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Fuerza Pública busca ser reconocida como víctima

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Los militares acudieron a la JEP para entregar su informe sobre lo vivido en cautiverio

 

La guerra se hace entre dos, e independientemente del bando, ambos son considerados combatientes; sin embargo, muchos militares quieren ser reconocidos como víctimas del conflicto, por eso entregaron ayer un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre lo que les ocurrió en tantos años de confrontación.

El documento hace parte del caso 001 que hace referencia a los secuestros perpetrados por las Farc. El general Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército, manifestó que el documento entregado contiene aproximadamente 207.642 víctimas por violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos como secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento.

“Es un trabajo que se ha hecho con plena conciencia de la mano de estas organizaciones que reclaman el reconocimiento y la visibilización de nuestras víctimas militares y sus familias para que sean reparadas, para que haya verdaderamente verdad, justicia y reparación”, dijo el general.

Este informe también pasará a manos de la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (que inició el jueves pasado su mandato), mecanismos que, junto a la JEP, hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado a partir del Acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc.

La presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, aseguró que la entrega del informe constituye un hecho histórico en el sentido que es un paso en el camino hacia la verdad que servirá para soportar la reconciliación en este país.

“Que las víctimas vengan a depositar su confianza en nosotros es de la mayor importancia, como lo es que hayan contado con el apoyo de la Fuerza Pública”, señaló.

 

El caso uno de la JEP

Sobre el caso 001, en el que están vinculados 31 exmiembros del antiguo Estado Mayor de las Farc, ya rindieron sus informes ante esta jurisdicción en calidad de víctimas los llamados exsecuestrados políticos, como lo fueron Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Sigifredo López y el general en retiro Luis Mendieta, entre otros.

Para la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, lo que se vivió ayer es un mensaje de paz para la sociedad toda vez que ante esta justicia han acudido militares en condición de victimarios, especialmente por los denominados falsos positivos, y en calidad de víctimas, como los relacionados en este informe.

“Están viniendo a esta Jurisdicción altos mandos a saldar las cuentas que tuvieron con los errores que cometieron y las familias de aquellos que son víctimas, respaldado en ambos casos por el alto mando”, enfatizó.

Acomides, la Asociación Colombiana de Víctimas de Desaparición Forzada y otros hechos victimizantes, fue la organización que acompañó la elaboración del informe en el que recogieron los casos de personas que sobrevivieron al cautiverio, de quienes murieron en esta situación, de los familiares de las víctimas activas en las Fuerzas Militares que en un comienzo padecieron el cautiverio y ahora han sido dadas por desaparecidas, de los hijos que buscaron y lucharon por el acuerdo humanitario y por la liberación de sus seres queridos; de los que fueron rescatados y de quienes fallecieron en el contexto de operaciones militares.

Su presidenta, Olga Esperanza Rojas, concluyó que “tenemos 212 desaparecidos y 325 secuestrados, por eso presentamos el informe para saber qué pasó con nuestros seres queridos y para que se haga justicia con todas las personas que fueron torturadas y masacradas, ignoradas y olvidadas por nuestro país”.

 

El Colombiano

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