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Dolor de cabeza del Gobierno y el rechazo de los colombianos

Las voces de rechazo se han hecho sentir desde diferentes sectores de la sociedad empezando por los ciudadanos, la academia, los gremios, los trabajadores y hasta el propio Congreso de la República, ya que no existe un buen ambiente frente a la propuesta de gravar casi toda la canasta familiar con el 18 %, por el impacto que esto tendría para la clase media y los sectores con menos ingresos del país.

Por
CRISTIAN RUIZ.

El gobierno del presidente Iván Duque Márquez enfrenta en sus primeros tres meses de mandato uno de los temas más polémicos de su administración con la ley de financiamiento, con la que se busca cubrir el déficit presupuestal del 2019, pero con propuestas que no han caído bien en diferentes  sectores del país, como la de extender y unificar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) al 80% de la canasta familiar.

Las voces de rechazo se han hecho sentir desde diferentes sectores de la sociedad empezando por los ciudadanos, la academia, los gremios, los trabajadores y hasta el propio Congreso de la República, ya que no existe un buen ambiente frente a la propuesta de gravar casi toda la canasta familiar con el 18 %, por el impacto que esto tendría para la clase media y los sectores con menos ingresos del país.

El presidente Duque reconoció que este tema es complejo, pero manifestó la necesidad de que exista un debate serio y constructivo frente al proyecto, que permita llegar a consensos sobre cómo se pueden conseguir los recursos adicionales para financiar, principalmente, los programas sociales del próximo año.

 “La tarea que tenemos ante nosotros es poder llegar al Congreso de la República y tener un debate muy sano, muy sereno y, al mismo tiempo, constructivo, porque, sabiendo que se necesitan estos 14 billones, se trata de identificar las opciones que permitan ese financiamiento”, indicó Duque.

De esta forma, el Gobierno Nacional abrió el debate para escuchar diferentes propuestas y mirar su viabilidad en materia de recaudo, a pesar de que seguirán defendiendo el proyecto en el Congreso.

Precisamente, en el Congreso varios sectores de oposición, independientes e incluso de gobierno han manifestado que la iniciativa no es viable por su impacto en la clase baja y media del país, y han venido surgiendo una serie de propuestas además de pedirle al primer mandatario evaluar otras alternativas.

El partido Centro Democrático, por ejemplo, anunció que no acompañará la idea de gravar la canasta familiar. De hecho, desde este partido han surgido varias propuestas como que no se grave la totalidad de la canasta familiar o que la tarifa no sea del 18 % sino menor a esa cifra.

El presidente de la Comisión Tercera y representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, reconoció que el Gobierno está en una situación complicada en materia presupuestal y que ya han salido varias propuestas para conseguir los recursos faltantes.

“Nosotros apoyamos al Gobierno pero en causas justas y nos parece que gravar la canasta es inconveniente para el país. Dentro del Centro Democrático hay varias propuestas: hay unos que prefieren una tarifa del 15 % o del 12 %; también ha surgido la propuesta de gravar algunos productos que están exentos o de quitar 25 productos de la propuesta del Gobierno que causen menos impacto social, pero son cosas que tenemos que estudiar”, indicó Pérez, quien aseguró que también se debe fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos en el país.

Por el partido Liberal, el senador Luis Fernando Velasco aseguró que la colectividad no acompañará la propuesta del Gobierno ya que no se puede entender que en un país que tiene altos niveles de desigualdad se proponga una iniciativa que tendrá un impacto en la clase media y popular del país, a costa de seguir dando unos beneficios a otros sectores.

 “Lo que nosotros hemos estudiado es que la desfinanciación del Gobierno en el presupuesto del 2019 no supera los 7 billones de pesos y estamos dispuestos a hablar sobre esta cifra, pero nuestra línea roja es cero IVA a la canasta familiar”, indicó Velasco.

¿Pero de dónde pueden salir estos recursos faltantes? Para el Senador, se pueden tocar algunas exoneraciones que hoy se tienen, con las que se podrían conseguir 3 o 4 billones de pesos. “Además, podríamos mirar si en las utilidades de Ecopetrol, con un petróleo que se va a mantener por los 70 dólares, tenemos la posibilidad de conseguir los recursos faltantes”, explicó Velasco.

Con esta postura coincidió el senador David Barguil del Partido Conservador, quien indicó que no votarán el IVA a la canasta familiar como lo contempla el proyecto, pero reconoció que el país necesita de unos nuevos y mayores recursos para poder cumplir con los compromisos sociales, por lo que la colectividad plantea otras alternativas diferentes a afectar el bolsillo de los colombianos a través del IVA.

 “Hemos planteado alternativas claras y posibles sin tocar el IVA y es que los socios de las empresas, cuando repartan utilidades, se les cobre el impuesto de dividendos y que aporten para la financiación del gasto público. También creemos que el sector financiero, que tanto se ha beneficiado de la política económica de este país, puede ser gravado con mayores recursos. Además, podemos pensar en el sector petrolero, ya que con el aumento en el precio del barril tendremos mayores ingresos en el 2019, por lo que se puede realizar una mayor distribución de las utilidades de Ecopetrol para que esos recursos le entren al Gobierno Nacional”, explicó Barguil.

Sin embargo, por el lado de la oposición, la postura ha sido más fuerte, ya que además de rechazar más impuestos para los colombianos, han pedido al Gobierno que retire el proyecto de financiamiento y que contemple el retiro del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por las propuestas que ha venido haciendo en materia económica.

El senador del Polo Democrático, Alexander López, aseguró que la clase media y baja, los trabajadores y los pensionados de Colombia no pueden pagar la ineficiencia del Estado, la cual se viene dando a través de la corrupción que se lleva 50 billones de pesos al año y con una serie de exenciones tributarias que superarían los 72 billones de pesos y de donde podrían salir los recursos faltantes.

“Hay una serie de beneficios al sector financiero, a la minería, que bien podrían asumir el faltante de recursos que tiene el Estado. También tenemos otras fuentes como el contrabando, el cual le quita al país cerca de 18 billones de pesos, que nos podrían ayudar a financiar el presupuesto. Por eso creemos que no hay una administración eficiente y no vemos por qué tienen que gravar a los más pobres y los de ingresos medios con un IVA a la canasta familiar, condenándolos a una mayor pobreza y precariedad”, indicó López.

A este planteamiento se sumó Velasco, quien aseguró que “los grandes beneficiados de las políticas económicas del país en los últimos gobiernos han sido los especuladores de tierra o de dinero como el sector financiero y la gran minería, y por eso creemos que ellos deben tocarse en este momento el bolsillo y ayudar al país”.

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía, aseguró que el núcleo de esta reforma tributaria es el recaudo por vía del IVA, por lo que va ser muy difícil reemplazar completamente las metas de recaudo con otras medidas. No obstante, reconoció que hay varios elementos sobre la mesa que deben ser discutidos para poder generar una flexibilidad de esta discusión en el Congreso.

 “Hay algunas cosas que se podría poner sobre la mesa y es que no se está haciendo mucho en materia de las rentas de capital, por ejemplo, gravar con unas tasas más altas los dividendos porque podríamos pensar que hay un espacio para hacer esto y darle una mayor progresividad a ese impuesto. También hay que evaluar la pertinencia de tener estas grandes exenciones para sectores importantes que podrían generar perforaciones en el recaudo”, explicó Mejía.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) aseguró que la administración Duque atraviesa por una coyuntura fiscal supremamente complicada, pero indicó que la propuesta de financiamiento tiene elementos negativos en materia de recaudo como la reducción de la tasa general del IVA del 19 % al 17 % (2019-2022) y la reducción de la tasa corporativa del 33 % al 30 %, ya que drenarían el recaudo y no lo impulsaría.

“Lo que requiere Colombia en la coyuntura tributaria actual es apuntarle a incrementar el recaudo en al menos un 1,5 % del PIB a través de dejar inalterada la tasa corporativa en el 33 % y taponando las excesivas prebendas; elevar el gravamen del IVA de las posiciones que están en un 0% y un 5% hacia el 19%, pero sin entrar a gravar el 30% de la canasta básica que hoy está exenta”, opinó la Anif.

Para la Asociación, además, “se debe desplazar al alza toda la curva de imporrenta de las familias en 3 puntos porcentuales, lo cual implicaría empezar a gravar a tasas bajas del 1 % y 2 % ingresos de 4 millones mes y llevando esa tasa efectiva a cerca del 25 % para hogares ricos de 50 millones de pesos mes”, agregó la Anif.

Luis Fernando Mejía también consideró que después de todo el desgaste que tuvo el haber subido la tarifa del IVA del 16 % al % 19 %, no ve un espacio fiscal para reducciones de la tarifa, ya que un punto del IVA da más o menos dos billones de pesos al año.

“Lo que uno ha escuchado y podría ser una alternativa es que el aumento de la tarifa no sea inmediato sino que se pueda modular, por ejemplo en dos años, o que también no se haga a una tarifa general sino intermedia. Lo cierto es que hay unas posibilidades y alternativas sobre la mesa y el Gobierno tendrá que evaluar esto y tener el liderazgo para dar una discusión que beneficie al país”, indicó Mejía.

El docente del Colegio de Estudios Superiores en Administración (CESA), José Roberto Acosta, indicó que además de eliminar las exenciones y beneficios tributarios a las empresas mineras y algunas compañías que eluden el pago de impuestos a través del sistema tributario, también se debería pensar en los paraísos fiscales, lo cual permitiría recaudar unos recursos importantes.

“Hay otros aspectos importantes y es declarar a Panamá y a otros países como paraísos fiscales, a pesar de los acuerdos de cruce de información, y esto implicaría que con el recaudo o la tarifa de impuestos sobre capitales que no han sido declarados, que se calcula son 70.000 millones de dólares, se pueda fácilmente recaudar 9 billones de pesos en el corto y mediano plazo. Creo que la lucha frontal contra la evasión técnica en los paraísos fiscales podría ser un punto clave, ya que ningún Gobierno le ha hecho frente a este tema”, explicó Acosta.

Lo cierto es que a la ley de financiamiento le esperan días complejos en el Congreso de la República, donde su futuro seguramente dependerá de qué tanto el Gobierno está dispuesto a ceder en su propuesta inicial, porque –según reconocen la mayoría de sectores– difícilmente la iniciativa pasará en su forma original.

 “Ya todos los partidos se han expresado, desde la oposición, independientes y de gobierno, y no existe un ambiente para pensar en que se le cobre el IVA  a los bienes básicos de la canasta familiar y creo que el debate debe avanzar. Es claro que el Gobierno necesita una reforma para cumplir el déficit y que ponga a crecer la economía del país, por eso espero que el presidente escuche las propuestas que venimos haciendo para poder reemplazar los ingresos que contemplan con el IVA, con otros que paguen los colombianos y empresas de grandes ingresos y no los de la clase media y popular del país”, puntualizó el senador Barguil.

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