La controversia que genera una nueva decisión sobre el aborto

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará durante este miércoles la posibilidad de ponerle límites al derecho de Interrumpir Voluntariamente un Embarazo (IVE). Tal análisis se da luego de que a la corporación llegara una tutela de una mujer de 33 años de edad que solicitaba a su EPS realizar tal procedimiento debido a que el bebé venía con una serie de inconvenientes. 

Desde que el alto tribunal empezó el estudio de dicha tutela, el tema ha sido cuestionado desde todos los sectores, pese a que la corporación ya sentó años atrás una jurisprudencia sobre el aborto. En este caso, fue el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negrete, quien hizo un llamado a la Corte para que “la decisión quede como venía desde 2006, porque esa es una decisión que fue garantista y humanista, lo que le va a permitir a las mujeres seguir decidiendo sus propios asuntos”. 

Por otro lado, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, catalogó como “preocupante” que la decisión tomada en un principio por la Corte sea modificada de alguna manera. 

“Sería muy preocupante que la decisión no cumpla con el principio de no regresividad de los derechos humanos, al establecer limitaciones desproporcionadas e injustificadas a los derechos adquiridos mediante sentencia C-355 de 2006, en la cual se establecieron tres causales para el acceso al aborto legal: cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo, cuando se presente incompatibilidad con la vida fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de violación”, aseguró. 

A juicio de Guevara Rosas, la Corte Constitucional ha tomado decisiones que han sido un “ejemplo a seguir” en materia de protección de derechos humanos. Por lo que imponer limitaciones adicionales al acceso al aborto legal constituiría un retroceso que pondría en riesgo la vida y la salud de las mujeres. “En todo caso, la Corte debería avanzar en su jurisprudencia y derribar las barreras que hoy enfrentan miles de mujeres, especialmente aquellas que viven en zonas rurales apartadas, con acceso restringido a los servicios de salud adecuados”. 

De acuerdo con Guevara Rosas, en julio de este año, Amnistía Internacional presentó una opinión ante la Corte haciendo un llamado para que la decisión se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos y proteja de manera integral el derecho al aborto legal y seguro en Colombia.  

“La denegación o limitación al acceso al aborto legal y seguro puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Ninguna mujer debe ser obligada a mantener un embarazo que constituye un riesgo para su vida, salud o integridad. Ninguna mujer sobreviviente de violencia sexual puede ser obligada a mantener un embarazo si no lo desea. Es deber del Estado colombiano reconocer que limitar un derecho, adquirido hace más de 10 años, constituiría una forma de violencia contra las mujeres”, agregó Erika Guevara. 

 

Bogotá Colprensa

 

 

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