´Desbaratada´ red Israelí dedicada a la explotación sexual de menores

El fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira dijo que la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dijin – Interpol, permitió detectar a cada uno de los presuntos integrantes de esta estructura internacional que vendía planes turísticos para conocer a Santa Marta, entre otras ciudades´.

El Hotel Benjamín de Taganga, a extinción de dominicio.

 

Una estructura criminal conformada por 14 ciudadanos israelíes y dos colombianos, que sería una de las responsables de las actividades de proxenetismo y explotación sexual en Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá, fue desmantelada por la Fiscalía y la Policía.

La crueldad de una práctica criminal que ha sacado provecho ilícito de las necesidades económicas y la ingenuidad de las niñas y adolescentes, volvió a quedar en evidencia con la identificación y ubicación de la red conformada que contactaba a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente con fines comerciales y someterlas a vejámenes.

La capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dijin – Interpol, permitió detectar a cada uno de los presuntos integrantes de esta estructura internacional que vendía planes turísticos para conocer Medellín, Cartagena, Santa Marta y Bogotá, que lejos de promocionar los atractivos culturales e históricos en estas ciudades ofrecía innumerables actividades de tipo sexual con menores de edad.

De acuerdo con fuentes judiciales, los elementos de prueba dan cuenta que los paquetes eran promocionados exclusivamente entre nacionales de Israel, la mayoría empresarios y hombres que terminaban su servicio militar obligatorio en ese país. A su llegada a Colombia, los extranjeros cumplían tours en hoteles, hostales, fincas y yates, asistían a fiestas privadas de música electrónicas y diversos escenarios en los que primaba la esclavitud sexual de menores de edad, jóvenes y mujeres, y el consumo de licor y droga.

LAS CAPTURAS

El andamiaje ilegal de esta estructura de proxenetismo fue descifrado luego de dos años de indagaciones, en los que fueron recibidos 21 testimonios de víctimas y realizadas 45 actividades de campo, algo más de 20 inspecciones judiciales, búsquedas selectivas en bases de datos y controles técnicos a las comunicaciones de los ciudadanos israelíes, entre otro centenar de técnicas avaladas judicialmente.

Con el material probatorio, la Fiscalía obtuvo 16 órdenes de captura, 7 se hicieron efectivas en diligencias simultáneas realizadas en las ciudades mencionadas anteriormente.

Cinco de los detenidos son israelíes, entre ellos uno de los señalados cabecillas, Mor Zohar; y dos colombianos, uno de ellos es un policía que, presuntamente, entregó información privilegiada de los operativos.

Adicionalmente, fueron realizadas diligencias de registro y allanamientos a varios de los bienes que figuran a nombre de los presuntos proxenetas como el balneario Benjamín, en Taganga (Santa Marta); un inmueble conocido como Hotel Casa Medellín, ubicado en la capital antioqueña; y el hostal Casa Iftach, en Bogotá. Las mencionadas propiedades habrían servido de hospedaje exclusivamente a turistas israelíes y sus administradores, al parecer, auspiciaron la explotación sexual de niñas y adolescentes, y el consumo de estupefacientes.

ASÍ LLEGARON A LA ORGANIZACIÓN

La investigación que permitió detectar esta forma de esclavitud de niñas y adolescentes, y dar con sus responsables, comenzó el 15 de junio de 2016. Ese día, en el barrio Simón Bolívar de Medellín, fue asesinado el ciudadano Israelí Shay Azran, y las primeras versiones indicaron que el crimen habría sido ordenado por otro israelí y estaba relacionado con diferencias económicas por la venta de algunos apartamentos en la ciudad.

La Fiscalía y la Dijin – Interpol establecieron que el presunto determinador del asesinato era un hombre identificado como Assi Moosh Ben Mush, quien según los reportes migratorios registraba ingresos a Colombia desde 2009. Este exmilitar fue capturado en Holanda por tráfico de estupefacientes en 2003 y tiene varios procesos en Israel por narcotráfico y trata de personas.

Según fuentes judiciales consultadas por este diario, con esa información se hizo un rastreo de las actividades del extranjero y se descubrió que era el propietario del hostal Casa Benjamín y que tendría participación en otros alojamiento en Cartagena; también se constató que sería uno de los coordinadores de los planes turísticos con fines sexuales, organizador de polémicas fiestas electrónicas convocadas por redes sociales y presunto cabecilla de la red de israelíes.

En noviembre de 2017, Assi Moosh Ben Mush fue expulsado de Colombia por realizar encuentros masivos sexuales con drogas y alcohol, en Casa Benjamín; sin embargo, su actuar ya estaba al descubierto, al igual que sus principales cómplices, colaboradores y maniobras ilícitas para lucrarse.

En las investigaciones, las autoridades conocieron que el máximo cabecilla de esta red de proxenetismo sería Benyamin Mush, también israelí, quien ha ingresado esporádicamente al país para supervisar el negocio ilícito y recibir cuentas de sus socios Assi Moosh Ben Mush, Itay Senior y Mor Zohar. Hay evidencia e sus movimientos a países de Centroamérica y Suramérica en los que tendría estructuras de explotación sexual, trata de personas y venta de estupefacientes similares a la que constituyó en Colombia, por lo que Interpol lo declaró objetivo de alto valor.

El esquema criminal constituido en ciudades como Santa Marta, Medellín y Cartagena tenía una apariencia de legalidad, porque en el papel los supuestos integrantes de la organización creaban empresas de turismo, montaban establecimientos comerciales como hoteles, hostales y balnearios, y registraban gran parte de sus actividades comerciales.

Aparte de esa fachada que empezó a ser diseñada hace seis años, los presuntos proxenetas ubicaban niñas y adolescentes en etapa escolar, con dificultades económicas o problemas de descomposición familiar para reclutarlas e inducirlas a la explotación sexual comercial. Paralelamente, organizaban encuentros masivos sexuales, fiestas electrónicas y otros actos privados en los que eran sometidas las menores víctimas, en medio del consumo de estupefacientes.

Los testimonios obtenidos revelaron que las menores de edad recibían entre 200 mil y 400 mil pesos por soportar los vejámenes de los turistas israelíes y eran obligadas a hacer parte de un grupo en WhatsApp al que llamaban “Purim”, nombre que recibe una festividad judía. Ese canal de contacto era creado en cada ciudad por los cabecillas de la estructura y servía de mecanismo de presión e intimidación, y para convocar a niñas y adolescentes a fincas y hoteles frecuentados por turistas israelíes.

La Fiscalía y la Dijin – Interpol establecieron que las rentas ilegales obtenidas de la explotación sexual comercial eran invertidas en sociedades y compra de inmuebles, por lo que se configuraría una continua operación de lavado de activos en la que se buscaba dar visos de legalidad a los dineros producto de una conducta criminal.

Precisamente, en las indagaciones, las autoridades constataron el inusitado incremento patrimonial de los señalados integrantes de la red de proxenetas que, en casi seis años, aumentaron sus ganancias en 7 mil millones de pesos sin justificación ni soporte alguno. Por ejemplo: la acelerada evolución económica de Assi Ben Mush entre 2011 y 2017. Pasó de 379 millones de pesos de ingreso promedio anual a 3.400 millones de pesos.

LOS DELITOS POR LOS QUE RESPONDERÁN

Los siete capturados en la denominada operación Sodoma serán presentados ante un juez de control de garantías en Medellín (Antioquia) y la fiscal de conocimiento les imputará cargos por algunos de los 14 delitos identificados, entre ellos: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, estímulo a la prostitución de menores, turismo sexual, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Contra los demás ciudadanos israelíes que harían parte de la red se mantendrán las órdenes de captura y la alerta internación para su ubicación y captura.

Así mismo, al tiempo que son identificados y capturados sus presuntos integrantes, fueron impuestas medidas cautelares con fines de extinción de dominio a tres bienes avaluados en más de 60 mil millones de pesos.

Las propiedades detectadas, que fueron mencionadas anteriormente, harían parte de las finanzas de la estructura criminal denominada Benjamín que tenía injerencia en Magdalena, Bolívar y Antioquia y quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En otra actividad judicial fueron identificaron varios bienes que habrían sido complacientes con las actividades de las redes de explotación sexual de niñas y adolescentes, y la trata de personas con fines de esclavitud sexual en Cartagena (Bolívar).

En ese sentido, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, con fines de extinción de dominio, a cuatro hoteles y una sociedad, ubicados en el centro histórico de Cartagena y cuyo valor comercial superaría los 84 mil millones de pesos.

Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias cumplidas este fin de semana, entre ellos los hoteles Sol de Mar, Mar Azul y Moroel. De acuerdo con el material probatorio recaudado, los administradores de estos sitios permitieron el ingreso de turistas con menores de edad y habrían auspiciado prácticas sexuales delictivas en sus establecimientos.

Otra de las propiedades ocupadas, de razón social The Epica House, sería uno de los puntos más frecuentados por Liliana del Carmen Campos Puello, alias la Madame, y en el que supuestamente se realizaban encuentros sexuales masivos con mujeres y se vendía estupefacientes indiscriminadamente.

Los procedimientos corresponden a una nueva fase de la Operación Vesta, en la que han sido capturadas 18 personas, entre nacionales y extranjeros, y desarticuladas varias estructuras de proxenetismo y depredación sexual, que dejan algo más de 250 víctimas entre mujeres, niñas y adolescentes de Cartagena.

Los bienes con medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).