Juez bloquea decreto sobre asilo, un revés para política de Trump

El juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco, suspendió un decreto firmado el 9 de noviembre por Trump que establecía que solo podían pedir refugio en Estados Unidos los que entraban por los puestos de control oficiales, y no los que cruzaban de manera clandestina.

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó un decreto que restringía las peticiones de asilo, un revés para el presidente Donald Trump, que dispuso la medida mientras miles de migrantes centroamericanos avanzan desde hace semanas hacia la frontera sur del país.

 

El juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco, suspendió un decreto firmado el 9 de noviembre por Trump que establecía que solo podían pedir refugio en Estados Unidos los que entraban por los puestos de control oficiales, y no los que cruzaban de manera clandestina.

«Es una vergüenza», dijo el martes Trump, acusando de parcialidad al tribunal del Noveno Distrito en California, al cual pertenece Tigar, y refiriéndose a este magistrado nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama, como «juez de Obama».

«Ganaremos ese caso en la Corte Suprema de Estados Unidos», vaticinó Trump.

La orden de Tigar, emitida a última hora del lunes, tiene alcance nacional y regirá hasta que la corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo cual el magistrado fijó una primera audiencia el 19 de diciembre.

«Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa», dijo Tigar, señalando que la medida presenta un «conflicto irreconciliable» con la Ley de inmigración y nacionalidad (INA en inglés) de 1965.

Tigar actuó en respuesta a una demanda de varias organizaciones, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que celebró la decisión.

«Esta prohibición es ilegal y pondría en peligro la vida de las personas. Bloquearla es un paso crucial para combatir los ataques del gobierno contra los solicitantes de asilo», dijo en Twitter.

 La Administración Trump, que ha invocado razones de «seguridad nacional» para controlar la inmigración, consideró sin embargo «absurdo» que activistas busquen frenar al gobierno federal.

 «Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año abusan de él decenas de miles de reclamos sin mérito», señaló una declaración conjunta de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior, subrayando que el asilo es un «beneficio discrecional» que otorga el Poder Ejecutivo.

«Esperamos seguir defendiendo el legítimo y bien razonado ejercicio del Poder Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur».

Según las leyes vigentes, cualquier extranjero que pise suelo estadounidense es elegible para solicitar asilo y no puede ser deportado inmediatamente. Si se encuentran razones creíbles para un pedido de refugio, el solicitante queda en libertad hasta ser citado por el tribunal que decide sobre su caso. 

La Administración Trump cuestiona esto, señalando que muchos desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial, sumándose a las filas de inmigrantes indocumentados. 

Menos del 10% de los casos resultan en un otorgamiento del asilo, según el gobierno.

WASHINGTON, AFP