El tour de los corruptos en San Andrés

El gobernador Housni tuvo su primera audiencia en Bogotá el pasado 9 de octubre.

El 19 de noviembre de 2012 fue el día en el que el tribunal de La Haya, en el litigio territorial entre Colombia y Nicaragua, le retiró a San Andrés 75.000 kilómetros de mar. Ahí llegaron las ayudas del gobierno de Colombia, pero, irónicamente, el destino turístico por excelencia de los colombianos pasó del abandono a convertirse en botín de los corruptos.

 

San Andrés ya no es la misma isla que dejó el antioqueño Simón González, gobernador entre 1982 -1988, quien también fue el primer elegido por voto popular en 1992. Según Emérita Becerra, líder comunitaria, “nos puso en el mapa del turismo internacional”.

Afirmó que González fue un hombre dedicado a la cultura creole, impulsó el Green Moon Festival, que se mantiene vigente, y dejó “grandes y muy buenas obras para todos. Sobre todo, reafirmando la identidad de los isleños. Su mensaje está vivo, pero no lo están poniendo en práctica”, resalta Becerra.

La historia reciente de la isla, en especial desde el controvertido fallo, parece ser la misma de varios departamentos del país. Saqueados por redes de corrupción que tienen a políticos como protagonistas. El primer capítulo se vio el martes, con la imputación de 39 delitos al gobernador, Ronald Housni y su antecesora, Aury Guerrero, acusados de generar un esquema de pagos por favores.

Para entender cómo la corrupción permeó la isla, es necesario regresar al 5 de diciembre de 2012, 16 días después del fallo. San Andrés hervía por la indignación. La pérdida del mar afectó tanto las actividades ancestrales de pesca de las comunidades raizales como el turismo, el principal sustento del archipiélago.

En el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla aterrizó el entonces presidente Juan Manuel Santos, con todo su gabinete ministerial y un plan bajo del brazo. Tras reunirse con la gobernadora –hoy capturada– el mandatario anunció una inyección de $206 mil millones para el archipiélago.

El principal componente de este paquete, luego llamado Plan San Andrés, consistía en $161 mil millones para obras. No fue el único capital. A partir de 2012, el presupuesto aumentó a casi el doble. Ese año la isla contó con $114.478 millones y el año siguiente subió hasta los $208.936 millones.

Tal comportamiento se mantiene hasta este año (2018). El presupuesto fue de $346.793 millones, 300 % más que el año anterior al fallo. Los recursos de inversión para aprobación de proyectos del Sistema General de Regalías también: entre 2012 y 2013, el dinero girado pasó de $14.436 a $60.768 millones.

El dato resulta particular si se tiene en cuenta que el balance realizado por la Contraloría General a las regalías por departamentos, entre 2015 y 2017, arrojó que San Andrés tuvo una ejecución “extremadamente baja” con un 10 %. El peor calificado del país.

Además, líderes como Everth Hawkins, recalcaron que “poco de esa inversión impacta la economía local. La fuga de capital existió porque todos los constructores venían de afuera, entonces la plata nunca circuló” (ver análisis).

Sin embargo, los eventos que empiezan a enlodar a la exgobernadora Guerrero datan de 2011. Según estableció la Fiscalía, presuntamente, aquel año el empresario antioqueño Hernán Moreno Pérez, dueño de una empresa llamada Furel (compañía de ingeniería eléctrica), entregó $400 millones a la campaña a cambio de beneficios.

El pacto (2012) consistía, según la investigación, en que Moreno pagaría el 10 % de todos los contratos que le fueran concedidos. En los siguientes cuatro años de negocios, la Gobernación celebraría 10 contratos de obra por valor de $80.503 millones, con pliegos amañados que quedaron en la sociedad de Moreno Pérez y Fernando Diez Cardona. $8.050 millones terminaron en el bolsillo de Guerrero.

De estos años de “sociedad”, la Fiscalía destacó el contrato de obra 1341 para la construcción del Megacolegio Cemed-Antonia Santos por $32.030 millones para la Unión Temporal Mega en 2014. Moreno Pérez fue su accionista principal y la interventoría habría quedado en la red de estos empresarios.

Para 2015, con las elecciones, la sociedad de Moreno Pérez presuntamente volvió a la misma fórmula. Según el ente investigador, inyectó $1.200 millones a la campaña del candidato Ronald Housni, a cambio de mantener la sociedad con las jugosas tajadas.

Ese mismo año, el engranaje de corrupción de esta sociedad consiguió otra porción del erario de otra ciudad que se conectaría con San Andrés. La investigación señala que en Armenia, la administración de Luz Piedad Valenciaordenó un cobro por valorización por $126.000 millones para mejoramiento de vías y construcción de puentes.

Con ese dinero se firmaron dos contratos por $110.000 millones a las Uniones Temporales Vías Armenia y Puentes Armenia, representadas por Diez Cardona y del que hacía parte Moreno.

La investigación de la Fiscalía en ese caso determinó que unos $20 mil millones fueron pagados como coimas ese año, sacando el dinero del anticipo del contrato.

2016 inició con Housni gobernador y una sociedad aceitada para sacar dinero del erario. Ese año autorizó la figura jurídica del Convenio Interadministrativo para agilizar la aprobación de las obras con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, suepuestamente por sugerencia de Diez Cardona.

En dos años, se autorizaron nueve contratos con sociedades integradas con este cartel, seis de ellos eran adiciones de la administración anterior. En total, se otorgaron $34.034 millones. La fórmula de corrupción habría dejado $3.403 millones en los bolsillos del gobernador.

Para 2017 la situación se hizo insostenible, con las pistas que había dejado la sociedad Moreno-Diez en Armenia, que ya tenían a la Fiscalía detrás. Para el 13 de octubre, el ente investigador llegó a San Andrés.

Con presencia del fiscal, Néstor Humberto Martínez, se recopilan 44 registros de información relacionados con delitos contra la administración pública. Dentro de la carpeta de casos priorizados se encontraron los elefantes blancos de los colegios contratados y la denuncia de sobornos y corrupción.

Este caso destapado no es nuevo en la isla. Desde abril pasado, en un informe publicado por EL COLOMBIANO, la veeduría ciudadana Fundación Heredad había denunciado incrementos en la contratación directa, daños en el alcantarillado y cuestionamientos por la ausencia del control estatal a las actuaciones de la Gobernación.

“La Procuraduría y la Contraloría están en la isla, pero no cumplen con sus funciones, en ocasiones nos toca dirigirnos directamente a Bogotá para hacer nuestras denuncias, pero devuelven los casos a la regional y se estancan”, manifestó un vocero de la Fundación.

Por su parte, la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, creada en 2011 con la Ley Anticorrupción, emitió un informe entre 2016 y agosto de 2018, en el que hizo un barrido sobre los procesos de contratación de la isla con recursos del orden nacional e identificó 48 procesos de responsabilidad fiscal por $9.630 millones.

Según el informe presentado por el gerente Héctor Jairo Osorio, se profirieron 13 fallos con responsabilidad fiscal, con los que se han logrado recuperar $23 millones de pesos.

En el tercer ente de control, la Procuraduría, en abril de 2018 se profirió la suspensión por 10 meses contra el gobernador Housni por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos al Hospital Clarence Lynd Newvald. También por haber contratado la celebración del Green Moon Festival (el mismo que creó el mítico exgobernador Simón González), sin que la entidad seleccionada contara con la idoneidad.

Por este caso, el gobernador encargado, Alain Manjarrés, será imputado por un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, según anunció el ente, por el delito de contratar con fundaciones “fantasma” por $2.000 millones.

Mientras el cerco contra el gobernador se cerraba, su contraparte, la sociedad Moreno-Diez fue capturada en marzo de 2018 por su participación en el desfalco de Armenia.

El golpe final, que tumbó a la casa Housni, vino de Diez Cardona, quien en julio fue condenado a 14 meses de prisión luego de aceptar colaborar con la Fiscalía, delatando el esquema de corrupción del que fue protagonista.

Aunque Guerrero y Housni están privados de su libertad, junto a otros nueve involucrados, la Fiscalía informó que compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema para que adelante las acciones contra el actual representante a la cámara, Jack Housni, hermano del gobernador.

EL COLOMBIANO intentó contactar a la defensa de los involucrados, pero no tuvo éxito. El saliente gobernador (e) Manjarres en un principio accedió a hablar, pero cortó la comunicación. Solo respondió el representante Jack quien dijo: “estos momentos no son fáciles para mi y para mi familia. Un testigo de la fiscalía contra mi, dice que es por vengarse porque no lo escogí como candidato a al gobernación ni a la cámara. Eso muestra las intenciones”.

Mientras se decide a quién designará el presidente, Iván Duque, para que comande San Andrés hasta el próximo año, es clave recordar que a la isla fue la primera visita que hizo como mandatario, al siguiente día de su posesión, el 8 de agosto. Anunció un plan de salud, seguridad, agua y alcantarillado a mediano plazo. Además, habilitó un avión “medicalizado” cubrirá el trayecto entre Providencia hacia San Andrés con el apoyo de la Fuerza Área Colombiana.

San Andrés, la joya de la corona del turismo colombiano pierde su brillo. En 2012 la Corte de la Haya le quitó 75.000 kilómetros de aguas marítimas, que para los lugareños significó cortar un vínculo de sangre. Por fin el Estado puso sus ojos en la isla, llegó el anhelado presupuesto. Pero con él arribó el drama de la corrupción.

El Colombiano

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