La educación pública en Colombia: una crisis con déficit descomunal

La Universidad Del Magdalena y todos sus estamentos salieron a marchas por mayor inversión en el claustro. Los estudiantes del alma-máter se declararon en paro y las actividades allí se encuentran suspendidas

 Por
DANIELA MIRANDA

Siete años han pasado desde el 2011 cuando se llevó a cabo la gran movilización liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), desde ese entonces el país no sentía una expresión tan contundente en las calles como la que se apreció el 10 de octubre en las principales ciudades del país.

En esta ocasión, la gran movilización nacional por la financiación digna de la educación superior pública constituyó una gran convergencia de estudiantes y profesores universitarios, rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores de la Asociación Distrital de Educadores, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de la Organización Nacional Indígena y actores privados que se sumaron a las exigencias de las 32 universidades públicas de Colombia sobre la incorporación de nuevos recursos para el funcionamiento e inversión de estas.

EL INICIO

La decisión del Gobierno Nacional de reestructurar el programa educativo ‘Ser pilo paga’ puso nuevamente sobre la mesa el tema de la desfinanciación que existe, y que no es nueva, en el sector de la educación pública superior, la cual se ha convertido en un dolor de cabeza para las universidades, que calculan su déficit en más de $18 billones: $3,2 billones para el funcionamiento y $15 billones en infraestructura.

La primera institución en alzar la mano y pedir un S.O.S. para este fenómeno fue la Universidad Nacional de Colombia, liderada por su rectora Dolly Montoya, quien hizo público que el plantel tenía un ‘hueco’ de 60.000 millones de pesos manifestados en la nómina administrativa y el cual debería ser resuelto antes de finalizar el año.

“La marcha demostró que el país está unido y que se necesita con urgencia una reforma al sistema educativo del país. No basta con decir que se le está dando al sector educación el presupuesto más alto de la historia porque eso no soluciona el problema de fondo. El Gobierno Nacional no ha entendido que esto más que ser económico se trata de una voluntad política y social, el querer un cambio para los centros que forman a los profesionales del país”, expresó Montoya.

PAÑITOS DE AGUA TIBIA 

El movimiento que se generó el miércoles, trajo consigo dos anuncios por parte del Gobierno Nacional. Uno de ellos 80.000 nuevos cupos estudiantiles gratuitos en las universidades públicas para 2019. El otro anuncio se hizo desde el Ministerio de Hacienda que destinó medio billón de pesos más para las universidades públicas. Sin embargo, las universidades tanto públicas como privadas afirmaron que este monto no responde a los retos que tienen, ni mucho menos a los del sistema educativo en general. 

Para el economista de la Universidad del Rosario, Giovanni Efraín Reyes, el anuncio sobre la adición del medio billón al presupuesto de la educación superior para 2019 no evidencia una voluntad política sino al contrario, muestra un afán de dar “calmantes” a algo que está latente. 

“Lastimosamente el Estado se está haciendo el de la vista gorda al no aceptar que la educación en general tiene menos presupuesto y mayor cobertura y producto, lo que conlleva a que el déficit vaya creciendo aún más.  El planteamiento no es que la universidad quiera más recursos, sino que lo que piden es que se salde la deuda que viene por tantos años, por otra parte, es necesario tener en cuenta que si el recurso humano no tiene educación este país no será competitivo”, agregó el experto.

El rector de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra Chacón, rechazó que la inversión vaya al sector de la educación y no a las 32 universidades públicas directamente. 

“La petición nuestra es muy clara, se trata de que se adicionen $500.000 millones a las 32 universidades públicas del país, no a la educación superior, porque vuelve y pasa lo que ya ha pasado en otras ocasiones que la plata que nosotros reclamamos, la toma el Ministerio de Educación y la reparte a las privadas, a concursos y no llega directamente a las universidades públicas”, expresó Chacón.

El directivo especificó que de la suma anunciada $223.000 millones irán a una bolsa por la que competirán las 32 universidades públicas del país, para proyectos de investigación, bienestar y extensión, y solo $55.000 millones serían para el funcionamiento perdiéndose la petición de $1,5 billones para garantizar la operación de las universidades el 2019.

LA LEY

Junto con el reclamo de una deuda histórica, también se evidenció que otro de los ‘karmas’ de las universidades públicas es la ley 30 de 1992, la cual dictó los principios actuales de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, los años han pasado y la formación universitaria cada vez se expande más, situación que no fue prevista en la ley pero que sí ha generado una brecha financiera, que las instituciones públicas aseguran no poder soportar a pesar de que en el Presupuesto General de la Nación para el 2018 se les destinaron $3,6 billones, cerca del 10% de los recursos del sector ($35,4 billones).

Para la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, la ley “fue válida en su momento” porque planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos 1 punto por encima del IPC, algo que según ella “fue extraordinario para los años noventa”, pero con “un error enorme” y es que no fijó un ‘techo’.

Veintiséis años han pasado desde ese momento y la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que se refleja en atrasos de nómina e infraestructura, argumenta la rectora de la Nacional. 

“La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, sostuvo Montoya, quien junto con las demás universidades estatales del país se han puesto en la tarea de pedir al Gobierno Nacional modificar el sistema de financiación de la educación pública superior a través de una política de Estado que permita un sostenimiento integral.

Este panorama que no es desconocido ni nuevo para las otras 31 universidades públicas del país también toca a las regionales. Una situación similar, pero con un déficit más alto, vive la Universidad de Antioquia, que hasta el día de hoy tiene un ‘hueco’ presupuestal de 68.700 millones de pesos, con menos de cuatro meses por delante para solventarlo.

¿Y AHORA?

La marcha finalmente dejó aún un suspenso frente a las decisiones que se seguirán tomando. Desde la academia los rectores proponen que el problema se trate desde dos tiempos: uno inmediato y otro a futuro. Mientras se va construyendo tejido social. «Nosotros seguimos en pie de fuerza luchando por que la educación superior sea más integral, mientras tanto esperamos que podamos sentarnos con el Gobierno Nacional para hablar sobre esto e implementar acciones que generen cambios a fondo», sostuvo la rectora de la Universidad Nacional.

Así mismo, varias facultades de las universidades públicas han entrado en paro indefinido hasta que no sientan una decisión “real” por parte del Gobierno” algo que, para el representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional, “no solo deja los campus vacíos sino también la educación”. 

De igual forma, se espera que la próxima semana cuatro profesores de instituciones de educación superior vayan a huelga, a partir del 16 de octubre, para exigir apoyo del Estado, ante dicha problemática.

En una carta dirigida al Gobierno Nacional, los docentes universitarios exponen que ha “brillado un extremo mutismo” en la entrega de respuestas a las peticiones presentadas por estudiantes y profesores sobre la crisis.