Combatir la corrupción

La corrupción, se dice en círculos académicos, políticos y muchos otros, obedece a una falta de más y mejores leyes e instituciones; empero, considero que el mismo es un fenómeno político, donde mandan las relaciones de poder de los grupos de interés que se benefician, razón para definir estrategias que cope a todos, interesar a los grupos sociales precarios y marginados para que se organicen políticamente contra tal situación, implantar derroteros para interpretar en mejor forma la realidad que se vive, entender que el abuso no es algo natural y que existe la posibilidad de contestación política con la cual debelar el favorecimiento que tienen los grupos dominantes, así como comprender que no debemos tener frenos mentales que impidan avanzar en la crítica del orden de las cosas y la representación política de problemas sociales.

Como ciudadanos no podemos permitir que se nos impida la participación democrática activa, ni intervenir en los asuntos de interés público. El descontento social hay que señalarlo, mostrarlo, debatirlo, buscarle soluciones, entender que la actividad política es fundamental para abrir posibilidades de representación política y cambio social real, más cuando es claro que la corrupción está en toda la sociedad, que todos participamos de algún modo en prácticas de corrupción, lo que invita a no perder de vista las relaciones de poder que la sustentan; y si bien hay corrupción en la base (redistributiva) y parte alta de la sociedad (extractiva ejercida por la clase política y las élites económicas), los efectos económicos y sociales de una y otra son diferentes.

Esta última profundiza la desigualdad económica y de oportunidades, obstaculiza el desarrollo social, humano y el crecimiento económico, lo que indica la extrema, importante y urgente necesidad de combatirla a todo nivel, y no creernos el cuento reforzado propuesto por los detentadores del poder de atacarla en los estratos más bajos de la sociedad, lo cual no es resultado de un análisis técnico-objetivo de la realidad, sino expresión de la estructura de las relaciones de poder predominante. La corrupción de la clase política y económica es evidente, además de ser un problema que está en el orden social y se alimenta del sector público y de los privados, siendo fundamental cambiar la cultura de los ciudadanos para que se comprometan con principios y valores de legalidad, lo cual se podrá lograr con la colaboración de todos.

 

El problema no es que seamos una sociedad corrupta, sino que seamos permisivos con una clase política y elite económica que hablan de legalidad, democracia y derechos humanos, pero sólo para ampliar sus privilegios a costa del bienestar de la mayoría. Después no nos quejemos del abuso de poder, nos han hecho cómplices a través de una corrupción de tipo redistributiva.  No es tampoco que los ciudadanos no respetemos la ley, sino que la clase gobernante es incapaz de contenerse y respetar la ley. No es falta de una cultura ciudadana de legalidad y respeto a las instituciones, sino una pobre cultura de participación ciudadana, de indiferencia e incluso odio a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, complaciente con el poder pero que fustiga severamente a quien se atreve a cuestionarlo, criticarlo y exigirle cuentas. Es la ausencia de una cultura democrática que promueva la solidaridad con y entre los grupos vulnerados por la pobreza, discriminación, desigualdad, y violencia. Es la persistencia de una idiosincracia que ha impedido que nos organicemos para denunciar y decirle no a los grupos de interés más poderosos, los cuales manipulan la ley y devastan la riqueza nacional.

Se impone organizarse colectivamente, construir una redistribución real del poder, cultivar un ethos democrático que promueva una ciudadanía activa, capaz de construir, utilizar y habitar sus instituciones. Impulsar cambios de conciencia democrática. Sólo los ciudadanos organizados pueden atreverse a domeñar los instintos extractivos de la clase política y las élites económicas, en el convencimiento, a pesar de los escándalos cotidianos de corrupción, estamos a tiempo de cambiar este camino que acentúa la desconfianza en el núcleo de la sociedad, instituciones y democracia representativa. Gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación, actores políticos y sociales deben regresar a los fundamentos éticos de su misión original y en un ejercicio de genuina autocrítica, volver a la buena política para recuperar la confianza perdida. Es importante reconocer que la sociedad manifiesta ese descontento y está exigiendo un cambio de ruta que no se puede resolver si primero no se dimensiona el problema. Recuperar la confianza significa cambiar las percepciones ciudadanas, predicando con el ejemplo de una conducta intachable hasta en los detalles más nimios.[email protected]