Las cifras de desplazamiento y despojo que están en el despacho de la JEP

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Entre enero y agosto de este año, se registró el desplazamiento forzado de 173.202 personas en Norte de Santander. Así lo dejó en evidencia la Fundación Forjando Futuros, que opera desde 2005 y le entregó tal informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que será la encargada de verificar las cifras y hallar responsables en los hechos. 

A juicio de la fundación, la década de los 80 fue donde más se registró vulneración a los Derechos Humanos en la región del Catatumbo (Norte de Santander), esto producto de las incursiones armadas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy extintas por el acuerdo con el Gobierno Nacional. 

Sin embargo, las cifras reveladas no escapan a una realidad que a juicio de la fundación sigue ocurriendo, por ejemplo, en Norte de Santander en el municipio de Convención entre enero y agosto de este año ha tenido 21.173 desplazamientos forzados, en el municipio de El Carmen tienen como registro en la misma fecha, 10.470 desplazamientos, en El Tarra 22.902 reportes en La Playa 8.057 y en Ocaña 12.999 desplazamientos. 

Estas cifras hoy día se encuentran en manos de la Jep, luego de que la fundación hiciera entrega formal de dos informes, uno que concentra la vulneración de los Derechos Humanos en más de 10 departamentos del país, y el segundo que contiene información sobre algunas empresas que tienen orden expresa de la jurisdicción especial de tierras de realizar sustitución a cientos de campesinos que fueron despojados de sus predios producto del conflicto armado. 

Otro reporte de la fundación que basa sus cifras en las obtenidas por la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), da cuenta que tres municipios del Cauca, tienen cifras altas en razón al desplazamiento, por ejemplo, el informe dice que López de Micay, uno de los municipios de la costa pacífica, tuvo 21.360 desplazamientos forzados, seguido de Guapi con 17.955 reportes y Piamonte con 8.974. 

Lo que llama la atención de la fundación es que en ninguno de los casos de desplazamiento hay investigaciones abiertas, considerando que los sucesos ocurrieron entre enero y septiembre de este año. 

Por otro lado, el documento también dejó en evidencia que el Valle del Cauca ha sido por años un sector estratégico para el desarrollo y consolidación del conflicto armado, al encontrarse ubicado entre la cordillera central y occidental, lo que permite una mayor facilidad de movimiento entre departamentos como el Tolima, Huila y Cauca, siendo a su vez lugar estratégico para el movimiento de armas y de drogas. 

La JEP no solo tiene en su poder las cifras reveladas por la fundación sino también pistas de quienes estuvieron tras los desplazamientos y actos que fueron producto del conflicto armado, por ejemplo, la fundación atribuye el abandono forzado en el Valle del Cauca a la incursión armada del bloque 6 y 30 de las FARC, al mando de alias ‘Richard’ y alias ‘Mincho’, quienes tenían vínculos con el narcotráfico, producían y traficaban con cocaína y marihuana, mutando a las emergentes bandas criminales como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’. 

Si bien la fundación basa su análisis en las múltiples sentencias que a su juicio se han registrado, pues las cifras de la UARIV no escapan de la realidad en ese departamento. Durante este año, entre enero y septiembre, se reportaron 182.823 desplazamientos forzados en Buenaventura, seguido Cali con 21.252 reportes, 24.418 en Dagua y al menos 12.030 en Buga y 8.087 en Tuluá. 

Otro de los departamentos que padeció el conflicto es Antioquia, que hoy día cuenta con 17.175 desplazamientos forzados en Yondó, 7.172 en Puerto Berrio y 2.472 en Puerto Nare. Según la fundación hasta la fecha este último municipio no cuenta con ningún fallo en el tema de restitución de tierras, pese a que existen 33 solicitudes de predios ubicados en el municipio. 

En cuanto al departamento de Bolívar, la fundación data que el municipio de San Pablo cuenta con un registro de 40.485 personas reportadas en la UARIV como desplazadas, sin embargo, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de restitución de tierras, pese a que existen 235 solicitudes de predios ubicados en el municipio. 

En Cantagallo 13.488 personas fueron desplazadas y en la actualidad tampoco hay fallo alguno sobre la restitución de tierras de los mismos, esto pese a que existen 106 solicitudes de predios ubicados en el municipio, según el informe. 

Sobre los departamentos de Magdalena y Cesar, la fundación anunció que hasta la mitad de los años 90 las Farc y el ELN tenían el dominio territorial de la zona, hasta que los grupos paramilitares ingresaron a la zona, organizados en las Autodefensas Campesinas de Urabá y Córdoba (ACCU) bajo el liderazgo de alias ‘Jorge 40’, quien estableció el poder económico, militar y político, dominando la economía de cultivos ilícitos, los monocultivos de palma, la ganadería y la extracción de hidrocarburos. 

En ese entonces, los paramilitares perpetraron actos en contra de la población civil que llevó a un abandono forzado masivo en la zona, sin embargo, a esta fecha lo que preocupa a Forjando Futuros es que ese desidio continúa, por ejemplo en Agustín Codazzi en el departamento de Cesar, se han registrado 46.360 desplazamientos forzados. Pese a que estos hechos ocurrieron durante este año, la fundación cuenta que en épocas anteriores las acciones del Ejército Nacional obligaron a los campesinos abandonar sus predios. 

“Los hostigamientos, bombardeos y la presión que ejercían algunos miembros del ejército al solicitar información sobre los grupos guerrilleros llevaron a los campesinos abandonar sus predios”, dice el documento mientras señalan que fueron hechos ocurridos durante el 2000. 

El informe da cuenta que los despojos de tierras en esa zona del país se dio de dos maneras, “la primera, es un despojo jurídico donde personas vestidas se acercaban a ciertos campesinos, ordenándoles vender sus predios a representantes de empresas. La segunda, es un despojo material donde jefes paramilitares de las ACCU ordenan a los parceleros abandonar sus predios”. 

Si bien estas acciones no continúan tan latentes, la fundación solicita a la JEP tener en cuenta cada uno de los reportes, pues “la esperanza de los colombianos está en este tribunal”. 

COLPRENSA.

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