Los nombres claves en el desfalco a San Andrés

Los nombres de Fernando León Díez Cardona y del antioqueño Hernán Moreno Pérez no son desconocidos para la Fiscalía en temas de corrupción. Ambos aparecieron relacionados con el escándalo que se suscitó en Armenia (Quindío), por lo que apartamentos, garajes y depósitos que estaban a nombre de Díez Cardona pasaron a manos de las autoridades tras una orden de incautación de bienes ejecutada en junio pasado.
El desfalco en Armenia se originó luego de que en 2015 la administración municipal, en cabeza de Luz Piedad Valencia, ordenó el cobro de valorización por 126 mil millones de pesos para, supuestamente, mejoramiento de vías y construcción de puentes en la ciudad.
Dos licitaciones para esas mejoras viales se abrieron y los contratos, cuyo valor ascendió a los 111.000 millones de pesos, quedaron en manos de dos firmas: Uniones temporales vías Armenia y Puentes Armenia. El representante legal de ambas era Fernando León Díez Cardona.
De acuerdo con la Fiscalía, “todos los contratos fueron formalizados sin que mediaran los diseños previos, los cuales fueron realizados posteriormente por los constructores de las obras. Igual situación habría ocurrido con las interventorías, que quedaron en manos de empresas conformadas por los contratistas”.
Por estas irregularidades, Díez Cardona fue capturado en marzo de este año junto con su esposa, Luz Maribel Ramírez Patiño. En la redada también detuvieron a Hernán Moreno Pérez, dueño de una firma que se llama Furel y que en su historial empresarial tiene contratos con EPM y UNE.
Todo apunta a que mientras hacían de las suyas en la capital quindiana jugaban a doble banda en el archipiélago. En la audiencia en la que le imputaron cargos a la exgobernadora de la isla, Aury Guerrero Bowie, y al gobernador suspendido Rónald Housny Jaller, la Fiscalía detalló cómo era el modus operandi de los contratistas en asocio con los mandatarios.
La historia comienza en 2011 cuando Hernán Moreno le entregó 400 millones de pesos para la campaña a la Gobernación de Guerrero Bowie, según las indagaciones de la Fiscalía. Pero su acto generoso tenía como fin que una vez la candidata asumiera el primer cargo de la isla le entregara varios contratos a él, a Diez Cardona o a los que ellos señalaran.
La Fiscalía documentó por lo menos nueve contratos cuyo monto alcanzó 70.296 millones de pesos. El primero fue el 1190 de 2013 y tenía como objeto la reconstrucción y ampliación del colegio Flowers Hills por un valor de 7206 millones de pesos. En 2015 a ese contrato se le hizo una adición por 3000 millones.
Por esta obra, según indicó la Fiscalía ante el estrado del Tribunal de Bogotá, Guerrero Bowie se apropió de 1020 millones de pesos, correspondientes al 10 % del contrato más la adición.
Esa fue la tarifa que se habría establecido para los sucesivos contratos, dijo el fiscal de la causa durante la imputación. Para asegurar que estos quedaran en manos de los contratistas, los pliegos eran elaborados por ellos en asocio con las autoridades del archipiélago. Una vez finiquitaban los pormenores, la gobernadora Guerrero se los entregaba a los secretarios de despacho para que hicieran lo de ley.
En 2013 fueron cuatro contratos más por 17.794 millones de pesos y en 2014 fueron otros cuatro por 52.321 millones. En total, durante la administración Guerrero Bowie a Fernando Díez y compañía les adjudicaron obras por 80.503 millones de pesos, de los cuales el 10 % fue a parar a manos de la mandataria, conforme relató el delegado del ente acusador.
El contrato de mayor monto tenía como objeto la construcción del megacolegio CEMED – Antonia Santos, amparado bajo el contrato de obra 1341. Hernán Moreno, Fernando Díez y Mauricio José Rodríguez conformaron la unión temporal Mega 2014 para participar en la licitación.
De manera curiosa, el contrato se suscribió el 23 de diciembre de 2014 por 32.030 millones. Casi cuatro años después, las obras no tienen el 50 % de su ejecución.

 

                                                             La administración Housny                                                                                              
Con la llegada de Rónald Housny no cambió nada en materia de contratación en la isla. Los contratistas mencionados le entregaron un apoyo de 1200 millones de pesos a su candidatura a cambio de que les siguiera entregando el manejo de las obras. Así se desprende de la investigación hecha por la Fiscalía.
Durante su administración, suspendida el pasado abril por orden de la Procuraduría, suscribió contratos por 34.034 millones de pesos. La cadena de irregularidades que descubrieron los investigadores indica que otorgó adiciones a los contratos que su antecesora suscribió con el grupo de Díez Cardona.
Sin embargo, para el ente acusador la tapa fue el convenio interadministrativo que se concertó con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, EDUA, para desarrollar obras de infraestructura en San Andrés.
Los pliegos de licitación fueron publicados en la página de la EDUA y solo el grupo de los contratistas involucrados sabían de los mismos. Es decir, en una página de una entidad de Armenia estaban las condiciones de contratación para una obra que se iba a ejecutar a 854 kilómetros.
Para la Fiscalía quien ideó esta particular forma de contratación fue Díez Cardona y el gobernador Housny aceptó y lo presentó como “un plan piloto”, para agilizar los procesos de contratación.
A Furel, la administración de Housny le otorgó un contrato por 5132 millones de pesos para el diseño y construcción de un centro comunitario en el barrio Barrack.
Para este caso, Hernán Moreno fungía como representante legal de Furel, pero en el contrato 1205 suscrito cuando Guerrero era la gobernadora, Moreno era el contratista de la obra que le fue adjudicada a la Unión Temporal Bolivariano 2013, cuyo representante legal era Fernando Díez.
Por estos hechos, Housny y Guerrero fueron imputados por ser los autores del delito de concierto para delinquir y coautores de contratos sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación. Adicionalmente, la exgobernadora es señalada de falsedad en documento privado, delitos que no aceptaron ante el magistrado del Tribunal de Bogotá.

 

Bogotá Colprensa