La distribución y asignación del PAE debe reestructurarse

El programa de alimentación escolar debe reestructurarse para ampliar su cobertura, conceptuó ayer la Auditoría General de la Nación

En la rendición de cuentas, Rodríguez Becerra hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se revisen los criterios con los que está diseñado el programa respecto de la distribución y asignación de los recursos y para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes a fin de asegurar un diseño eficiente y prevenir los riesgos que suelen presentarse en esta etapa de la formulación de los programas públicos.

 

El Auditor también realizó llamados insistentes a la efectividad de la ley de Garantías en los procesos de contratación, quien recordó que esta norma se aplica días previos a la jornada electoral y su propósito es el de evitar la corrupción del proceso electoral mediante la contratación pública. “Llama la atención el incumplimiento de la citada norma, por cuanto la administración territorial suscribió un importante número de contratos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley”, recalcó.

Y afirmó que se encontró que, entre el 27 y el 31 de enero del presente año, se celebraron un total de 86 contratos que superan los $3.146 millones.

 “Solicitamos a las autoridades pertinentes se revise el estatuto de Contratación Pública y la utilidad real de la llamada Ley de garantías electorales que, en la práctica, se ha convertido en una invitación a contratar a la mayor velocidad posible, saltándose principios elementales de la contratación administrativa, como los de planeación, publicidad y transparencia”, manifestó el Auditor General.

RECURSOS SIN EJECUTAR

El Auditor General también insistió en las deficiencias en la ejecución de los recursos del presupuesto, que de acuerdo con la Contaduría General existen cuantiosos saldos en cuentas corrientes o de ahorros del sistema financiero. Y presentó la aplicación PIA (Plan Integral de Auditorías), un nuevo modelo integral de gestión fiscal, que permitirá unir esfuerzos para que los organismos de control ganen tiempo, ahorren recursos y puedan planificar mejor su gestión.

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