Mototaxismo: ´amenaza´ para los alcaldes

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El mototaxismo corresponde a un fenómeno social, donde la dinámica de las ciudades hace que la gente cada vez disponga de menos tiempo y tenga que recurrir a alternativas distintas del transporte urbano para cumplir sus compromisos.

La proliferación de este servicio ilegal cobra fuerza en las capitales de Colombia, incluso ya hay una  aplicación móvil en 13 ciudades

 

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrirle una indagación preliminar al alcalde de San Juan de Pasto, Pedro Vicente Obando, por “presuntas irregularidades en el control del mototaxismo” en esa capital, abre las puertas para que se inicien procesos similares en prácticamente todas las ciudades del país donde este servicio ilegal tiene cada día más fuerza.

Santa Marta, una de las ciudades ´pioneras´ en el ejercicio del mototaxismo ha sufrido como ninguna otra este fenómeno social. La capital del Magdalena llegó a tener a comienzos del presente Siglo, más de 70 mil mototaxistas. El transporte ilegal en esta modalidad tuvo su pico más alto en la década del 2000 a 2010. Una serie de medidas adoptadas por el Distrito fue desestimulando paulatinamente esta actividad.

Sin embargo, el mayor desestimulo al mototaxismo se produjo en la administración del entonces alcalde Carlos Caicedo, quien en una audaz decisión con un alto costo político, decretó la prohibición del parrillero-hombre. A partir de esa determinación, el mototaxismo sufrió una considerable baja.    

Es claro que el mototaxismo corresponde a un fenómeno social, donde la dinámica de las grandes ciudades hace que la gente cada vez disponga de menos tiempo y tenga que recurrir a alternativas distintas del transporte urbano para cumplir sus compromisos.

 “Eso hace que proliferen las motos. Esto tiene que ver con la cultura, con la falta de oportunidades, pero el problema se agrava cuando la gente no usa la moto como transporte personal sino como negocio, sin las condiciones de legalidad y seguridad a los usuarios”, considera Gilberto Toro Giraldo, al referirse a la situación en Pasto “que es la misma en casi todas las ciudades del país”.

Según la Procuraduría, lo que se busca con esta decisión de primera instancia es determinar “la existencia o no de falta disciplinaria por parte del Alcalde (de Pasto), en la presunta omisión de sus deberes al no adelantar acciones que controlen y sancionen la práctica de transporte ilegal en motos”.

Solo en esa ciudad, ante la Secretaría de Tránsito local hay registradas al menos 180.000 motocicletas de las cuales se estima que unas 20.000 están dedicadas al mototaxismo, actividad de la que cerca de 5 mil familias derivan su sustento diario.

En Pasto, como en las demás ciudades del país, la queja recurrente es de los taxistas, al igual que de plataformas tecnológicas como Uber, con argumentos como que es ilegal y los está quebrando, pues ofrecen tarifas más económicas.

SIN REGLAMENTACIÓN

Y es que en los últimos años han sido varios los proyectos de ley que han naufragado en el Congreso de la República con los que se ha buscado reglamentar la prestación de este servicio, hasta ahora ilegal.

El último intento lo hicieron el año pasado los senadores del Centro Democrático, Fernando Araújo, Daniel Cabrales y Jaime Amín.

El propósito era la creación es estímulos laborales para esta franja de población mediante emprendimientos empresariales y la formación técnica y tecnológica en otros campos. Sin embargo, ese proyecto, al igual que los anteriores, naufragó.

“EL GOBIERNO NO NOS OYE”

En los últimos meses, otra de las preocupaciones del sector formal del transporte urbano y de taxis en el país es la aparición de la aplicación virtual Picap, que funciona de manera similar a la de Uber, y presta servicios domiciliarios de transporte en motocicleta y a precios más económicos.

María Fernanda Rojas, vocera de la nueva aplicación, dice que desde hace ya varios meses se ha intentado dialogar con el Gobierno para encontrarle una salida a esta problemática, pero no ha sido posible.

Picap, dice Rojas, “es un servicio no reglamentado, pero la aplicación que tenemos sí es legal, el Ministerio de las TIC nos respalda”.

Esta nueva aplicación hace presencia en 13 de las principales ciudades del país, y ya cuenta con 43.000 motociclistas afiliados y sus promotores aseguran que cumplen con todas las garantías de seguridad.

Rojas agrega que al usar esta aplicación “se sabe que es un servicio seguro y que el conductor es conocido”, que cuenta con licencia de tránsito y tarjeta de propiedad del vehículo, y que el vehículo tiene seguro y revisión técnico-mecánica.

“Por eso nos parece lamentable que el Ministerio de Transporte no quiera escucharnos. Estamos dispuestos a cumplir todos los requerimientos que nos exijan”, insiste.

MINSTRANSPORTE NO APOYA

Frente a la situación del mototaxismo, el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, aclara que esa cartera no ha expedido ninguna reglamentación para el servicio de motaxismo y que en el Ministerio no hay registros de empresas que hayan solicitado inscribirse como prestadores de esa modalidad, por tanto en este momento es ilegal.

El viceministro Ostos aclara que el tema del mototaxismo es del resorte de los alcaldes y sus autoridades de tránsito.

 “En realidad este es un problema social que desemboca en un problema de transporte y por eso hay que abordarlo de manera integral: existe una demanda insatisfecha de la ciudadanía frente al servicio de transporte, y hay muchos ciudadanos que se ven obligados tomar este servicio ilegal”, afirma el funcionario.

Ostos recuerda que el tema tiene varias aristas, y por lo mismo hay que entenderlo también como un problema de salud pública.

 “Cada año mueren alrededor de 3.500 personas en siniestros con motocicletas, una cifra más alta que la violencia armada, sin contar los 40.000 colombianos que al año se ven afectados por limitaciones físicas producto de accidentes de tránsito con motos, y lo peor, en edad productiva: entre 20 y 40 años. Esto es verdaderamente una problemática de salud pública”, asegura.

Por ello, desde hace varios meses el Ministerio de Transporte inició un plan piloto en 35 ciudades del país en el que participan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía.

La idea en analizar la problemática del mototaxismo para diseñar un protocolo que será puesto en marca de manera permanente a partir del año entrante en todo el país.

Hasta el momento los controles dejan cerca de 17.000 comparendos por diferentes infracciones, o por prestar el servicio ilegal de transporte. Se han inmovilizado más de 500 motos en todo el país.

 “Nosotros”, concluye el Viceministro de Transporte, “defendemos el transporte formal, e invitamos a los colombianos a que lo utilicen; el servicio ilegal no tiene cómo responder en caso de accidentes, no tiene seguros contractuales, ni pólizas. Y sobre todo, el servicio legal protege a unas familias que han hecho millonarias inversiones, generan empleo y pagan impuestos”.

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