“Con licencia para matar”, el cuestionado plan de Bolsonaro

No todos los brasileños votaron por Jair Bolsonaro por sus comentarios racistas u homofóbicos, muchos lo hicieron preocupados por la situación de seguridad en Brasil, convencidos de que en manos de un exmilitar podría cambiar una sociedad cuya tasa de homicidios viene en aumento desde 2010, al punto de ser en 2017 la segunda más alta de Suramérica (ver infográfico), solo por debajo de Venezuela.

Dicho esto, ¿qué tan sólida es la propuesta de seguridad del ahora presidente electo? Según varios analistas y datos de los últimos años, no tanto. El plan de Bolsonaro consta de tres puntos principales: libertad para la circulación de armas, aumento de la capacidad carcelaria y exención de investigación para los policías que maten a una persona en el “ejercicio de su labor”.

Para Pablo Nunes, investigador del Observatorio de Seguridad de Río de Janeiro, el discurso de Bolsonaro frente a la violencia tiene más de “pautas corporativas” para quedar bien ante sus electores, que de soluciones. “No toca problemas graves como la falta de integración entre la policía y la investigación o la ausencia de un órgano que reúna las estadísticas criminales del país”, señala.

 

Riesgo para los más pobres

En 2017, 14 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales cada día, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. La política de exterminio policial en este país tiene antecedentes en la dictadura militar, en las décadas de los sesenta y setenta, a través de escuadrones con autorización para matar. Pero, aunque abolida oficialmente, permanece de forma sutil.

Un informe de esta semana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la represión policial discrimina sus víctimas. Los afrodescendientes, por ejemplo, tienen 52% de más probabilidad que el resto de personas de perder la vida en intervenciones policiales.

El proyecto de Bolsonaro, en una sociedad con 92 % de impunidad, sería “un riesgo para los más pobres, para las personas que viven en las favelas”, según señala la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ana Luiza Matos.

 

Cuestionado, pero popular

No es la única propuesta cuya efectividad es puesta en duda por las cifras. También se ha criticado aquella que busca reformular el Estatuto del Desarme de 2003, el cual limitó el porte de armas de fuego a guardias municipales, agentes de seguridad privada, entre otros. Datos del Instituto de Investigación Económica Aplicada señalan que más de una década después de la aplicación del estatuto se han reducido los homicidios 12,6 % y que la cantidad de asesinatos aumenta proporcionalmente con la cantidad de armas en circulación.

Para el analista político brasileño Iván Godoy, más allá de las cifras, la indignación de gran parte de la población del país ante los asesinatos que vienen en aumento, hacen que propuestas como las del presidente electo tengan eco en la población, en especial entre sus electores. “Como Trump, Bolsonaro está cumpliendo con sus promesas”.

Godoy prevé una batalla judicial en torno a la constitucionalidad de estas propuestas, en la que el presidente tendría que ceder para hacerlas aceptables por el Parlamento. En la otra disputa, la de la opinión pública, seguiría llevando la ventaja

 

El Colombiano