Bloqueo a la democracia

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Como lo decíamos en columna radial, aunque en la Constitución no existe ninguna regla que delimite expresamente el poder de reforma a cargo del Congreso, prohibiéndole modificar  o derogar determinados artículos, lo cierto es que ese órgano constituido –no Constituyente- carece de competencia para sustituir, so pretexto de reforma, valores o principios integrantes de la esencia constitucional.

Así que, además de las exigencias de índole formal, toda reforma de la Constitución debe respetar los límites competenciales del órgano facultado para expedirla. Por tanto, puede haber  enmiendas que, al afectar la esencia de la Carta Política, caigan en la inconstitucionalidad, motivo suficiente para que, en ejercicio de su propia competencia, la Corte Constitucional –guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución- tenga que declarar que lo actuado es inexequible. El Congreso, en suma –que ejerce apenas una competencia y que no es el titular de la soberanía- mal puede reemplazar al pueblo como poder constituyente originario.

Pensamos que, con arreglo a lo dicho, el proyecto de acto legislativo aprobado esta semana en primer debate, que extendería hasta 2022 los períodos de los actuales gobernadores y alcaldes, presenta ostensibles vicios de inconstitucionalidad.  Se trata de una propuesta abiertamente contraria al principio democrático -esencial en nuestras instituciones-, y  sustituye la Constitución. Así que, de ser aprobada la iniciativa en los sucesivos siete debates, el Congreso estaría obrando por fuera de sus atribuciones, invadiendo la potestad del Constituyente originario, abusando de su competencia y sacrificando el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes.

Los ciudadanos, cuando votaron en las últimas elecciones y escogieron a los actuales gobernadores y alcaldes, lo hicieron sobre la base de que se los elegía para un período determinado de cuatro (4) años, a cuyo término se expresaría de nuevo la democracia, para elegir a los sucesores. Ahora, se sorprende al pueblo, cambiando las reglas de juego, bloqueando a movimientos y partidos que quisieran presentar nuevas opciones y alternativas políticas, anulando la garantía del voto, impidiendo la renovación, prohibiendo al electorado el ejercicio de su derecho democrático e imponiendo a los mandatarios de manera arbitraria.

Habiendo -desde luego- alcaldes y gobernadores muy competentes, capaces y honestos, no debemos perder de vista que no ocurre en todas partes. Son varios los departamentos y muchos los municipios cuyos ciudadanos aspiran a un cambio en su gobierno porque la cabeza del mismo no ha respondido a las expectativas; porque no ha cumplido lo prometido en la campaña; porque ha despilfarrado los recursos; o porque su comportamiento no ha sido el mejor. Por lo cual es normal que busquen y presenten alternativas; nuevas propuestas; nuevas ideas, que quedarían abruptamente bloqueadas y frustradas por cuenta de la prolongación de los períodos.

Un proyecto inconstitucional y anti democrático, que no debería pasar, y en caso de pasar, tendría que ser declarado inexequible.

*ExMagistrado*Profesor Universitario

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