´Gobierno le apuesta a la resocialización carcelaria´

Para superar la grave situación de hacinamiento carcelario, el Ministerio de Justicia y del Derecho cumple con su obligación de servir como articulador con los entes territoriales.

Durante el debate de control político que sobre hacinamiento carcelario se cumplió en la Comisión I del Senado de la República, la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, señaló que su cartera trabaja con el fin de desarrollar una política criminal adecuada y coherente para el país. Igualmente, indicó que tanto las autoridades nacionales como las regionales deben ser responsables respecto a sus obligaciones con las personas que se encuentran condenadas o sindicadas.

 “Es necesario construir una política criminal coherente, y para ello debemos superar obstáculos como el populismo punitivo, el cual ha llevado a tomar decisiones irracionales en materia penal y penitenciaria, rompiendo los códigos Penal y de Procedimiento, desconociendo los impactos fiscales y contrariando principios constitucionales como la proporcionalidad y última ratio”, dijo la alta funcionaria.

La titular de la cartera de Justicia manifestó que es importante concientizar a los jueces del país sobre la situación carcelaria para que se decida oportunamente sobre la libertad de los procesados y condenados cuando tienen derecho a ella.

Borrero Restrepo indicó que actualmente hay 186.938 personas privadas de la libertad, incluidas las que están en detención domiciliaria, con vigilancia electrónica y en centros de reclusión militar. De estas, 119.125 se encuentran en centros carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); el 68% -un poco más 79.000- están condenadas; y las sindicadas son poco más de 44.000, es decir, el 34%.

 “Es importante señalar estos porcentajes, pues los condenados -el 68%- son responsabilidad de la Nación; mientras que los sindicados -el 34% restante- corresponden a los entes territoriales que pueden construir centros de reclusión para sindicados o celebrar convenios con el INPEC para cumplir con dicha responsabilidad”, aseguró la Ministra.

Para la alta funcionaria resulta de vital importancia hallar un mecanismo que de manera pronta y sin la rigidez de los largos procesos contractuales, permita la consecución y disposición de recursos para aumentar los cupos carcelarios. “Estamos buscando el mecanismo constitucional que lo permita porque esto es urgente y prioritario”, anotó.

Así mismo, afirmó que es necesario vincular al sector privado, al voluntariado y a los entes territoriales para que trabajen por la resocialización y el tratamiento de los pospenados. “Me gustaría dejarle al sistema penitenciario un poco de humanidad frente al tratamiento de los internos. Vamos a desarrollar una campaña de concientización de la ciudadanía acerca la política criminal y penitenciaria, enfocada en alternativas diferentes a la pena. Por ejemplo, en la justicia restaurativa”, señaló.

Borrero Restrepo finalizó su intervención afirmando que la gran meta es aumentar en más de 8.000 los cupos carcelarios con infraestructura fija, y construir cerca de 5.000 en ciudadelas móviles a partir de materiales livianos, que cumplan con los estándares exigidos de calidad y seguridad.

 “Desarrollaremos un ejercicio serio de concientización que permita vincular al sector privado, las universidades y la ciudadanía en general para que todos aportemos en este gran pacto por la resocialización y la reinserción”, puntualizó.

El senador Miguel Ángel Pinto aseguró que no hay una política seria por parte del ejecutivo para solucionar el problema de sobrepoblación carcelaria. “La crisis carcelaria ya tocó fondo y, por ejemplo, el fiscal general ya alertó sobre los problemas de hacinamiento porque ya no hay lugar en donde tener a los reclusos y se están teniendo que usar las estaciones de Policía para tener a los presos”.

Agregó que en el presupuesto de 2019 se redujo el número de recursos para este sector y que les preocupa esa decisión porque será prácticamente imposible construir más cárceles.

 “Queremos que el Gobierno nos explique cuál será la política con la que se tratará este tema y las medidas de choque para afrontar la crisis. Faltan nuevos centros carcelarios y en el presupuesto para 2019 se redujo y eso preocupa bastante”, dijo el legislador”.

Según el legislador liberal otro factor que incide en el hacinamiento es el retraso existente para resolver las situaciones jurídicas de los procesados y que por ese concepto hay demandas que suman $23 billones en acciones que se han tomado contra el Estado.