Citarán a interrogatorio a dos exgerentes de R&T

Exmagistrado Jorge Pretelt, quien lideró la tutela a favor de R&T en la Corte Constitucional, Jacobo Noguera, exgerente de R&T y el español Edmundo Rodríguez se ha convertido en testigo clave de la justicia y ha comenzado a revelar el pago de sobornos a jueces y políticos colombianos.

Se trata de Jacobo Alonso Noguera y Germán Sarabia, quienes serán interrogados sobre supuestos contratos ficticios para entregar dinero a Jorge Pretelt.

 

Dos exejecutivos de Inassa y Recaudos & Tributos serán citados por la Fiscalía General de la Nación a diligencia de interrogatorio, tras revelarse el nuevo caso de soborno en el que estaría involucrado el exmagistrado Jorge Pretelt.

Se trata de Jacobo Alonso Noguera Benavides y Germán Sarabia Huyke, quienes serán interrogados sobre supuestos contratos ficticios para entregar dinero al exmagistrado.

La semana pasada la Fiscalía General de la Nación informaron sobre el presunto pago de una elevada suma de dinero al Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, a cambio de favorecer los intereses de la empresa Recaudos y Tributos S.A. (R&T), filial del grupo Inassa.

El ente acusador encontró que el supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos.

La Fiscalía estableció además que en dicho trámite la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Pretelt Chaljub, profirió una sentencia, en beneficio de los intereses de la sociedad R&T, pero esta decisión fue posteriormente declarada nula por la Sala Plena de la misma Corporación, a instancia del Distrito de Santa Marta.

El español Edmundo Rodríguez Sobrino, exgerente de la firma Inassa, dueña de la empresa Triple A de Barranquilla, es el testigo de la Fiscalía que contó que Pretelt y a Alexei Julio recibieron dinero para favorecer a la  firma R & T.

TESTIGO CLAVE

El español Edmundo Rodríguez, exgerente de la firma Inassa, dueña de la empresa Triple A. S.A  de Barranquilla, el hombre que le contó a la Fiscalía como se habría torcido una tutela en la Corte Constitucional en el año 2012, según sus relatos se pagaron sobornos a dos magistrados del Alto Tribunal, para garantizar un fallo favorable a los intereses de Inassa que entonces libraba un pleito millonario contra el alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo. El exmandatario fue el primero denunciante este caso, y a quien el tiempo tiene a darle la razón.

Se conoció en una diligencia de interrogatorio dada el pasado 14 de septiembre en el Consulado de Colombia en Madrid, Edmundo Rodríguez aseguró que les dio dinero a los entonces magistrados, Jorge Pretelt y a Alexei Julio, para que fallara una tutela en nombre de la firma R&T también de Inassa encargada de la operación de recaudo de la ciudad.

 “Con recursos del distrito de Santa Marta, se pagaron coimas, se corrompió la justicia en su más altos niveles por parte de esta multinacional española con agentes colombianos, que son exactamente igual de corruptos”, dijo el exalcalde Carlos Caicedo

Tal como se ve en este fallo el 12 de diciembre de 2012 con ponencia de Pretelt y el respaldo de Alexei Julio la Corte favoreció a Inassa en este pleito, que tan solo se opuso el magistrado Luis Ernesto Vargas, no obstante al evidenciar que se había tomado una decisión abiertamente ilegal la Sala Plena de la Corte anuló ese fallo en mayo de 2014, a pesar que se corrigió el asunto durante ese tiempo la ciudad perdió más de 18 mil millones de pesos.

 “Si no terminamos esta concepción, no la tumbamos por vías de derecho, hubiésemos tenido que pagar más de 121 mil millones de pesos, en proyecciones que hicimos”, señaló Caicedo

La Fiscalía está convencida de que aquí se repitió el modelo del caso Fidupetrol, el mismo que le costó el cargo a Jorge Pretelt en La corte Constitucional y que derivó en las condenas del exmagistrado Rodrigo Escobar y del abogado Víctor Pacheco quien acepto su responsabilidad.

Está información encontrada en la agenda del Español Edmundo Rodríguez, evidencia que los protagonistas en este nuevo expediente serían los mismos.

El exmagistrado Jorge Pretelt, quien falló la tutela, el abogado que apoderó a la firma R&T, y el abogado Pacheco e incluso se referencian unos valores exactamente pagado por sus servicios. Entre tanto el exmagistrado Alexei Julio trabaja hoy como Director Jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en costa Rica, dijo ayer que ´jamás he recibido plata por mis decisiones judiciales´

Por lo pronto la justicia indaga el explosivo testimonio entregado por el Español Edmundo Rodríguez, y de otros magistrados que siempre han reivindicado su inocencia. 

FALLO DE LA PROCURADURÍA

La Procuraduría General de la Nación sancionó con doce años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de 33.000 millones de pesos a Ramón Navarro Pereira, quien fungió como gerente general de la empresa Triple A.

La determinación también fue en contra de Julia Margarita Serrano, pero por seis años de inhabilidad y una multa superior a los 2100 millones de pesos. Quien resultó absuelto fue Ramón Hemmer Redondo, también exgerente de la entidad.

Los tres exgerentes de Triple A fueron procesados por el Ministerio Público por las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) y la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P.

En este caso, la Procuraduría estableció que Triple A desde el año 2000 venía pagando a Inassa una remuneración derivada de dicho contrato, que mensualmente era en promedio de 1600 millones, lo que anualmente representaba una remuneración aproximada de 19.600 millones de pesos, lo que significa que durante la vigencia del contrato el pago superó los 237.000 millones de pesos, equivalentes a un poco más de 80 millones de dólares.

El pasado 8 de septiembre una comisión disciplinaria interna, creada para investigar hechos de corrupción relacionados con Triple A, inició indagación preliminar sobre el contrato de asistencia técnica suscrito el 31 de marzo de 2000, por Luis Nicolella De Caro, en representación de Inassa, y Francisco Olmos Fernández, de Triple A.

El Ministerio Público estableció que el objeto del contrato consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”, servicios por los cuales la Triple A remuneraría a Inassa mensualmente con el 4,5 % del recaudo que por concepto de servicios ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la que el Distrito de Barranquilla tiene el 14,5 % del capital social.

En ese sentido, el ente de control revisó la contabilidad de las empresas involucradas en la ejecución del contrato que reposaban en Triple A y no encontró soportes ni evidencias que acreditaran que dicha asistencia técnica se estuviere prestando.

Ante estas “gravísima” evidencias el Ministerio Público solicitó a Triple A, el pasado 30 de octubre, la suspensión de la ejecución del contrato de asistencia técnica, lo que evitó que desde noviembre se hiciera un giro a Inassa de 4800 millones de pesos.

La Procuraduría formuló cargos a los implicados por haber permitido que Inassa se apropiara de recursos de propiedad del Distrito de Barranquilla, al autorizar que con dineros sobre los cuales la entidad territorial tenía derechos accionarios del 14,5 %, se efectuaran pagos remuneratorios de una presunta asistencia técnica, pese a que no existe evidencia de la prestación de los servicios objeto del contrato.

La falta imputada a los representantes legales de Triple A consiste en “apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, la cual fue calificada como gravísima a título de dolo para Navarro Pereira y Serrano Monsalvo.