Capturados exdelegada y exinterventor de Saludcoop

Guillermo Grosso, exinterventor de Saludcoop y la exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Katherine Carrascal, fueron capturados por la Fiscalía.

Guillermo Grosso Sandoval exinterventor de Saludcoop fue capturado por la Fiscalía.

 

Grosso fue capturado junto con Eva Katherine Carrascal Cantillo, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud. Los dos trabajaron juntos hace una década en una reconocida Aseguradora de Riesgos Profesionales.

La Fiscalía sostiene que ellos encabezaban una red que utilizaba información reservada para favorecer a varias EPS y cajas de compensación a cambio de millonarias coimas, incluida la participación accionaria en una institución del sector. En palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez, Grosso, Carrascal, altos directivos del sector Salud y un grupo de congresistas y exfuncionarios dieron forma a una «red depredadora del sistema de salud».

En principio, esos hechos habrían ocurrido entre el 2016 y el 2017, cuando Grosso fungió como presidente de Cafesalud, la heredera del poderoso Grupo Saludcoop que terminó, como este, liquidada y en crisis. Las dos instituciones son la génesis de Medimás, hoy también en estado terminal y con el fantasma de la liquidación rondando sobre su cabeza.

En el 2013, en medio de fuertes críticas de la excontralora Sandra Morelli, Grosso fue elegido por el supersalud de la época, Gustavo Morales, como interventor del poderoso Grupo Saludcoop.

El balance de Grosso, de cara a la liquidación de Saludcoop y Cafesalud (de la que también fue presidente) y la actual crisis de Medimás parece muy alejado de la realidad. De hecho, su gestión no solo no logró salvar el Grupo Saludcoop -que en su momento llegó a tener el mayor número de afiliados en el país y hoy ha perdido casi la mitad de sus 7 millones de usuarios- sino que está seriamente cuestionada por la Contraloría y la propia Fiscalía. De hecho, una investigación preliminar de la Contraloría asegura que en la intervención se habría causado un detrimento de 80.631 millones de pesos.

Suntuosos gastos con plata de la salud como los que en su momento llevaron a Carlos Palacino ante la justicia aparecen en el dossier de Grosso. Costosos arreglos florales en su despacho, arrendamientos injustificados, y hasta contratos de camionetas blindadas en el 2013 para su uso personal, de su familia y de funcionarios de la EPS intervenida aparecen en esa lista de cuestionamientos.

En la oficina de Grosso se cambiaron pisos y muebles, puso sillas masajeadoras y lámparas con luces relajantes. También compró cuadros de hasta $ 10 millones y costosos tapetes. Los contratos de remodelación, dice la Contraloría, costaron más de 550 millones de pesos.

También se cuestiona que en el 2015 Grosso autorizó el gasto de 218 millones de pesos para unos talleres a los que asistieron directivos de la EPS que se alojaron en el hotel Tequendama. “Se evidencia una posible acción antieconómica, teniendo en cuenta que estos contratos se suscribieron cuando la entidad atravesaba por una situación crítica”, dice la auditoría.

Y aunque el Ministerio de Salud en su momento defendió a Grosso y dijo que el supuesto detrimento patrimonial por al menos 80 mil millones que le endilga la Contraloría obedecía a una “confusión contable”, lo cierto es que el excontralor Edgardo Maya le pidió en su momento al fiscal Martínez que investigara al polémico exinterventor.

La exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Katherine Carrascal.

Agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron a la exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Katherine Carrascal.

El grupo de Trabajo Especial de Salud logró establecer la existencia de una presunta red delincuencial conformada por al menos cuatro personas quienes se habrían concertado para manipular el sistema de salud valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector.

Las investigaciones adelantadas por el ente acusador permitieron determinar a través de copiosa prueba documental y más de 500 audios que para el año 2016 la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS.

A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal Cantillo y varios exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado de la rama ejecutiva y legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector.

Los análisis adelantados por los investigadores demostrarían como durante el segundo semestre de 2016 y todo el 2017, esta red habría permeado la administración de salud en Colombia mediante el acceso a información oficial privilegiada y el direccionamiento de trámites administrativos que cursaban en la Superintendencia.

Las irregularidades que se habrían cometido son:

Agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales.

Proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados.

Incidir en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación.

Facilitar el incremento de población afiliada a las EPS en distintas zonas del territorio nacional con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado.

El 23 de enero de 2018, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación y ordenó la suspensión provisional por tres meses de la Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud por la presunta exigencia y recibo de dádivas a IPS de Cafesalud.

La Primera Delegada para la Contratación Estatal investigó, adicionalmente, el cobro de “coimas” para obtener la autorización y/o agilizar los trámites por parte de la Supersalud, de la modificación de la composición accionaria de las entidades del sector.

Para la Procuraduría la presunta interferencia en el trámite de la autorización de pagos a cambio de recibir prebendas “pone de manifiesto un posible caso de corrupción en la Superintendencia Nacional de Salud en cabeza de la investigada a quien como Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional al parecer le corresponde esa gestión en el trámite de liquidación de las EPS”. Como parte de la investigación se ordenó un estudio patrimonial de Carrascal.