Unificación de períodos electorales

Todo pareciera indicar, que más que inconvenientes políticos, al proyecto de acto legislativo que busca hacer coincidir los períodos electorales de mandatarios regionales, Gobernadores y Alcaldes con los de los Congresistas y el Presidente de la República, le han salido todo tipo de objeciones jurídicas.

Los argumentos para defender la unificación de los mencionados períodos son de conveniencia para lograr coincidencia entre los mandatarios nacionales y regionales, pues actualmente solo es de la mitad, y según los críticos,  esto desencaja los esfuerzos para la gestión presupuestal, y la coordinación de planes de desarrollo y programas, siendo necesario armonizar las relaciones entre las administraciones  central y regionales, amén del ahorro en costos electorales; aunque  todo sabemos que en realidad de verdad,  son más las pretensiones de orden político.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico  se agitan argumentos de profundidad.  El primero tiene que ver el con el diseño constitucional;   lo que se quiso en la Constitución de 1991 por el constituyente fue todo lo contrario, que dichos periodos no coincidieran para aumentar  la autonomía democrática; para que la elección presidencial no arrastrara la regional y se permitiese mas autonomía en las regiones para la elección de sus mandatarios, con una mayor reflexión, sin que ello estuviese determinado, como una simple consecuencia de el triunfo en las elecciones presidenciales. Así observado el asunto, lo que estaría en juego con el proyecto de reforma sería un verdadero desajuste institucional, una sustitución total a la idea del constituyente, y un sacrificio al propósito democrático.

Pero además se presentan argumentos de segundo orden,  como la contrariedad democrática que encierra el hecho de que los ciudadanos hayan dado su voto para elegir funcionarios por un período determinado y aparezcan estos con un periodo ampliado, distinto a aquel para el que fueron elegidos, por obra del Congreso y no por decisión directa del pueblo colombiano. Ya en el referéndum que se intentó en el pasado, en la era Uribe, se tuvo un pretensión similar, con la diferencia de que la decisión de ampliar los períodos se llevaría al pueblo y no al Congreso; y aún así tuvo sus problemas en la Corte.

Todo parece indicar, que aún si logra pasar el Congreso el proyecto de Acto Legislativo,  cosa que puede suceder, pues a sus mayorías les conviene la ampliación de los períodos  de Gobernadores y Alcaldes por dos años más,  su principal problema podría estar en el examen de exequibilidad,  pues para que pase, habría que torcerle  al “cisne el pescuezo”. Todavía más complicado, la reciente propuesta de ampliar el período presidencial; asunto que no además de los jurídicos, podría presentar inconvenientes jurídicos de todo orden. El afán que tenemos de andar cambiando todas las instituciones es una muestra profunda de nuestra permanente inestabilidad política y democrática.

*ExMgistrado

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