´No hay plata para pagar las millonarias sentencias contra la Nación´: Contralor

Los estudios de la Contraloría indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB, donde a los 32 departamentos les corresponde $10,2 billones y a los 1.102 municipios $25,2 billones, indicó el contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

El pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB.

 

En momentos en que se discute la estabilidad fiscal del Estado colombiano, los estudios de la Contraloría General de la República sobre las demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional muestran un panorama desolador, con unas cifras de pagos completamente alarmantes y un hecho grave: no hay recursos suficientes para cumplir con estas obligaciones, aseguró hoy el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Los estudios de la Contraloría indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB, donde a los 32 departamentos les corresponde $10,2 billones y a los 1.102 municipios $25,2 billones, indicó.

Y mientras esto sucede, los intereses, exigibles a partir del décimo mes después de proferida una sentencia, siguen creciendo de manera desbordada. “Eso explica por qué, por ejemplo, de cada 100 millones de pesos que paga por condenas una institución como la Policía Nacional, 35 millones corresponden a intereses”, precisó.

El Contralor habló en la instalación del Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación.

Córdoba Larrarte recordó que, al comenzar el 2018, el sector Defensa, Justicia y Seguridad -el más impactado por las condenas contra la Nación- debía exactamente 5 billones 407 mil 488 millones de pesos por concepto de sentencias y conciliaciones.

Y, pese al monto de las obligaciones, equivalente a cerca del 40 por ciento de lo que el Gobierno aspira a recaudar con la Ley de Financiamiento que ha comenzado su trámite en el Congreso, el Presupuesto Nacional sólo apropió para esta vigencia $919.273 millones para todas las entidades afectadas por condenas y pretensiones, suma que solo serviría para atender el 17% de lo adeudado por el sector defensa.

En el caso de las entidades de este sector, los intereses moratorios han estado bordeando los 2 billones de pesos y eso ha hecho que quede pendiente el total del capital, que era de $3,6 billones.

“La perspectiva es necesariamente crítica si tenemos en cuenta que el Ministerio de Defensa encabeza la lista de las diez entidades del orden Nacional con mayores pretensiones registradas contablemente a diciembre de 2017, con $1.2 billones, que corresponden al 26% del total ($4,9 billones)», finalizó el Contralor.

FORTALECER EL ORGANISMO

De otro lado, el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se busca reformar el sistema de control fiscal y crear un nuevo modelo preventivo frente a la corrupción en el país.

«Una de las herramientas del control preventivo y concomitante es la función de advertencia y la gerencia de riesgos, que le permitirá a la Contraloría actuar de forma inmediata y con sentido de urgencia ante un riesgo de daño patrimonial, ejecutando auditorías en tiempo real», indicó Córdoba.

De acuerdo con el funcionario, con este proyecto se logrará hacer un seguimiento en tiempo real y de forma especial al riesgo de daño patrimonial que se evidencie en una entidad, en defensa y protección del patrimonio público y sin que ello se constituya en un control previo.

 “Se trata de actuar en tiempo real frente a las fuentes y usos del recurso público y no de manera póstuma, cuando ya el daño se materializa”, explicó el jefe del organismo de control.

En ese sentido, el proyecto contempla asignar facultades jurisdiccionales a las contralorías, para optimizar el proceso de responsabilidad fiscal y que la Contraloría pueda realizar una intervención cuando se presente evidencia de falta de objetividad e imparcialidad o ausencia de capacidad técnica para el ejercicio de las funciones de las entidades regionales.

«La idea central es que se ponga en marcha un modelo integral de protección y defensa del patrimonio público, de tal manera que las contralorías no sigan siendo notarios del daño público y se limiten a registrar su ocurrencia e intentar el respectivo resarcimiento a través de un proceso dispendioso, complejo e impredecible, donde los casos de mayor cuantía e importancia son sometidos al posterior escrutinio de la jurisdicción contenciosa administrativa», indicó el funcionario.

Otro de los aspectos que se contemplan es que los investigadores puedan tener facultades de jueces con el objetivo de que se pueda realizar un adecuado manejo probatorio y que a través del uso de esas facultades se pueda «garantizar los principios fundamentales de imparcialidad, doble instancia, celeridad, especialidad y seguridad jurídica, propios de los procesos jurisdiccionales».