Nueva alerta de la defensoría ante la crisis humanitaria del Pacífico

En el momento en que la Defensoría del Pueblo hace un recorrido por el Pacífico colombiano para verificar la situación de derechos humanos y verificar las situaciones de habitabilidad de los pobladores, se conoce un documento de la entidad sobre la alerta temprana que elevaron a diferentes organismos del orden nacional para mitigar las difíciles condiciones de la región.

El documento está dirigido a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la que le detallan el riesgo de por lo menos 12.800 personas que habitan las veredas circundantes de los consejos comunitario Yurumanguí, Cajambre, Raposo, Mallorquín y Anchicayá.

En el documento exponen que tras la firma del Acuerdo de Paz se “reconfiguran nuevas estructuras armadas, cuya pretensión es detentar el control poblacional, territorial y económico y, de tal forma, controlar toda la cadena ilícita del narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal”.

En esa disputa hay dos actores identificados: el frente Fuerzas unidas del Pacífico y la columna móvil Jaime Martínez que han generado afectaciones a la población afrodescendiente.

Uno de los hechos que relata la Defensoría del Pueblo en el documento hace referencia a un crimen perpetrado el 16 de septiembre de un hombre señalado de pertenecer a las disidencias de las Farc y que aparecía relacionado en un panfleto intimidatorio que había circulado dos días antes.

La misiva hace referencia a la alerta que en junio pasado fue enviada al entonces jefe de la Cartera política, Guillermo Rivera en la que se elevaban varias recomendaciones al Gobierno Central.

La violencia es una de las múltiples preocupaciones por parte de la entidad, por lo que exhorta a la Policía y al Ejército a que se planeen operaciones de registro y control para contrarrestar el accionar de los grupos al margen de la ley, especialmente los asentados en la región del Naya.

“Reforzar los dispositivos de seguridad y protección en zonas estratégicas de la subregión del Naya, valorando la ubicación efectiva de puestos de control, el aumento de las labores de inteligencia y de las operaciones de registro y control de la Fuerza Pública con el fin de neutralizar el accionar de estructuras disidentes de las FARC – EP y grupos de narcotraficantes, para conjurar, mitigar y prevenir el riesgo de que se presenten nuevos hechos de violencia”, es uno de las recomendaciones que se hacen.

Las investigaciones adelantadas por el organismo dan cuenta de que el reclutamiento de menores de edad se está presentando de manera latente en la zona y son usados como mensajeros o para buscar información.

De igual forma, denuncian en su alerta temprana los constantes enfrentamientos entre esos grupos por hacerse al control de las vías del narcotráfico toda vez que para los capos la región es uno de los corredores estratégicos para sacar la droga a los corredores fluviales.

 

Bogotá Colprensa