Pese a acuerdo de Paz, desplazamiento sigue afectando a comunidades en el País

«Actualmente nos sentimos encerrados y secuestrados en nuestro propio territorio», son las palabras de Víctor Carlos Bautista un líder del litoral de San Juan en Chocó, que llegó hasta la Corte Constitucional a exponer los efectos de la violencia que aún padece su comunidad pese a la firma del acuerdo de paz con las Farc. 

Bautista le dijo a los magistrados del alto tribunal que llegaba ante sus estrados a hacer un balance del incumplimiento del Gobierno en su región. A su juicio, la amenaza por parte de actores armados continúa y la comunidad vive bajo amenazas, esas mismas que llevan a sus habitantes a desplazarse de un lugar a otro y sin rumbo fijo. 

Su más grande preocupación es que aún persisten las dinámicas de disputas de territorio y las confrontaciones por las rutas del narcotráfico. “El conflicto no solo persiste, sino que se ha agudizado porque se evidencia la presencia de nuevos actores de amenazas que constantemente atacan a nuestros líderes”, dijo Bautista. 

A la voz del líder se unió Elizabeth Moreno, representante de la comunidad Afro del Chocó. En su discurso resaltó que el desplazamiento forzado es originado por los enfrentamientos que se registran entre grupos armados. 

Según Moreno, la situación ha dejado una crisis humanitaria en la región debido a que existe la restricción de la movilidad entre resguardos. “Las comunidades hemos sido violentadas en nuestra movilidad. Continúan las masacres, los homicidios selectivos y hay amenazas”. 

Aseguró que el reclutamiento de menores también es una de las causas que lleva a que las familias abandonen sus territorios. Pues, además, los grupos armados también están induciendo a los jóvenes al consumo de alucinógenos y a sumergirse en el mundo de la prostitución. 

Los dos coincidieron en que si bien el Gobierno ha hecho presencia en el lugar, las intervenciones no han sido suficientes. “Se han limitado a acciones militares dejando a un lado acciones sociales. Por eso consideramos hay estancamiento de proceso de paz”. 

A la audiencia, que ya completa cuatro horas, también asistió el alcalde de Medellín, Federico Gaviria, que entregó cifras en razón a lo Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), que existen en el país, y que a su juicio son una de las causas que fomenta el desplazamiento forzado. 

“Dentro de todo el país hay 23 GDO, que son los grupos de delincuencia organizada y solo Medellín y los municipios del área metropolitana concentra el 43 % de las GDO que existen hoy en el país y de ahí la importancia de dar esta lucha en contra de las estructuras criminales”, dijo Gaviria. 

En razón al desplazamiento forzado, el alcalde aseguró que desde su administración han fortalecido los programas de ingreso, retorno y reubicación de las personas que fueron sacadas de su lugar de residencia. Aseguró que a la hazaña a la que le apuestan, es implementar una “política integral basada en derechos”. 

En medio de su intervención anunció que durante la próxima semana, desde Asocapitales, harán llegar a la Corte Constitucional un informe en donde se aclare en tiempo real, las vulneraciones de derechos humanos a las personas que han sido desplazadas forzosamente. 

A su turno, Sorel Aroca, gobernadora de Putumayo, quien también asistió a la audiencia, expresó su preocupación en razón a las cifras que existen en el lugar que lidera. Pues a su juicio, durante este año el departamento tiene 185.000 victimas de desplazamiento y al menos se ha registrado 1.015 desplazamientos en Putumayo. 

Otra de las intervenciones que fue escuchada de manera atenta por cada magistrado fue la de la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, quien anunció que desde el Gobierno del Presidente Iván Duque, se pretende realizar una radiografía de cada municipio donde se identifican hechos de violencia que culminan en desplazamiento forzado. 

“Por esa razón el presidente Duque ha pedido hacer una taxonomía municipio por municipio donde se encuentre estas poblaciones para reforzar la presencia del Estado. Lograr resultados que fortalezcan los programas de desarrollo que generen oportunidades de empleo”, dijo Ramírez. 

Tales aseveraciones se realizaron en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004  de Corte que declaró un estado de cosas inconstitucionales en la materia y que, desde el 2009, dado la complejidad del caso, tiene una Sala de Seguimiento que vigila temas claves como ayuda humanitaria de emergencia, atención en salud, protección a comunidades afrodescendientes e indígenas, entre otros. 

 

Bogotá Colprensa