denuncias no prosperaran. 

En ese sentido, las investigaciones revelaron que una de las mujeres que denunció tales vejámenes estuvo en prisión con al menos 80 mujeres que habían sido raptadas de esa manera, y mientras pasaba su proceso de migración halló 26 más en la misma situación. 

 

Bogotá Colprensa