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Extinción de dominio a cuatro ‘ollas’ de drogas
Estos son los inmuebles que al parecer eran utilizados para la venta de drogas en diferentes municipios del Magdalena.
Los elementos probatorios aportados por los investigadores de la Sijín fue lo que permitió a la Fiscalía General de Nación realizar la respectiva demanda.
Cuatro inmuebles que funcionaban como ‘ollas’ fueron allanados por la Policía en el municipio de Salamina, Algarrobo, El Difícil, y Chibolo, Magdalena; además, estas propiedades están cobijadas con medida de extinción de dominio, según se pudo conocer por parte de la institución.
El operativo se desarrolló dando cumplimiento al ‘Plan de Choque’ ‘El que la hace, la paga’ y contó con el apoyo de unidades adscritas a la Seccional de Investigación, e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
La identificación de estos inmuebles donde al parecer sus moradores los utilizaban para cometer delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se logró de acuerdo con las investigaciones realizadas por cerca de 10 meses por funcionarios de la Sijín.
Los elementos probatorios aportados por los investigadores fue lo que permitió a la Fiscalía General realizar la respectiva demanda donde fueran objeto de las medidas cautelares de embargo secuestro y suspensión del poder dispositivo de estos cuatro inmuebles, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1708 de 2014-
LOS ALLANAMIENTOS
Una vez obtenida la orden para ejecutar el procedimiento de las medidas cautelares de embargo, el Grupo Investigativo Extinción del Derecho de Dominio de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Seccional Magdalena y la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio de Barranquilla, se trasladaron hasta los municipios de Salamina, Algarrobo, El Difícil y Chibolo Magdalena, con el fin de realizar la fijación provisional de la pretensión de la extinción del derecho de dominio, a los cuatro inmuebles que estaban siendo utilizados de manera continua por sus propietarios y/o familiares para almacenar y comercializar estupefacientes.
Los bienes inmuebles tienen un avaluó catastral aproximado de 300 millones de pesos y fueron dejados a disposición de la autoridad competente.
