174 organizaciones civiles critican el fracaso de la política de drogas de la ONU

Pese a los intentos de Colombia de acabar con el narcotráfico, el cultivo de coca aumentó un 115 %.

 

Falta un año para que venza el plazo autoimpuesto por la ONU para acabar o reducir drásticamente todas las aristas del narcotráfico, pero todos los indicadores muestran que fracasó, así lo denunció en la mañana de este lunes el Consorcio Internacional de Política de Drogas, que agrupa a 174 ONG del mundo.

En 2009, la comunidad internacional aprobó una estrategia global de 10 años con la adopción de la “Declaración Política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas”.

En el artículo 36 de la Declaración Política, se fijó el año 2019 “como objetivo para que los Estados eliminen o reduzcan considerable y mensurablemente” el cultivo, la producción, el tráfico y el uso de sustancias sometidas a fiscalización internacional, el desvío de precursores y el blanqueo de dinero.

Sin embargo, a pocos meses de que ese plazo fatal llegue, ninguno de los objetivos se ha cumplido, y por el contrario la situación es peor a la que existía en 2009.

De acuerdo con el informe, hay un récord histórico de las plantaciones de coca y amapola (opio), unido a un incremento de los mercados y la demanda de drogas sintéticas. La producción mundial de cocaína en 2016 alcanzó el nivel más alto jamás registrado, con unas 1.410 toneladas, mientras que la de opio llegó en 2017 a las 10.500 toneladas, el registro más alto desde que la ONU comenzó a calcularla.

 

La directora del IDPC, Ann Fordham, subrayó este lunes, desde la sede vienesa de la ONU, que además se ha producido un “incremento de 145 % en las muertes relacionadas con las drogas durante la última década, hasta alcanzar el preocupante número de 450.000 muertes en el año 2015”.

Para elaborar el informe, las ONG emplearon datos de la ONU, de los gobiernos, de la sociedad civil y de fuentes académicas.

 

Es mejor una política de derechos humanos

“Lo que creemos que falla es que la estrategia de 2009 se prometió eliminar los mercados en vez de incentivar la promoción de la salud, de los Derechos Humanos, del desarrollo y de la reducción del daño. Los países interpretaron esos objetivos de manera equivocada, y eso lo que ha hecho es articular una serie de políticas públicas basadas en la represión que no funcionan”, explicó a EL COLOMBIANO Juan Fernández, portavoz del Consorcio.

Según las ONG, la vulneración de los derechos humanos ha acompañado el incremento de la demanda y la producción de drogas. Al menos 3.940 personas han sido ejecutadas por casos relacionados con las drogas desde 2009 en los 33 estados que aún aplican la pena de muerte a este delito.

Además, en Filipinas se han contabilizado unas 27.000 ejecuciones extrajudiciales en operaciones antidrogas en los últimos años, y en Estados Unidos han aumentado las muertes por sobredosis, hasta 71.000 fallecimientos sólo en 2017.

La “guerra contra las drogas” en México ha causado más de 150.000 muertos y 32.000 desaparecidos desde 2006, agrega el informe.

En Colombia, pese a múltiples ensayos por modificar la política antidrogas, casi siempre financiada por el gobierno norteamericano, “entre 2009 y 2016 el cultivo de coca aumentó un 115 %. Las actividades de incautación en el país han llevado a enfrentamientos violentos entre las comunidades afectadas y la policía y el ejército, lo cual ha propiciado el desplazamiento interno de millones de personas”, dice el informe.

Las ONG también critican que uno de cada cinco personas en prisión en el mundo cumplen condenas por drogas y “la mayoría por simple posesión para consumo personal”.

Entre los buenos pasos dados en la última década está, según las ONG, que 26 países han adoptado una legislación que despenaliza las drogas, por lo que la tenencia deja de ser un delito y pasa a convertirse en una sanción administrativa.

Fordham explicó que este documento pretende aportar datos a la próxima reunión de la Comisión de Narcóticos de la ONU en marzo de 2019, con el objetivo de que se flexibilicen las políticas y se alienten nuevos enfoques como el de Canadá, que legalizó recientemente el consumo de la marihuana para fines recreativos.

“Si no se reconoce que hay que cambiar el enfoque, que estas políticas han fracasado, que la represión y las medidas punitivas han fracasado, temo que nos arriesguemos a otros diez años de fracasos”, declaró la directora del IDPC.

 

 

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