A propósito de un juicio canalla

Esta semana un juez en Miami negó la libertad bajo fianza de Andrés Felipe Arias. Arias apeló y pidió que se congele su extradición a Colombia hasta la decisión.

Arias fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión por dos delitos que no cometió.

El programa Agro Ingreso Seguro tuvo 382.611 beneficiarios, el 84 % pequeños agricultores, algo más del 15 % medianos y menos del 1 % grandes.

Tenía varios componentes. Todos administrados por entidades distintas al Ministerio de Agricultura. El componente de riego era operado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola IICA, un organismo de la OEA.

Según la sentencia, el Ministerio debió haber hecho una licitación y no firmar un convenio con el IICA. Por eso condenó a Arias por “celebración indebida de contratos”. Sin embargo, varias docenas de ministros de Agricultura habían celebrado antes 132 convenios similares con el IICA. Ninguno de esos ministros fue procesado jamás.

No fue el Ministerio de Agricultura sino el IICA, quien identificó y definió los beneficiarios de los subsidios de riego.

Algunos grandes productores decidieron subdivivir los predios para obtener más subsidios. Después, todos y cada uno de quienes subdividieron llegaron a conciliaciones con el Estado, devolvieron la totalidad de los montos de los subsidios recibidos, indexados y con intereses. El Estado no perdió un solo peso. Nunca se condenó penalmente a ninguno de ellos.

Sin embargo, el otro delito por el que se condenó como coautor fue peculado a favor de terceros, aunque no hubo ninguna apropiación de bienes o dineros del Estado por parte de Arias ni de terceros, ni se dice quiénes habrían sido los otros coautores.

En el juicio quedó probado que Arias nunca se robó un solo peso.

Tampoco es verdad que los grandes productores beneficiarios de AIS hayan financiado la campaña de Arias. La Corte no encontró prueba de ello.

Si Arias no cometió ningún delito, ¿por qué lo condenó la sala penal? Por política. Esa Corte no era imparcial. La mayoría de sus magistrados detestaba a Uribe, a quien responsabilizaban de chuzarlos. Hay grabaciones en las que dicen que en relación con los dirigentes uribistas había que decidir por “conveniencia política” y no conforme a derecho. Arias era el consentido de Uribe y querían evitar que fuera presidente.

Dos magistrados, Bustos y Malo, están implicados en el cartel de la Toga. La magistrada Salazar nunca estuvo en el juicio pero firmó la sentencia. También Barceló, probadamente antiuribista.

De acuerdo con los tratados de derechos humanos, Arias pidió una segunda instancia por un tribunal  imparcial. Mientras que no la tenga, los Estados Unidos deberían darle asilo. El juicio y la sentencia contra Arias son una canallada. Hasta que no se posible restablecer la justicia, debe permitírsele la libertad.

*Abogado

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