Estudio revela que crecieron los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes

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La fiscal 39 seccional Sonia Esperanza Gallego Duque cuando disertaba sobre el tema de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Santa Marta. / MIGUEL ORTEGA.

En los juzgados penales del circuito de Santa Marta en los últimos años el 86 por ciento  de los procesos que se tramitan en la etapa del juicio lo son por acto sexual en menores de 14 años.

 

Un trabajo investigativo realizado por los abogados magíters Hélder Said Durán Rodríguez, Juez Segundo Penal del Circuito de Santa Marta y Sonia Esperanza Gallego Duque, Fiscal 39 Seccional demuestra que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Santa Marta cada día van en aumento.

El trabajo se denomina  “Prevalencia de los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Santa Marta”, y persigue entre otras cosas que las autoridades comprometidas con el manejo de este fenómeno social tomen conciencia, no solo frente a la importancia de la afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sino despertar, la necesidad de construir políticas de Estado, que estén destinadas a minimizar el fenómeno y atacarlo en aquellos lugares donde se presentan los caos con mayor frecuencia.

La primera parte de la socialización de este trabajo que se realizó en el Casino de Oficiales de la Policía  correspondió a Sonia Esperanza Gallego Duque, Fiscal 39 Seccional, quien dijo: “para conocer esta investigación sobre la Prevalencia de los Delitos Sexuales en Niños Niñas y Adolescentes en Santa Marta, digamos escogimos ese tema en razón a nuestro trabajo diario en la Fiscalía General de la Nación en el Juzgado Segundo penal del circuito, donde encontramos que habían muchas investigaciones, de las cuales teníamos conocimiento que se estaban presentando con mayor frecuencia en contra de los niños, niñas y adolescentes y encontrábamos también que en desarrollo de nuestras investigaciones y de nuestro trabajo, el desarrollo de investigaciones de los procesos de pronto no están llegando al feliz término que nosotros pretendemos, cuando iniciamos nuestro trabajo al interior de nuestras instituciones”.

Explicó que también buscaban lograr que  todos los casos se judicialicen, que todas las personas responsables de estos delitos sean juzgados, pero también que las víctimas tengan  derecho a esa reparación integral, a esa restitución  de sus derechos, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición de estos actos violentos.

Dijo que en el marco de la promoción y protección de los derechos humanos, “era donde debíamos enfocar nuestras investigaciones, esta investigación surge precisamente de procurar esa defensa  y amparo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  que venían siendo vulnerados, como la dignidad humana en primer lugar, se vulnera ese derecho fundamental que es el pilar de todos los demás derechos, la libertad, la integridad y el desarrollo sexual de los niños, niñas y adolescentes”.

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

“El objetivo general de nuestro proyecto es analizar esa prevalencia de los delitos en  niños, niñas y adolescentes  en Santa Marta y escogimos un marco temporal que es desde el año 2008, hasta el año 2017. Los objetivos específicos en primer lugar es describir esos factores que inciden en la ocurrencia de los delitos”, apuntó.

De la misma manera explicó la Fiscal que hay  estar pendientes de los niños permanentemente, porque normalmente se les dice que no se dejen tocar y que se cuiden de personas extrañas, pero que los principales generadores de estos delitos son los conocidos y miembros del entorno familiar, “de ahí sale la mayoría de los agresores”, expuso la funcionaria judicial.

Además sostuvo que otro factor es el hacinamiento que se da en algunos hogares de barrios marginados, en donde por lo general esas familias comparten el espacio, incluida la cama, en donde no hay ninguna privacidad y eso da origen a algunas de estas situaciones.

Recalcó que los lugares en donde se presentan más casos es el las Localidades Uno y Dos.

DESEMPEÑO DE LA RAMA JUDICIAL

Por su parte el abogado Hélder Durán Rodríguez, Juez Segundo Penal del Circuito de Santa Marta expuso: “el estudio está orientado a dar a conocer a las distintas autoridades involucradas en el manejo de este tipo de fenómeno social y de conducta delictiva, el resultado de la investigación realizada por la compañera Sonia Esperanza Gallego Duque y este servidor, al respecto de cómo ha sido la reacción, o el desempeño de la rama judicial frente a este tipo de fenómenos delictuales”.

Explicó que : “desde luego el trabajo significa socializar los resultados que se obtuvieron al respecto, por ejemplo de la cantidad de denuncias que se han recibido en la Fiscalía General de la Nación, desde que se implementó el sistema acusatorio hasta el año 2017, incluyendo la mitad del año 2018, la respuesta que la Fiscalía ha tenido frente a ese tipo de delitos, de la misma manera la respuesta de los juzgados, es decir  del aparato judicial como tal, al respecto de ese fenómeno delictivo a efecto de establecer si efectivamente estamos siendo eficientes en la respuesta, en la investigación y juzgamiento de esa conductas delictivas”, expresó.

Agregó además: ´el trabajo desde luego tiene unos acápites en donde se habla de antecedentes y en este acápite se evaluó antecedentes de investigaciones de este tipo en toda Latinoamérica, incluyendo Colombia, pero en concreto nuestro trabajo implicó un laboratorio de investigación exclusivamente en el ámbito territorial de la ciudad de Santa Marta, Procurando establecer aspecto como, en qué sectores de la ciudad se presenta el fenómeno con más frecuencia, cuáles son las razones o las causas que están dando lugar a ese tipo de delitos, con la intención entregarles a las autoridades distritales y también departamentales, los insumos necesarios a efecto que se construyan políticas de Estado, políticas de Gobierno en punto de la prevención del fenómeno”, explicó.

El togado maniofestó en su intervención  que ´nosotros como aparato judicial actuamos de una manera posdelictiva, es decir una vez producido el delito, entra la Fiscalía a realizar la investigación cuando se tiene conocimiento a través de la noticia criminal, y los juzgados a actuar cuando la Fiscalía nos ha radicado la acusación respectiva”.

Fue claro en decir que, “lo que se pretende es que además de medir el nivel de eficiencia en ese aspecto, lo que tiene que ver con la respuesta frente al fenómeno, también que se genere la inquietud en las autoridades, a efecto de prevenirlo en los diferentes sectores de la ciudad en donde el fenómeno  está disparado”.

INQUIETUDES

“La inquietud por desarrollar este trabajo de investigación en el marco del desarrollo de la maestría para la promoción y protección de los derechos humanos en la Universidad del Magdalena, se origina en la preocupación que tenemos, por cuanto en los estrados judiciales advertíamos con preocupación, que el fenómeno venía aumentándose de manera inusitada y que además no teníamos parámetros de medición con los años anteriores, para establecer si ese fenómeno venía presentándose con mayor frecuencia o si es que ahora como parece, el fenómeno está disparado, ese fue el punto de arranque”, dijo el juez Durán Rodríguez

Destacó que  lo que se ha encontrado es que el fenómeno viene creciendo, las denuncias se viene presentando con más frecuencia, los proceso se viene aumentando, tanto así que como muchos no se resuelven se presenta el represamiento en los juzgados. 

Respecto a si el aparato judicial cuenta con las herramientas adecuadas para resolver los caso y aplicar la ley, dijo que en la ciudad de Santa Marta se tienen 3 fiscalías investigando estos delitos, y esas fiscalías descargan su trabajo en 5 juzgados penales del circuito, por eso es importante que la comunidad sepa que desde el año 94 en Santa Marta viene operando el mismo número de jueces penales del circuito y que el proceso penal en su contexto general está colapsado, y esas deficiencias del sistema se reflejan en las investigaciones, fiscales que cuentan con un solo investigador para atender 300 investigaciones, los mismos 5 juzgados desde hace más de 20 años, investigadores judiciales que no tiene vehículos para transportarse, ausencia de psiquiatras forenses, de laboratorios científicos de criminalística etc, son las falencias del sistema judicial y que se refleja en la capacidad de respuesta del aparato judicial, podrá asegurarse entonces que en este momento la respuesta del aparato judicial no ha sido la más eficiente, producto de lo anteriormente expuesto”, afirmó.

Explicó que en los juzgados penales del circuito de Santa Marta en los últimos años el 86 por ciento  de los procesos que se tramitan en la etapa del juicio lo son por acto sexual en menores de 14 años.

“Lo que se pretende realmente es que las autoridades comprometidas con el manejo de este fenómeno social tomen conciencia, no solo frente a la importancia de la afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad, por cuanto que estamos obligados por tratados internacionales a actuar de manera eficiente, para controlar este tipos de violencia sexual, en niños, niñas y adolescentes, sino porque lo que nos preocupa y nuestra verdadera intención, es despertar en las autoridades comprometidas en el tema, la necesidad de construir políticas de Estado, que estén destinadas a menguar el fenómeno y atarlo en aquellos lugares donde hemos establecido está disparado”, aseguró el abogado Hélder Durán Rodríguez.

TAGANGA

Sobre  lo que se ha comentado respecto a la supuesta explotación  sexual en el corregimiento de Taganga  expresó: “curiosamente la investigación muestra que el tema de la explotación  sexual de niños, niñas y adolescentes en Taganga es realmente un mito, por cuanto no encontramos evidencias en los estrados judiciales, de denuncias al respecto de ese tema, o estamos en presencia de una cifra negra  de criminalidad, es decir no se presenta la denuncia por parte de la víctima o familiares y el fenómeno está oculto sin que las autoridades lo hayan advertido, o efectivamente el fenómeno como tal no existe, pero lo cierto es que en este momento no hay evidencia que exista en Taganga una actividad delictiva que tenga que ver con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, no hay procesos en la Fiscalía, no hay víctimas suficientemente identificas y eso es importante que las autoridades lo sepan, o para realizar una investigación seria, profunda a efectos de establecer si el fenómeno existe, porqué está oculto, o para confirmar nuestra conclusión en el sentido que el fenómeno se ha convertido realmente en un mito producto de alguna publicidad negativa que se ha hecho respecto de Taganga”.

Otro aspecto destacado por los investigadores fue que siendo Santa Marta una ciudad turística a donde llegan muchas personas extranjeras, solo dos han sido juzgados y condenados por este tipo de delito.

El estudio le servirá no solo a la justicia, sino a la administración de la ciudad como insumo esencial en la adopción de políticas públicas que tiendan a asumir con alta responsabilidad lo que viene ocurriendo.

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