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Procuraduría pidió medidas cautelares para recuperar la bahía de Santa Marta
En la acción, interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Ministerio Público pidió que se declaren vulnerados los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la región a gozar de un ambiente sano, un equilibrio ecológico y un manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
La Procuraduría General de la Nación instauró una acción popular para que las autoridades ambientales adopten las medidas necesarias encaminadas a lograr la descontaminación y recuperación de la Bahía de Santa Marta.
En la acción, interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Ministerio Público pidió que se declaren vulnerados los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la región a gozar de un ambiente sano, un equilibrio ecológico y un manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
La acción fue instaurada contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la Dirección General Marítima, DIMAR, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpomag, la Alcaldía de Santa Marta, el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental de la capital del Magdalena, DADSA, y Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.
Entre las medidas cautelares solicitadas, el Ministerio Público pidió al Tribunal que ordene a la ANLA, a Corpomag y al DADSA exigir a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, que suspendan de manera inmediata sus vertimientos a los cuerpos de agua de la bahía y que inicien los procesos sancionatorios que sean pertinentes.
La Procuraduría solicitó también ordenar a la Dirección General Marítima que inspeccione y controle de forma integral la operación de los buques de carga y comerciales, para impedir que hagan vertimientos de cargas contaminantes y altamente tóxicas en el área de influencia de la bahía.
También pidió al Tribunal ordenar a Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P. que presente y obtenga la aprobación del Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos, o lo ajuste si es del caso, en cumplimiento de la normatividad legal establecida para los prestadores del servicio público de alcantarillado, sujetos al pago de la tasa retributiva.
Entre las pruebas solicitadas, el Ministerio Público pidió la realización de una inspección judicial con intervención del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Invemar, para verificar el estado de los vertimientos y su procedencia; así como la toma de muestras para evaluar la calidad del agua y determinar las causas que están originando las graves afectaciones ambientales a los ecosistemas marinos en la bahía de Santa Marta.
