A la Agenda Legislativa

Y a diferencia del gobierno de Juan Manuel Santos, en donde gracias al fast track se dio trámite más rápido a la agenda legislativa, el gobierno de Iván Duque tuvo que volver al procedimiento ordinario, en el que las reformas constitucionales deben ser votadas en cada cámara y no con sesiones conjuntas.

Por
ARGEMIRO PIÑEROS MORENO

La menguada plenaria del jueves pasado en el Senado fue levantada luego de un mensaje muy contundente: “Senadoras y senadores, tenemos de verdad una agenda muy apretada, la gran preocupación del Gobierno en el día de hoy es que podamos darle trámite a este proyecto porque ya vienen otros y tenemos mucho por hacer”.

La frase la dio la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien pedía de esa forma al Senado que le diera pronto trámite a votar la reforma política, que ya tenía una semana en esa instancia y quedaba con el péndulo del tiempo encima.

Esa preocupación de Gutiérrez es la que tienen cada año para esta época los ministros de esa cartera, pero en especial cuando está comenzando un nuevo gobierno, que es el momento legislativo en que se radican las reformas más fundamentales, como por ejemplo la política y judicial.

Y a diferencia del gobierno de Juan Manuel Santos, en donde gracias al fast track se dio trámite más rápido a la agenda legislativa, el gobierno de Iván Duque tuvo que volver al procedimiento ordinario, en el que las reformas constitucionales deben ser votadas en cada cámara y no con sesiones conjuntas.

Este trámite ordinario obliga a que las reformas política y judicial, como también la enmienda constitucional que eleva nuevamente a delito el secuestro y el narcotráfico en la negociación de un proceso de paz, tienen que ser votadas en 8 debates, 4 en primera vuelta y 4 en segunda vuelta.

De ahí el afán de la ministra del Interior, quien tiene claro que los cambios a la Constitución no se pueden hacer en sesiones extras, que solo están reservadas al trámite de las leyes, como seguramente va a pasar con la ley de financiamiento o más conocida como la reforma tributaria, la cual –según se ha dicho– la llevará en la semana que inicia el ministro Alberto Carrasquilla al Congreso.

En opinión del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, “los trámites de las iniciativas están algo lentos, a plenaria no han llegado los temas fundamentales con excepción de la reforma política, la cual la veo bastante enredada en el trámite de lo que debe seguir”.

REFORMA A LA POLÍTICA

Está en el segundo de los ocho debates. De salir esta semana de la plenaria del Senado, en donde está en dificultades por el tema de la lista cerrada, estaría llegando en dos semanas a la Cámara, es decir para la tercera semana de noviembre. En esa corporación debe cumplir su paso en Comisión Primera y luego ir a plenaria. Los tiempos le estarían alcanzando para que sea votada en su cuarto debate antes del 16 de diciembre.

Para el senador Motoa, en la reforma política “los temas se han venido modificando casi que sustrayéndose  de una verdadera reforma política, no tiene mayor impacto en lo que genera la política de los partidos”.

Más optimista al respecto es el senador del Partido Mira Carlos Eduardo Guevara, quien considera que esta semana se aprueba la reforma, incluyendo el tema complejo de la lista cerrada, que se daría no desde el 2019 sino desde el 2022.

Sin embargo, la segunda vicepresidente del Senado, Angélica Lozano (Alianza Verde), ve el trámite de esta enmienda constitucional muy complejo. “La veo enredada, lenta, las dos reformas grandes del Gobierno, la política y la judicial, las veo empantanadas. En el Congreso no hay consenso para la lista cerrada y lo que está buscando el Gobierno es salvarla ahorita, que pase de la plenaria pero con un falso apoyo. Está buscando, creo yo, que como en primera vuelta no se le niega un voto a nadie, lo que está haciendo es prolongar la agonía y diferir la derrota en un proyecto como este de la política”, sostiene.

REFORMA A LA JUSTICIA

Esta reforma constitucional apenas lleva el primero de sus ocho debates. A la plenaria del Senado apenas estaría llegando esta semana y por ahora aún no tiene ponencia para segundo debate. Si logra un trámite fluido estaría siendo votada en la segunda semana de noviembre. Luego deberá esperar quince días para que llegue a la Cámara, es decir en promedio la última semana de ese mes.

Con los tiempos muy apretados sería votada en la primera semana de diciembre, de no tener mucho debate iría a plenaria en la última semana de sesiones.

“El trámite de la reforma a la justicia fue muy accidentado en la Comisión Primera y por tiempos no creo que alcance a darse en la Cámara, creo que los tiempos no dan, así se quiera apoyar al Gobierno, pero los tiempos son demasiado precisos”, estima el senador Motoa.

En concepto de Angélica Lozano, “está empantanado porque el alma es que el presidente elija el fiscal general de la Nación directamente a dedo, que no le estorbe en la Corte, eso es un desequilibrio de poderes”.

OTROS PROYECTOS

Del grupo de reformas constitucionales que están aún pendientes de trámite hay dos que están relativamente muertas por falta de apoyo. La primera es la de ampliación de mandato a los actuales alcaldes y gobernadores, esto para que los tiempos de mandato sean parejos con el del presidente de la República.

El proyecto pasó a plenaria de la Cámara a su segundo debate, pero como lo señala el senador Carlos Fernando Motoa, será muy difícil que pase, porque el mismo es inconstitucional.

Tampoco avanzaría a su segundo debate la reforma constitucional que crea una sala especial para los militares al interior de la Justicia Especial de Paz, JEP, proyecto que es de autoría del Centro Democrático y acompaña el Gobierno, el cual tuvo ya su primera votación negativa en la Comisión Primera del Senado y no alcanzaría a ser aprobada.

Como ley normal y que se tramita con mensaje de urgencia, está la modernización del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es autoría del Gobierno Nacional. Igualmente, está el presupuesto bienal de regalías, el cual ya empezó a discutirse.

De la misma forma está en su trámite la ley que actualiza la llamada Ley de Orden Público, un tema que es fundamental para el Gobierno.

El llamado paquete de la consulta anticorrupción, no avanza muy bien. El proyecto de acto legislativo que restringe a tres periodos la presencia en una corporación pública se hundió en la plenaria de la Cámara, pero fue aprobado el tema en la reforma política. Hundido está prácticamente el proyecto que buscaba rebajar el salario de los congresistas, el cual también es reforma constitucional.

El mes y medio de sesiones ordinarias que le quedan al Congreso de la República estará muy apretado, días en que las negociaciones del Gobierno serán claves para lograr la aprobación de esta agenda.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Uno de los proyectos más relevantes desde que el presidente Iván Duque Márquez asumió su mandato ha sido el de la reforma política, que propone un cambio “democrático” en los partidos políticos para la escogencia de sus candidatos, este fue coordinado por el Ministerio del Interior, en cabeza de su ministra, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

La Ministra aseguró que ha sido un proceso complejo porque en el Congreso todos piensan en lo más conveniente para cada partido político.

 “Estamos trabajando en ello, el presidente Duque tiene un compromiso y una obsesión con la lucha contra la corrupción, cuando fue senador presentó varios proyectos que no le pasaron y dijo que tenía que impulsarlos desde el Gobierno. En su momento se criticaba porque iban unos temas contenidos en la consulta anticorrupción, pero él la apoyó. Hizo la mesa técnica y convocó a todos los partidos y al Gobierno. Le dejó la tarea al Ministerio de coordinar qué proyectos se presentarían”, indicó la ministra del Interior.

De allí salieron los ocho proyectos que fueron radicados al Congreso y que surten su trámite. “Aspiramos a que estos proyectos, en su mayoría, salgan de aquí al 16 de diciembre, pero si no es posible se puedan aprobar en el primer semestre del próximo año”, resaltó Gutiérrez Castañeda.

Pero no fue el único trámite al que le hicieron acompañamiento, sino también a la reforma a la Justicia, otra de las más comentadas y que ya avanza en el Congreso. Este proyecto acumuló iniciativas del Gobierno, y de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical; y también irá a la plenaria del Senado la próxima semana.

Aunque es un compromiso personal del presidente que estos dos proyectos salgan adelante, desde este ministerio trabajan para un resultado positivo.

 “Nos ha tocado estrenar un sistema y es la Ley de Oposición, porque nunca antes se le exigía a los partidos que se pronunciaran si eran de oposición o del Gobierno, ahora expresamente tuvieron que hacer ese pronunciamiento por primera vez. Entonces, el Gobierno cuenta con cinco partidos que se declararon de Gobierno, pero la realidad es que en los partidos hay divisiones, entonces eso hace mucho más difícil el manejo de la relación del Gobierno con el Congreso”, destacó la jefe de la cartera.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y contra la administración pública se incorporarán en el proyecto anticorrupción que lidera la Fiscalía y que recogió varias iniciativas, entre esas, dos de la mesa anticorrupción. En palabras de la ministra estas son muy importantes y saldrán aprobadas del Congreso la próxima semana.

Uno de los proyectos recoge que cuando el representante legal o los directivos de una empresa son condenados por actos de corrupción, de inmediato la empresa queda inhabilitada para contratar con el Estado. “El contrato que esté en curso se suspende, hay caducidad del contrato y no hay indemnización”, explicó Gutiérrez Castañeda.

Y finalizó con el otro proyecto que acabaría con todos los privilegios o beneficios de penas para quienes son condenados por actos de corrupción. Igualmente, este añade que si hay una persona vinculada con corrupción que se acoge a un principio de oportunidad o algún beneficio de colaboración con la Fiscalía, como mínimo, debe devolver el 50 % de lo sustraído al erario.

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