Altas cortes mantienen reparos frente a proyecto de reforma a la justicia

En  un encuentro sostenido entre los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, y el Consejo de Estado, Germán Bula, los dos magistrados coincidieron en sus preocupaciones sobre la reforma a la justicia que se encuentra en debate en el Congreso de la República.

Entre otros puntos, hablaron sobre el presupuesto de la rama judicial, que a juicio de Barceló, “debe ser consignado en la constitución política para que se asegure un presupuesto autónomo e independiente para la administración de justicia».

En relación con el Consejo Superior de la Judicatura, aseguraron que esta debe ser objeto de una “reingeniería, con el ánimo de buscar eficiencia y eficacia en los recursos de la administración de justicia”.

Pese a los reparos, Barceló celebró que se haya dejado de lado la iniciativa de implementar el tribunal de los aforados y una corte que unifique la jurisprudencia.

Por su parte, Bula, aseguró que ninguna de las dos corporaciones hacen “lobby”, y reiteró que no están en contra de la reforma. En el encuentro, al que no fue citada la Corte Constitucional, porque podría resultar impedida si debe revisar las leyes que deriven de la norma, los magistrados no descartaron continuar con las reuniones.

 “Las cortes no se oponen a los cambios que la rama judicial necesita, pero más allá de eso nos preocupa la justicia de a pie, donde hay muchas falencias y vacíos. Toca ponerle mucha atención”, concluyó Barceló.

Entre los ejes destacados para la reforma está la oferta de justicia para las personas, administración y presupuesto para la rama judicial, los modos de elección para magistrado de alta corte y descongestión para ampliar la efectividad y eficiencia de la justicia.

Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado aseguran que tienen un «máximo interés en que se hagan las reformas a la justicia, con el propósito de garantizar pronta y cumplida justicia para cada persona del país, y sobre la base de respetar la autonomía de la rama y la independencia judicial».

Sobre la acción de tutela, la Corte Suprema señaló que la reforma a la justicia debe tener el propósito esencial de la tutela judicial efectiva. «En tal sentido, debe incorporarse en la reforma un programa de descongestión, punto que inexplicablemente fue excluido del articulado», se lee en el comunicado.

En cuanto a la elección de magistrados para las Altas Cortes, ambas entidades señalaron que el texto aprobado en Congreso «es inapropiado».

«El mecanismo de elección de los magistrados debe dejarse al reglamento de la Corporación (sistema actual). No debe tener un desarrollo detallado y “petrificado” en la Constitución, contrario a la técnica normativa constitucional y atentatoria contra la autonomía», argumentaron.

Asimismo agregaron que «se comparte el aumento del requisito de años experiencia. No se comparte la exigencia de experiencia específica».

Uno de los temas en que más difirieron las instituciones con el texto que cursa su trámite en el Congreso y al que le faltan dos debates en la Cámara de Representantes para ser aprobado, fue la iniciativa de crear una Comisión Constitucional ya que esta «puede ser considerada una sustitución a la Constitución».

«Es inconveniente, antitécnica, costosa e ineficiente. No debe ser aprobada. Es entendido que no cuenta con apoyo, y que en su reemplazo sería menester proponer algo similar a una “Misión Justicia”, dentro de la concepción general de que las reformas a la Justicia deben ser vistas como un proceso: una Reforma-Proceso», se lee en el comunicado.

BOGOTÁ COLPRENSA