Cuentas claras con la jep

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Muchas son las dudas que aún genera la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, especialmente lo relacionado con la competencia que tendrán sus magistrados y el procedimiento que se aplicará a quienes se acojan a esta justicia transicional.

 

Este es un sistema de justicia muy particular, no tanto porque contempla disposiciones y procedimientos que se apartan del ordenamiento jurídico colombiano, situación más que lógica cuando se trata de poner fin a un conflicto armado, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia en confrontaciones mundiales, más por las particularidades de esta nueva jurisdicción. Legalmente la JEP ya comenzó a operar pero aún no son creados los organismos ni elegido los magistrados que la aplicarán.

Lo primero que se espera para el cumplimiento efectivo de los postulados de la justicia transicional, es que lleguen a ese organismo, integrado por 51 magistrados, los mejores profesionales que garanticen la transparencia en el cumplimiento de sus funciones, preocupación que aumenta con los últimos escándalos de posible corrupción en el sector judicial y prende las alarmas para que la elección de esos funcionarios no esté permeada por favorecimientos personales y que realmente quienes ocupen esas vacantes sean los mejores.

Dichos reparos tienen validez si se observan los objetivos que persigue la JEP, como son buscar la verdad de lo ocurrido durante el conflicto con las Farc, evitar la impunidad, contribuir a la reparación de víctimas, dar seguridad jurídica a los implicados en el conflicto armado, sea como combatientes o no, y uno de los más importantes, que se imparta justicia con la satisfacción de las víctimas.

También las dudas se suscitan por la posible competencia desbordada que puede tener el Tribunal para la Paz. Esta jurisdicción no solo procesará a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto, también aquellos que son conexos con la confrontación, contexto que amplía el marco de competencias vinculando a los miembros de la Fuerza Pública e incluso a particulares que aportaron recursos para la lucha armada.

En ese aspecto la preocupación se centra en empresarios que por una u otra circunstancia destinaron recursos para las Farc. En muchas regiones la organización guerrillera cobro ‘vacunas’ para permitir la comercialización de ciertos productos. Muchos empresarios fueron extorsionados por esa organización y en la búsqueda de la verdad, podrían ser mencionados por los excombatientes como financiadores de la guerrilla y en ese caso es la Justicia Especial la que tendrá que determinar si fueron actores del conflicto o víctimas y para ello debe haber regulaciones legales claras.

 

Hay que evitar los excesos en los procesos que adelante la JEP, pero a la vez debe imperar la búsqueda de la verdad, que el Tribunal tenga la libertad para cumplir con todos los postulados establecidos en los acuerdos de paz sin que haya una sustitución de las funciones que cumple la jurisdicción ordinaria.

No se puede olvidar que la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema de justicia transicional, ello implica que debe tener un límite en el tiempo y ese aspecto aún no está claro.

Celebro, como lo he hecho en reiteradas ocasiones, acuerdos de paz que pongan fin a guerras sin sentido, pero en el principal componente del posconflicto que es la JEP, no se puede sacrificar su razón de ser, esto es, la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.

*ExMagistrado

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