Se ´agita´ escándalo de Odebrecht tras revelaciones de testigo clave

El Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira emitió un comunicado en condición de ciudadano más no como fiscal general, toda vez que las actuaciones denunciadas datan de la época en la que fungía como apoderado del grupo económico.

A la novela de Odebrecht en nuestro país se le suma un nuevo capítulo que incluye unas polémicas declaraciones que involucran al actual fiscal Néstor Humberto Martínez y que fueron dadas por una persona que hace cinco días murió de un infarto. Se trata de Jorge Enrique Pizano, quien en agosto pasado le entregó una serie de pruebas a Noticias Uno para que fueran reveladas en dos escenarios: cuando estuviera con protección en el exterior o en caso de que muriera. Pasó lo segundo.

Jorge Enrique Pizano era la persona encargada del control financiero en la firma Corficolombiana, que se alió con Odebrecht para conformar el consorcio Ruta del Sol II. En sus declaraciones, grabadas en agosto pasado, señaló que Martínez Neira, para ese entonces abogado del Grupo Aval, tenía conocimiento de los sobornos que la brasileña estaba entregando para quedarse con las obras de ese tramo vial.

Pizano reveló que le informó a Martínez de las sospechas de las coimas. “A raíz de eso se hace una reunión con el vicepresidente contralor del Grupo Aval, donde se presentan las evidencias claras y concretas de los contratos que no habían cumplido los procedimientos de contratación charladas y, posteriormente, ellos realizan reuniones con Odebrecht, en las que no participo yo, para que les aclare estas situaciones y eso concluye con una modificación de los estatutos de la concesionaria como el consorcio constructor”.

Añadió que aunque Néstor Humberto no hizo parte de esos encuentros, sí tenía conocimiento de lo que allí se habló.

“Yo se lo informo personalmente”, aseguró Pizano y agregó que hizo lo propio con altos ejecutivos de la concesionaria que fueron designados por Corficolombiana.

“Todas las reuniones están perfectamente documentadas, incluso en audios (…) yo no hago especulaciones. Mis declaraciones siempre las hago porque tengo prueba de cada una de mis actuaciones, que las hice de acuerdo a lo ordenado por la ley”, enfatizó el testigo.

A la par con la entrevista, Pizano entregó una serie de audios que son de una conversación que tuvo con el abogado Martínez Neira, en su momento, en la que le advierte de una serie de irregularidades financieras y contractuales.

Tras estos señalamientos, Martínez Neira emitió un comunicado en la mañana de este martes, en condición de ciudadano más no como fiscal general, toda vez que las actuaciones denunciadas datan de la época en la que fungía como apoderado del grupo económico.

En el tercer punto, el hoy fiscal manifiesta que tras conocer las pesquisas que Pizano preparó “de manera inmediata el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación (…) con base en la cual los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al Consorcio Ruta del Sol la suma de 33.000 millones de pesos de los contratos cuestionados”.

Posteriormente, Martínez señala que le fue “confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasilera no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo- habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro”.

DESDE EL CONGRESO

Frente a las grabaciones que comprometen al fiscal Martínez Neira, en el Congreso se dieron varias voces, como la del senador Germán Varón, quien señaló que “con respecto a los hechos particulares, de lo que tiene que ver con Odebrecht, entiendo que hay un fiscal ad hoc, ya las minucias del proceso no las conozco, creo que con la existencia de un fiscal ad hoc es suficiente”.

A su turno, el excandidato presidencial Gustavo Petro sostuvo que “los hechos demuestran que tanto el socio de Odebrecht como su abogado, el hoy fiscal, sabían del tema desde 2015, de los delitos cometidos”.

Para el presidente del Senado, Ernesto Macías, “lo que está ocurriendo es muy grave. Yo soy un denunciante. Yo denuncié a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, eso lo archivaron muy pronto. Ahí hay problemas. Yo no soy quién para pedir renuncias, pero la situación es demasiado delicada, es una situación muy grave, esperemos que sea el mismo fiscal el que le diga al país qué hay que hacer”.

El senador de la U Roy Barreras sostuvo que “todo lo que tiene que ver con Odebrecht es oscuro y seguramente la opinión pública requiera muchas más claridades. Solo tengo una pregunta médica que no he podido resolver, es que hay una especie de epidemia de muertes repentinas, porque el señor testigo se murió de muerte repentina y dos días después su hijo se murió de muerte repentina. Espero que no haya más muertes repentinas”.

Finalmente, Jorge Enrique Robledo, uno de los más constantes opositores del fiscal, dijo en su cuenta de Twitter que “llegaré a la plenaria del Senado a pedir otro debate en este año sobre la corrupción de la Ruta del Sol II (Odebrecht-GrupoAval), y el desvergonzado papel del Fiscal Martínez Neira, cuya ausencia de valores éticos y cinismo exigen que renuncie a ese cargo inmediatamente”.

Quien también pidió la renuncia del Fiscal fue Asonal Judicial, al considerar que “la dirección del ente acusador debe recaer en una persona que represente la transparencia e imparcialidad en todos los sentidos en el ejercicio de tal misión”.

Para los funcionarios de la Rama Judicial debe aclararse si existió omisión de la denuncia y manejo de información por “quien como abogado conoció de estos hechos y hoy como fiscal general ha expresado su desconocimiento”.

En el evento de que se haga apertura de investigación en contra de Martínez Neira, su proceso sería de manejo exclusivo por parte de la Comisión de Acusaciones, toda vez que tiene condición de aforado.

Esto, independientemente de que los hechos hayan tenido lugar en época distinta a su condición de fiscal general. En el evento de que renunciara a la jefatura del ente acusador, el expediente pasaría a manos de la justicia ordinaria.

BOGOTÁ COLPRENSA