Fiscalía embarga acciones que Inassa tiene en Triple A

247

En una rueda de prensa que dio en Barranquilla, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que las acciones que la empresa española Inassa tiene en la Triple A fueron embargadas y las mismas pasaron al control de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

El Fiscal sostuvo que el embargo de las mismas hace parte del proceso de la extinción de dominio que se está ejerciendo contra la empresa y las mismas representan el 82% de la empresa, es decir, más de 60 millones de acciones que están avaluadas en 202.000 millones de pesos.

 

“Esta cifra sale del patrimonio reportado en los estados financieros, que fue de doscientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil pesos ($246.764´537.000), a diciembre 31 de 2017”, según la Fiscalía.

Martínez manifestó que se esto se puso en conocimiento al alcalde de Barranquilla, Alejando Char, para se coordine una asamblea, por ser el otro socio mayoritario, para que se elija o escoja o se estructure una nueva junta directiva.

También dio a conocer que a varios de los exgerentes de las empresas Inassa y Triple A se les ha cobijado con medida no restrictiva de la libertad, pero que no podrán salir del país. A ellos también se les impuso una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La medida cobija a los exgerentes de Inassa: Germán Sarabia y Luis Alberto Nicolella y Francisco Malia. De igual manera a los exgerentes de Triple A: Francisco Olmos, Luis Fernando Arboleda, Carlos Alberto Ariza, Ramón Navarro.

El Fiscal anunció que le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Carlos Rocca, gerente de Inassa; Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa; y Alberto Muguiro, el actual presidente ejecutivo de Inassa.

CONTRATOS FICTICIOS

De manera más detallada la Fiscalía en su pagina web da a conocer que “de acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente, se relacionan los hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial del orden de doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($236.853.796.005)”.

Dicho contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A S.A., acordaron la entrega del 4.5% del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores que trabajan en la operación Acordeón calculan que en 17 años de vigencia del mencionado contrato de asesoría se habrían pagado doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($236.853`796.005), valor que actualizado con el IPC al cierre de agosto del año 2018 superaría los trescientos veintinueve mil millones de pesos ( $329.000`000.000), una cifra cercana a lo que el distrito de Barranquilla recauda anualmente por el impuesto predial.

Los elementos recaudados indicarían que el objeto del “contrato de asistencia técnica” nunca se cumplió. Hay evidencia que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II- y Slasa (compañía Panameña), que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos). Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa.

También podría gustarte