Estudiantes marchan hoy por la defensa de la Universidad Pública

Líderes universitarios durante su visita a HOY DIARIO DEL MAGDALENA para anunciar el recorrido de la marcha que se cumplirá este miércoles desde la Universidad del Magdalena.

Rectores, docentes y estudiantes exigen un aumento progresivo a la asignación presupuestal de la educación pública y que se logren 4.5 billones de pesos que servirían para garantizar una matrícula a cero costos en todas las Instituciones de Educación Superior Públicas del país.

Con el propósito de exigirle al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación mayores recursos económicos que ayuden a financiar a las 32 universidades públicas del país, los estudiantes de la Universidad del Magdalena se unirán a la movilización en defensa de la educación pública.

Líderes del movimiento estudiantil invitan a la marcha pacífica que iniciará desde la Universidad del Magdalena a partir de las 2:30 de la tarde y que recorrerá las principales avenidas de la ciudad hasta finalizar en el parque de Bolívar en donde habrá presentaciones culturales y musicales.

Según Francky Corredor, estudiante de Economía en la Universidad del Magdalena, el movimiento estudiantil se une a la movilización que es de carácter nacional articulando a las 32 universidades públicas del país, al Sena, a las instituciones privadas de educación superior incluyendo además a las técnicas y tecnológicas.

‘‘Son muchas las razones y los motivos que reúnen al movimiento estudiantil nuevamente y que lo aglutinan en una unión en donde confluyen estudiantes de a pie y movilizaciones estudiantiles. La idea central de esta movilización es ganar una asignación presupuestal sobre la declaratoria que por ley se realizará el 17 de octubre del presupuesto general para la Nación. Proponemos la derogación de la Ley 1911 que reglamenta el Fondo Contingente al Ingreso que es un programa administrado por el Icetex para crear más créditos educativos’’, explicó Corredor.

A su turno Carlos José Díaz, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, comentó que el Gobierno Nacional en su campaña política dijo que mantendría el programa Ser Pilo Paga pero cuando se posesionó se percató que dicho programa iba en contravía con los principios fundamentales del derecho a la educación pública y decidió acabarlo.

 ‘‘La ministra de Educación anunció que se propondría un nuevo proyecto pero lo que pide el movimiento estudiantil es que no se presente ningún proyecto y que esos recursos sean destinados a las arcas del Sistema Universitario Estatal (SUE). Nosotros queremos aclarar también que esta movilización está incitada a nivel nacional por estudiantes pero se articulan  los rectores del SUE que son las 32 universidades públicas del país y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), los cuales presentaron cada uno por su parte un pliego nacional de exigencias’’, indicó.

De acuerdo a lo manifestado por los líderes estudiantiles de la Universidad del Magdalena, lo que se exige es el aumento progresivo a la asignación presupuestal de la educación pública, que se logren 4.5 billones de pesos que servirían para garantizar tres cosas: matrícula cero a todas las Instituciones de Educación Superior Públicas; que se cambie el sistema que reglamentó la Ley 30 en donde se estableció que el 30% sean profesores de planta y 70% profesores catedráticos. Los estudiantes pedimos que se invierta esa ecuación para que el 70% sean profesores de planta y 30% sean catedráticos lo que incidiría en la calidad estudiantil.

La delegación estudiantil de la Universidad del Magdalena que visitó a HOY DIARIO DEL MAGDALENA estuvo conformada también por los estudiantes Daniela Bolívar, de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; Samuel Vidal, del programa de Cine y Audiovisuales y José Fuentes Rosado del programa de Derecho.

Como se recordará el 4 de octubre de 2017 los estudiantes universitarios marcharon por la defensa de la educación superior pública exigiendo el cumplimiento y resolver el problema que originó el artículo 86 de la Ley 30 firmado en 1992 y que entró en vigor en 1993. ‘‘Dicha Ley traza el sistema de financiación de las universidades estatales planteando un aumento anual de los recursos basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pero que rige para los productos de la canasta básica familiar y resulta un absurdo nivelar la universidad pública con los alimentos porque la academia demanda es mano de obra calificada y tecnología. El IPC aumenta anualmente cerca de 6 puntos porcentuales mientras que los gastos de las universidades públicas representan casi el 11%, es decir que existe un déficit anual del 5% que data del año 1993’’, recalcó.

Francky Corredor recordó que en 1993 las IES recibían por estudiante 10.8 millones de pesos gracias a las transferencias, mientras que en el 2015 eran 4.8 millones de pesos por cada estudiante, es decir que la reducción alcanza casi los 6 millones de pesos. ‘‘Esta es una crisis que viene desde el año 1993 hasta el día de hoy y que ha representado un déficit de casi 16.8 billones de pesos que los estudiantes le exigimos al Gobierno Nacional que responda por ese dinero porque ha incidido gravemente en detrimento de la educación pública’’, conceptuó el futuro economista.

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