Barbaridad política y jurídica

Cada tanto tiempo politiqueros de turno agitan en el país la idea de unificar periodos de alcaldes y gobernadores con los del Presidente y Congreso. Detrás del “noble” interés de armonizar los planes de desarrollo regionales con el nacional y de evitar que la aplicación de la ley de garantías paralice las administraciones territoriales, está el propósito de prorrogar de manera arbitraria y chambona el periodo de los alcaldes y gobernadores, con la pretensión absurda del Congreso de suplantar el voto del constituyente primario.

Desde hace 15 años algunos gobernantes en sus períodos caen seducidos por los cantos de sirena de dirigentes que les hacen creer que es viable semejante barbaridad. Francamente resulta irresponsable que en medio de tantos problemas por resolver, se lancen ahora esta especie de juegos pirotécnicos que lo único que logran es distraer al gobierno y la sociedad. Esta iniciativa, todos en el fondo lo sabemos, no tiene ninguna viabilidad política ni jurídica y por ello lo mejor es que se hunda más temprano que tarde, para no generar incertidumbres e interinidades administrativas que en nada convienen a los entes territoriales.

Es claro que los ciudadanos de más de 1100 municipios y 32 departamentos eligieron sus gobernantes por cuatro años y no puede ahora el constituyente derivado, bajo ninguna razón o pretexto, ampliar el periodo por dos años más. Juegan con candela quienes están detrás de esta maniobra, porque el cambio de las reglas de juego electorales es muy peligroso, más cuando ya se abrió el calendario electoral de las elecciones de octubre del 2019. La democracia colombiana, tan imperfecta y asediada por los violentos, ha podido preservarse porque esas fechas electorales se han respetado históricamente. Asumir actitud distinta es provocar un conflicto social muy peligroso en la actual coyuntura nacional y generar nuevos factores de violencia ya superados.

Como si fueran insuficientes estos argumentos políticos y de conveniencia, la Corte Constitucional en sentencia C-551 del 2003, con ponencia de Eduardo Montealegre, tumbó en ese momento un intento menos burdo de afectar la democracia, al declarar inexequible el artículo 17 del referendo impulsado por el gobierno de entonces, con el que se buscaba ampliar periodos previa votación popular. En este fallo, que es claro y contundente, se defiende la soberanía popular de cada circunscripción que elige su mandatario por “un tiempo determinado que no se puede recortar ni ampliar”.

Si realmente consideran grave la parálisis de las administraciones territoriales, resulta mucho más lógico modificar la ley de garantías para reducir sus términos y flexibilizar sus condicionamientos. Además, la sola discusión de unificar periodos, sin entrar a la barbaridad de la prórroga, es bastante controversial también. Muchos colombianos creemos que los constituyentes del 91 fueron sabios al separar elecciones y períodos para darle mayor autonomía a las regiones al momento de escoger sus gobernantes, sin la interferencia de la agenda nacional. Y esta decisión ha servido también para que el poder en esta democracia se pueda repartir y no se concentre en un solo partido o en muy pocas manos.

En fin, nada más parecido a la dictadura de Maduro que la propuesta que sin ruborizarse algunos defienden con argumentos cada vez más débiles. Por debajo de la mesa tienen la desfachatez de comentar que no se pueden permitir las elecciones el año entrante porque las ganaría la izquierda. Exactamente las mismas razones con las que en Venezuela en los últimos años se han aplazado y programado elecciones al antojo del gobierno que acabó con todas las garantías en el vecino país. Nada más parecido entonces al Castrochavismo que tanto nos anunciaron en los últimos años. Por eso, haría bien el Presidente Duque en fijar la posición del gobierno de una vez por todas, para que quede claro que en Colombia respetamos las instituciones y las reglas de juego electorales, muy distinto a lo que tristemente sucede hoy en Venezuela.

*ExMinistro de Estado

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