Fuerza pública y uso de la fuerza

Un ”estudiante” lanza una bomba incendiaria a unos policías; un indígena pone un machete en el cuello de un soldado. Ninguno reacciona. Elementos comunes: miembros de la fuerza pública son atacados por “civiles”, su vida e integridad física se pone en riesgo, no usan la fuerza para protegerse, huyen ante la agresión, no se captura a los atacantes. Los ataques no tienen consecuencias. Se puede agredir con impunidad, impunidad que invita a la repetición de las agresiones.

En cualquier otra democracia los policías y los soldados neutralizarían a los atacantes y, si su vida o integridad física, o las de los ciudadanos se viera amenazada, usarían sus armas de manera sostenida hasta asegurar que la agresión no continuará.

Le he preguntado a generales, soldados y agentes la razón para que no usen la fuerza en esas circunstancias. Los oficiales responden que no lo hacen “por prudencia” y porque “el uso de la fuerza debe ser proporcional”. Soldados y policías porque, dicen, los suspenden de sus cargos, los investigan, los expulsan y terminan privados de la libertad.

Los generales parten de dos errores conceptuales. Por un lado, frente a esas agresiones no solo es “prudente” sino que es un deber usar la fuerza. Militares y policías no solo tienen derecho a la legítima defensa frente a una agresión, como cualquier colombiano, sino que deben usar la fuerza si es necesaria para proteger la vida, integridad, libertad y bienes de los demás ciudadanos, y para asegurar el cumplimiento de la Constitución y la ley. ¡Esa es su función!

Por el otro, la proporcionalidad en el uso de la fuerza no se mide por un ejercicio comparativo de armas sino por el potencial daño del ataque y no requiere que la agresión sea actual sino que sea o se presuma inminente. De manera que cuando la vida o la integridad física se vean amenazadas, los miembros de la fuerza pública están legitimados para usar fuerza potencialmente letal para neutralizar el agresor.

La respuesta de los soldados y agentes refleja dos realidades: una, el miedo con que actúan, o en este caso, dejan de actuar; dos, las fallas institucionales tanto en las Fuerzas Militares como, en especial, la Policía, que permite suspender a quien que use la fuerza mientras que es investigado; y del sistema judicial, que al desmontar la justicia penal militar, los dejó en manos de quienes no tienen idea del derecho operacional.

Es necesario un cambio cultural para que a los policías y soldados se les respete y se les “tema”. Es indispensable capacitarlos con precisión para el uso de la fuerza.

Y urge modificar el sistema judicial para recuperar el fuero militar y para que se persiga y sancione severamente a quienes agredan a la Fuerza Pública. Hay que poner fin al caos y la impunidad. Hay que recuperar la seguridad para todos.

*Abogado y analista político