La institucionalidad

La credibilidad de la Fiscalía General de la Nación está golpeada. El Ministro de Hacienda pretende ponerle IVA al 80 por ciento de la canasta familiar. El Presidente tuvo un bajón de popularidad supremo en los primeros cien días de Gobierno. Los jóvenes piden a gritos -literalmente- más plata para la educación superior. Y como si el drama diario con el que amanecemos y atardecemos los colombianos no fuera suficiente, el joven hijo de un testigo importante en el escándalo multinacional más estrepitoso de los años recientes, apareció muerto tras ingerir cianuro. Sí, cianuro, como el que usaban los espías de la KGB o el que escondían los de la CIA en lapiceros durante la guerra fría para acabar con sus vidas en caso de ser descubiertos.

Nadie sabe qué pasó con el hijo de Jorge Enrique Pizano ni por qué ese frasco maldito de agua saborizada estaba en su casa, en su escritorio, al alcance de la gente que más amaba: su familia. Nadie sabe si el padre lo compró para acabar con su vida o si -como en una película de terror- algún maniobrero asesino lo llevó a la casa de la familia Pizano. Lo que resulta inverosímil, además, es que en Colombia se pueda comprar un kilo, o dos o tres, de cianuro como si fueran tomates. Sin control alguno.

 Los interrogantes en torno a la muerte de Jorge Pizano, diagnosticado con un infarto, y de su hijo envenenado, entran ya a los anaqueles de los grandes interrogantes del país. Probablemente nadie sabrá lo que pasó. Pero lo que sí se puede saber y es urgente es el alcance de los sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia. Y para eso, el gobierno está a favor de un fiscal ad hoc que haga una juiciosa investigación, independiente sobre todo. El inconveniente es que la independencia de un nuevo investigador en la Fiscalía es difícil porque, ¿con quién va a trabajar? ¿Nuevos fiscales? ¿O los mismos que han investigado a Odebrecht hasta ahora?

El reto de la Fiscalía es enorme y no es solamente descubrir y contar la verdad sobre la tragedia de la familia Pizano y las coimas pagadas por la multinacional en nuestro país. Es la institucionalidad. La democracia implica instituciones fuertes, independientes, en las que la gente crea, que sean parte del Estado en todo su poderío, capacidad, credibilidad y confianza. Instituciones capaces de devolverle el carnet de prensa a un periodista aunque el Presidente del país se lo quiera quitar, como acaba de ocurrir en Estados Unidos. Un experimentado periodista de CNN hizo en una rueda de prensa lo que tocaba: preguntas. A la Casa Blanca le molestó y le retiró el carnet. Un juez federal ordenó que le devolvieran el carnet, el trabajo y las noticias y hoy está sentado en la sala de prensa preguntando lo que quiere. O incomodando, más bien, que es lo que a los periodistas todo el tiempo nos toca hacer. El gobierno Trump ya amenazó con quitárselo de nuevo, pero esa será otra pelea.

Aquí en Colombia la pelea es también por la institucionalidad. La prensa que ha sido tan criticada en los últimos tiempos y tan afectada por las mentiras -me niego a llamarlas ‘falsas noticias’ porque si son falsas no son noticias- está mostrando coraje, capacidad de investigación y libertad de publicación para contar todos los días, a cuentagotas y mientras se va teniendo información, lo ocurrido con el espeluznante caso Pizano.

Así pues que la fortaleza del Estado en sus instituciones, capaz de garantizar la libertad de prensa en el caso estadounidense, de contar la verdad y entregar justicia como debe ser en este episodio colombiano, es lo que está a prueba. Y por eso es tan delicado, tan supremamente delicado el momento que estamos viviendo.

Entretanto: estrené programa. Se llama Mesa Blu, todos los días de 8 a 9 p.m. en BLU. Los espero.

*Periodista