Medida de aseguramiento contra exgobernadores de San Andrés se decidirá mañana

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Ante un magistrado del Tribunal de Bogotá, el suspendido gobernador de San Andrés, Ronald Housny Jaller, y la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, son imputados de varios delitos por parte de la Fiscalía, en el marco de la investigación por la supuesta apropiación de recursos del archipiélago.

En la solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal manifestó que se hace necesaria toda vez que hay testigos que “pueden ser influenciados” y, por tanto, pidió detención en centro carcelario. “Debemos proteger la prueba y hay riesgo de evasión de la justicia por parte de los imputados”, explicó el delegado del ente acusador.

Sin embargo, la defensa de los exmandatarios solicitó ante el magistrado un tiempo prudencial para analizar las pruebas y debatir la solicitud de la Fiscalía. El magistrado se mostró de acuerdo, por lo que citó para este miércoles la diligencia.

Durante la diligencia, el ente acusador relató cómo Housny Jaller firmó diez contratos y Guerrero Bowie otros nueve en los que se hallaron irregularidades relacionadas con los anticipos.

Concierto para delinquir, falsedad en documentos privados y celebración de contratos sin el lleno de requisitos son los delitos que les imputaron a los exmandatarios. Sin embargo, no los aceptaron ante el estrado y ahora deberán probar en juicio su inocencia.

En su relato, la Fiscalía dijo que en lo que respecta a Housny Jaller “es el presunto responsable de solicitar coimas por el 10 % de cada contrato celebrado”.

Todo apunta a que el acusado habría recibido dineros para apoyar su campaña de camino a la Gobernación de manos de los contratistas a los que se le adjudicaron las obras.

Adicionalmente, se tienen documentadas reuniones en las que los contratistas elaboraban los pliegos de condición para acomodarlos a las firmas que representaban.

“Se conoció que una vez se modificaban los pliegos el propio contratista se los entregaba a la gobernadora Aury Guerrero que, a su vez, los entregaba a sus secretarios de despacho”, reveló el fiscal de la causa.

De acuerdo con el ente acusador, lo que habría recibido el exmandatario por los contratos y adiciones que autorizó tiene un monto que supera los 3400 millones de pesos.

En igual sentido actuó Aury Guerrero, cuya presunta apropiación alcanzó los 8050 millones de pesos.

La Fiscalía, además, pidió que ambos mandatarios fueran enviados a centro carcelario, toda vez que “se trata de una organización que se dedicó a obtener recursos públicos”.

 

Bogotá Colprensa

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