Procuraduría pide medida cautelar para residuos hospitalarios en San Andrés

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La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Administrativo de San Andrés la adopción de medidas cautelares, ante el riesgo que representa la acumulación de residuos hospitalarios que permanecen en contenedores en mal estado.

El Ministerio Público busca poner fin a la vulneración y violación de los derechos e intereses colectivos, así como la protección a la vida, salud y salubridad pública de los ciudadanos y residentes en la Isla de San Andrés y Providencia.

En su escrito, la Procuraduría reveló que “el 21 de noviembre de 2018 se trató de dar solución parcial a esta grave emergencia, enviando por vía marítima dos contenedores con residuos hospitalarios a Cartagena, embarcación que tuvo que regresar por fallas en el motor, quedando esos contenedores sometidos a altas temperaturas hasta de 50 grados, y ante la imposibilidad de reparar la motonave, los residuos fueron devueltos al patio del hospital, presentándose una acumulación aproximada de seis toneladas, en un contenedor que se encuentra totalmente rebosado y saturado, así como las bodegas de almacenamiento”.

Para el ente de control es urgente que como parte del fallo del pasado 3 de octubre, donde el Tribunal acogió una acción popular de la Procuraduría y ordenó la protección de los derechos colectivos de los residentes en la isla; se le solicite al operador del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital iniciar de manera inmediata la operación del equipo desactivador de residuos hospitalarios, que cuenta con las licencias ambientales y la capacidad para desactivar los residuos hospitalarios peligrosos generados en todo el archipiélago.

El Ministerio Público también solicitó vincular a la gobernación para que a través de la Secretaría de Salud supervise la desinfección de todas las zonas donde se encuentran acumulados los residuos hospitalarios, así como el traslado en condiciones seguras de los acumulados en la Isla de Providencia, centros de salud y pequeños generadores como clínicas, laboratorios y consultorios.

Por último, pidió que a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina se le ordene que de manera oportuna evalúe, controle y haga seguimiento ambiental a las actividades que implican la emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro la vida, o incluso, el desarrollo de los recursos naturales renovables.

Para la Procuraduría, “la situación actual amerita la intervención del juez de los derechos colectivos ante la gravedad y magnitud de esta problemática, la cual se agudiza día a día (…) Todo lo anterior demuestra que las personas en la Isla de San Andrés están expuestas a un altísimo riego de sufrir graves lesiones en su salud y vida”.

 

Bogotá Colprensa

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