Las 14 preguntas para entender el caso del fiscal y Odebrecht

Se cumple una semana y media en que el escándalo de las grabaciones del fallecido excontroller de Ruta del Sol 2 Jorge Enrique Pizano ocupa gran parte del espectro noticioso del país, dejando al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, seriamente cuestionado por su implicación en este material.

Por la importancia que tiene este tema para el país, por tratarse del encargado de la investigación criminal del país, y lo enredado que se ha tornado, EL COLOMBIANO le explica todo lo que tiene que saber del tema.

 

¿Quién era Jorge Enrique Pizano?

Al ingeniero Pizano lo contratan como controller, que es el encargado de auditar y cerciorarse que la utilización de recursos y los contratos realizados por la compañía se acomodaran a lo definido por la ley, para la Ruta del Sol 2. Labora en la concesión desde 2010 hasta 2016.

 

 

¿Qué fue lo que encontró?

En 2013 empieza a notar cosas sospechosas en la acción contractual de Odebrecht, una de las empresas que integra la concesión Ruta del Sol 2. Cuando cruza los contratos auditados con los pagos reales que aparecían en tesorería, encontró diferencias por más de 24 mil millones de pesos. Estas diferencias consistían en objetos contractuales duplicados o invisibles. En cortas palabras, estos hallazgos eran prueba de que había dinero de Ruta del Sol 2 circulando por debajo de la mesa.

 

 

¿Qué tiene que ver el fiscal Néstor Humberto Martínez?

Él ha sido reconocido por haber sido abogado del Grupo Aval por más de 20 años y por su cercanía con el presidente del grupo, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Según se ha conocido, Pizano acude a Martínez en 2015 para pedirle que le haga llegar a Sarmiento sus hallazgos frente a posibles pagos de coimas o sobornos. Ambos personajes eran amigos de larga data.

Para recordar, Néstor Humberto Martínez ha sido un personaje común en la vida política de este país en los últimos 20 años. Fue miembro fundador de Cambio Radical, ministro de Justicia de Ernesto Samper (94-96), Ministro del Interior de Andrés Pastrana (98-2000), Súper ministro de Juan Manuel Santos (2014-2015) y ahora fiscal general de la Nación hasta 2020.

 

¿Qué tiene que ver Luis Carlos Sarmiento en todo el tema?

Sarmiento es el presidente del Grupo Aval, que tiene varias empresas filiales, entre ellas Corficolombiana, encargada de la banca de inversiones del grupo. Esta empresa, a su vez, es dueña de Estudios y Proyectos del Sol, Episol, que es una de las cuatro empresas que integran el consorcio Ruta del Sol 2, con un 33% del porcentaje de participación. Eso quiere decir que existía un interés económico por parte de Sarmiento en el desarrollo de estas obras.

Para no olvidar, las otras tres empresas son: Contructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S, que hacen parte de la multinacional brasileña, con el 62% de participación; y CSS Constructores SA, una empresa del grupo Solarte y Solarte, con un 4,99%.

 

 

¿Cómo se mezclaron Pizano, Martínez y Sarmiento?

Pizano sabía que existía una fuga de dinero desde 2013, pero creía que no le estaban prestando atención. Es por eso que acude a Néstor Humberto Martínez para que este sea un canal directo al jefe máximo de la organización. Según su propio testimonio, su abogado personal le había recomendado que debía seguir el conducto regular, que era avisar a sus superiores de todos los hallazgos.

 

¿Qué ocurrió con las pruebas de Pizano?

Según lo que ha dicho el Grupo Aval y Néstor Humberto Martínez, tras llevar las pruebas de Pizano en marzo de 2016, el grupo le encarga a Martínez como abogado que redacte un contrato para que Odebrecht le reintegre los dineros que no tienen explicación. La suma se eleva a 33 mil millones de pesos. Este punto levanta algunos de los interrogantes sin explicar de la trama. Corficolombiana asegura que Odebrecht no aceptó que este dinero fueran sobornos, pero no entregó explicaciones satisfactorias. Martínez tuvo la redacción de un contrato que partía del hecho de una presunción de una ilegalidad, por tanto, no se explica por qué no hizo nada recién llegó a la Fiscalía.

 

 

 ¿Qué pasó con Pizano?

Una tragedia fue el desencadenante del escándalo. Jorge Enrique Pizano lidiaba con un cáncer desde hace dos años y murió el jueves 8 de noviembre por cuenta de un infarto. El controller aparentemente no confiaba en la Fiscalía y por ello, al tiempo que buscaba un acuerdo con Estados Unidos para recibir un asilo en ese país, le dejó las pruebas de sus denuncias a varios medios de comunicación. La condición para su divulgación era su salida del país o su muerte.

Sin embargo, la tragedia dobló su magnitud con la muerte de Alejandro, hijo de Jorge Enrique, de forma misteriosa. Su deceso ocurrió el domingo, tres días después de la muerte de su padre, por envenenamiento con cianuro. Según los primeros testimonios, el joven bebió de un frasco de agua que había en el escritorio de su progenitor, que estaba mezclado con este químico.

Esta muerte se encuentra en investigación.

Vale anotar que Jorge Enrique Pizano había sido reseñado en una investigación por el caso Odebrecht, pero no se trataba de la Ruta del Sol 2, sino de la adjudicación del contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas, cuando oficiaba como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez sabía que eran coimas?

En las grabaciones proporcionadas por Pizano se escucha a Martínez hacer referencia a ello: “Esto es una coima, marica”, se le escucha decir ante una de las revelaciones. En una segunda grabación revelada días después también lo confirmaría: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración

desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado… peculado por apropiación”.

En su defensa, Martínez aseguró que le estaba enumerando un concepto dado por otro abogado.

 

 

 ¿Por qué no denunció al llegar a la Fiscalía?

Ese es uno de los grandes interrogantes de toda esta trama. Hasta el momento, Néstor Humberto Martínez, ha insistido en dos ocasiones que no estaba seguro que fueran coimas y que, de cualquier forma, no estaba obligado legalmente a declarar como ciudadano y como abogado lo cubría el secreto profesional.

Ambos argumentos han sido puestos en tela de duda, inicialmente porque aunque la obligación de denunciar no está explicita en el código de procedimiento penal, también es cierto que el artículo 95 de la Constitución le impone a todas las personas la obligación de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.

Hilando aún más fino, uno de los escenarios en los que se vuelve obligación la denuncia es cuando se trata de lavado de activos y según su propia voz, ese fue uno de los escenarios que podrían haber estado ocurriendo.

 

 ¿Por qué se está criticando al fiscal?

Desde que estalló el escándalo de Odebrecht han revivido viejos cuestionamientos al fiscal por su posible conflicto de interés con el tema. Existen tres actuaciones claras para probarlo, aparte de este caso:

En 2012 asesoró la elaboración de un contrato de estabilidad jurídica que ahorraba miles de millones de pesos a Ruta del Sol 2 pues se congelaban sus impuestos, que entró a hacer parte de la investigación de la Fiscalía recién hasta octubre de 2017.

En 2014, le hizo un concepto legal en el que se mostraba a favor de adicionar el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, centro de la trama de pagos de sobornos, sin tener que recurrir a licitación pública.

Ese mismo año, su hijo participó en la estructuración del fallido proyecto para la navegación del río Magdalena, que quedó en manos de Navelena, donde estaba Odebrecht.

Eso solo es su acción como abogado. Como Ministro de la Presidencia en 2014 firmó el conpes que avalaba los recursos para la vía Ocaña-Gamarra.

 

 

¿Cómo sería investigado?

Al fiscal general de la nación, por su condición de aforado, es investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que investiga y presenta sus hallazgos al Congreso. En el caso de encontrar mérito de un delito, la investigación penal queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia de juzgamiento en estos casos.

 

¿Qué seguridad hay en que sea hallado culpable?

Si bien es cierto que Néstor Humberto Martínez se declaró impedido ante la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso de Odebrecht, esto solo aplica para los casos que debe conocer como fiscal general, que es para funcionarios aforados. En ese orden de ideas, el impedimento data de abril de 2017, cuando llegó la investigación contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa.

Sin embargo, el impedimento no obra sobre el total de la investigación de Odebrecht, por lo que seguiría existiendo un conflicto de interés. Vale anotar que también es cierto que el fiscal general no supervisa todas las actividades de este ente, que actualmente tiene a unos 5.000 fiscales investigando.

 

 

 

¿Qué soluciones se manejan?

Para superar la crisis de autoridad moral que se presenta en la Fiscalía frente a Odebrecht, la mayoría de voces solicitan un fiscal o una unidad ad hoc. Esto significa que uno o más funcionarios serán nombrados para conocer la actuación específica sobre Odebrecht para garantizar transparencia.

Sin embargo, el panorama no está tan claro.

En principio porque la figura como tal no existe en Colombia, dado que la norma indica que en casos en que el fiscal general esté impedido, entra a actuar la vicefiscal, que fue lo que ocurrió.

Tal como se ha explicado, para elegir a un fiscal ad hoc, el presidente de la República conforma una terna y la elección le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Esta idea ha sido apoyada por el presidente, Iván Duque; el procurador, Fernando Carrillo; la vicefiscal, María Paulina Riveros y el propio fiscal, Néstor Humberto Martínez.

 

 ¿Cuál fue el escándalo de Odebrecht?

El escándalo de sobornos de Odebrecht está presente en 12 países y en Colombia, se han abierto once líneas de investigación. De todas estas, la que ha presentado mayores avances es la de los sobornos que se dieron para otorgar la adición de contrato para la vía Ocaña-Gamarra dentro de la Ruta del Sol 2.

La Fiscalía ha identificado un presunto pago a políticos y empresarios por 65.000 millones de pesos entre 2010 y 2015. Los principales señalados fueron senadores y terminaron presos por esto: Bernardo Elías, Plinio Olano y Otto Bula.

Según sus declaraciones, Odebrecht habría utilizado a empresas para realizar una contratación “fantasma” para que fluyera el dinero de los sobornos.

 

El Colombiano