Impunidad y política

Inseguridad, injusticia y violencia públicas nos cunden, parte de la herencia nefasta de los dos anteriores mandatos presidenciales, que nos lleva a preguntarnos “¿Cuál fue el momento en que Colombia perdió su rumbo?”. Pregunta que muchos se hacen insistentemente al ver la magnitud de la inconformidad y el resentimiento sociales que inunda a la sociedad en lo económico, social y político. Grande es el descontento popular sin duda. La impunidad campea en razón a los múltiples desmanes por acción u omisión de quienes encabezaron y operaron las instituciones encargadas de la seguridad pública con las mafias que a todos los niveles actuaron contra la sociedad.

Los reportes elaborados en las oficinas de prensa de las entidades encargadas de prevenir el delito y procurar justicia, que se difundían a los medios de comunicación, daban cuenta que hasta en las mesas de los funcionarios llegaban archivos completos de los involucrados en delitos de toda índole, tales como lugares de venta y tráfico de drogas, nombres, propiedades que poseían, cómplices y demás, pero, simple y sencillamente, no actuaban o apenas lo hacían para quitar del camino a esos perturbadores del orden social que pervierten y envenenan a cientos de miles de jóvenes, especialmente de escasos recursos, engendrando y generando más violencia en alto número y frecuencia.

Nuestros municipios plagados están de redes delincuenciales enfrentadas y las autoridades, cuya función principal es servir a la sociedad, no actuaban, parecían invitados necesarios de ese infame suceder de graves situaciones con repercusiones fatales. Crece hoy también la necesidad de combatir esos denominados poderes fácticos anclados detrás de bambalinas, en la idea que siempre se impone el poder económico sobre el poder político. Poder factico que igual se refiere a medios de comunicación, sindicatos, ambientalistas, empresas multinacionales, organismos multilaterales de crédito, entre otros; con el denominador común que quienes se ganaban ese sello eran los que estorbaban los planes de los políticos en el poder, quienes supuestamente nos iban a salvar de los males del pasado.

A la par de lo cual, de coartarse las libertades y derechos individuales y perderse la libertad económica, aparecía en consecuencia el miedo a denunciar actos de corrupción en el ámbito de la contratación pública o de la justicia, a cuestionar la verdad oficial y la sabiduría de la política económica del Gobierno, todo gracias a la concentración de poder en manos de los pocos de siempre, ocasionando que la ya frágil institucionalidad derivase en una corrupción organizada desde los niveles más altos del Gobierno, hoy fuera del poder, que quiere aparecer como víctimas, cuando sabemos todos que el poder político logró someter a muchos, gracias a un aparato estatal de control de los ciudadanos comunes y corrientes que supuestamente debía protegerlos de los abusos de poder de los políticos y terminó siendo su blindaje para cometer todo tipo de atropellos, como en efecto sucedió y esperando estamos que salgan a la luz los resultados de tan funestas prácticas en esos adversos períodos para el olvido.